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La participación de las víctimas en la aplicación de la Ley 1448

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Finalmente será puesto en funcionamiento un Espacio Nacional Transitorio de las víctimas durante los días 30 y 31 de agosto del presente año. El hecho de que finalmente se ponga en marcha mediante un mecanismo transitorio la participación de las víctimas es una buena noticia, en medio de la crisis política desatada en el seno del alto gobierno. Esta crisis política declarada tras la solicitud de renuncia que hizo el presidente, Juan Manuel Santos, a todo su gabinete ministerial está motivada en diversos  problemas que afronta el gobierno nacional por bajos niveles de ejecución de sus políticas, por el agotamiento de otras políticas aquejadas por ilegitimidad o por que no responden a los problemas que afronta la sociedad colombiana (salud, educación, generación de ingresos) y también por la indefinición del gobierno que no sabe a ciencia cierta qué es lo que quiere hacer efectivamente (paz y negociación del conflicto) o la lentitud con la que marchan otras políticas como por ejemplo, la aplicación de la ley de víctimas. Esta última afirmación se puede deducir fácilmente de la lectura del informe que esta semana, el día miércoles, entregaron conjuntamente la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

De la lectura de este informe se deduce que la marcha de la ley es lenta por diversas razones. Algunas son de carácter institucional y se refiere a las dificultades propias de una ley que generó en parte una nueva institucionalidad como la creación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; la creación de organismos de justicia que tendrán que resolver las demandas por la restitución de tierras; la puesta en marcha de un nuevo sistema integrado de información, en fin, por las dificultades propias de una institucionalidad extremadamente formalista y burocrática. Pero también por errores en el diseño de la política o falta de celeridad y priorización al momento de poner en marcha los nuevos instrumentos. Es bueno para la marcha de la ley que los organismos encargados por la misma de hacer un monitoreo sobre su aplicación  hayan presentado un informe  que a todas luces indica que hay que corregir y acelerar la puesta en marcha de la ley.

Uno de los problemas centrales como lo indica el informe de los organismos encargados del monitoreo de la ley tiene que ver con la lentitud y el deficiente diseño institucional de un instrumento llamado no solo a aportar legitimidad a una ley cuyo universo poblacional es de más de 5.5 millones de víctimas que existen en el  país, nos referimos a los mecanismos de participación de las víctimas en la aplicación del conjunto de la ley.

Desde el comienzo el informe es crítico con la lentitud para la puesta en marcha de los mecanismos institucionales de participación de las víctimas contemplados en la ley. No existe oficialmente la Comisión de Seguimiento y Monitoreo puesto que aún no se constituye la Mesa Nacional de Víctimas contemplada en la ley que debería elegir a tres representantes de las víctimas para integrarla y por tanto “este es un primer llamado -dice el informe- al Congreso de la República como al Gobierno mismo, para que se adelanten las acciones correspondientes para suplir esta deficiencia”.

El informe señala que “sin participación real y efectiva de las víctimas, no se puede avanzar en el establecimiento del enfoque diferencial establecido en la política y no se puede garantizar un efectivo control fiscal (puesto que no existiría el componente participativo del mismo).  El control social de la política pública de atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia es vital para conseguir el goce efectivo de sus derechos, objetivo último de la ley 1448 de 2011”.  El informe señala varias deficiencias en las cuales a nuestro juicio tiene razón como por ejemplo que la reglamentación de la participación definida en la ley misma adolece de muchas deficiencias, que nosotros mismos hemos señalado como por ejemplo que no estableció claramente la forma y representación para la conformación de las mesas municipales, departamentales y la mesa nacional misma como tampoco resolvió cómo integrar de manera eficaz al conjunto de los tipos de victimización para que se aplicara el principio de inclusión, todo ello no podrá ser superado sin la expedición del Protocolo de Participación contemplado en la misma ley y que debe ser concertado con las víctimas. Al mismo tiempo también tiene razón el informe cuando señala que no se tuvo en cuenta la experiencia acumulada de errores y aciertos de la participación de las Organizaciones de la Población Desplazada, de la falta de voluntad política o la ignorancia de los gobernantes departamentales y municipales, de los organismos de control, en fin, de un sinnúmero de problemas que ya han sido identificados por la propia Corte Constitucional en el proceso de seguimiento a la aplicación de la Sentencia T025 del año 2004. También en eso tienen razón así como en el señalamiento que la participación para que sea efectiva tiene que estar rodeada de garantías y condiciones materiales para que realmente sea llevada a la práctica.

En donde a nuestro juicio no tienen razón en su informe los organismos de control, es en la crítica que hacen a la circular 04 de 2012 que crea un sistema transitorio que permita poner en marcha el sistema de participación contemplado en la ley. Este mecanismo transitorio no busca vulnerar derechos ni crear un sistema paralelo lo que busca es resolver el problema de la puesta en marcha de la política de participación dadas las incongruencias de la reglamentación de le ley que el propio informe de los organismos de control destaca y reconoce. Como mecanismo transitorio lo que busca es resolver el problema central que el mismo informe destaca y es que se avanza en la reglamentación y aplicación de la ley como por ejemplo se aprueba un Documento Conpes, se adopta un plan de acción nacional, se adoptan planes de acción departamentales, distritales y municipales sin la participación de las víctimas lo cual vulnera sus derechos y es contradictorio por decir lo menos con lo contemplado en la ley 1448 misma.

La puesta en marcha de la participación

Como ya se indicó el proceso para poner en marcha la participación de las víctimas ha adolecido de múltiples problemas. La reglamentación por ejemplo no tomo debida nota que a partir del primero de enero del presente año habría nuevas administraciones ni tampoco que los personeros nuevos solo se posesionarían el primero de marzo y acordó un cronograma totalmente desfasado en el tiempo por lo cual los problemas de por sí complejos se terminaron de enredar. A ello hay que agregar la falta de información nacional sobre la ley, la ausencia de una amplia difusión y de una pedagogía adecuada de la misma así como la ausencia de bases de información sobre las organizaciones de las víctimas así como la debilidad manifiesta de éstas organizaciones aún de las organizaciones de la población desplazada que son las más numerosas pero que padecen de fragmentación, particularismo, ausencia de democracia interna, para mencionar sólo los problemas más protuberantes agravados por su estigmatización y por la falta de condiciones materiales para su fortalecimiento.

Aún con todos estos problemas se tiene claro que se han inscrito en este proceso más de 700 organizaciones entre organizaciones de víctimas y de acompañantes de las  víctimas en todo el país. Hasta la semana pasada se había instalado 11 mesas departamentales y se esperaba información sobre otros 10 departamentos en que se pensaba que se instalarían el fin de semana anterior para completar un número de 21 mesas departamentales. En el proceso de organización de los espacios transitorios se habían inscrito directamente en la Defensoría del Pueblo tres organizaciones nacionales para proponer sus candidaturas para la integración del espacio nacional; seis organizaciones nacionales de defensoras de las víctimas; cuatro organizaciones nacionales de mujeres y en el proceso previo de inscripción a la circular 04 de 2012 se habían inscrito nueve organizaciones nacionales que no especificaron su naturaleza, es decir, si son organizaciones de víctimas o son organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.

El mecanismo de la Mesa Nacional Transitoria será muy importante al menos por tres razones (1) porque podrán acceder a los espacios que  le ley les reconoció  como poder contar con dos delegados invitados en el máximo organismos rector de la ley que es el Comité Ejecutivo para la atención y reparación de las víctimas; nombrar dos representantes en el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Espacial de Gestión de Restitución de Tierras; nombrar dos representantes a todos los comités de justicia transicional creados en las entidades territoriales; nombrar tres representantes de las víctimas en la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la ley y nombrar dos representantes en el Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica. (2) porque podrán participar en el proceso de elaboración democrática del Protocolo de Participación que podrá ser discutido en todo el país en las mesas municipales, departamentales y en la mesa nacional transitoria y (3) porque podrán discutir y proponer sus iniciativas en las políticas públicas municipales, distritales y nacionales al tiempo que podrán discutir los planes de acción y los documentos que traten de políticas que los involucren como víctimas por ejemplo los criterios para la asignación y adjudicación de 40 mil viviendas como mínimo que deberán destinarse a la población desplazada de las llamadas cien mil viviendas gratis que ha anunciado el Gobierno.

Es por ello que la puesta en marcha del mecanismo transitorio es importante y quizás lo más significativo que se pueda fortalecer el proceso organizativo de las víctimas para que la mayoría de ellas que no está organizada pueda crear sus propias organizaciones o fortalecer a las ya existentes. Éste es el reto y la importancia del mecanismo que se instalará el próximo jueves 30 de agosto en la ciudad de Bogotá.

Edición N° 00317 – Semana del 24 al 30 de Agosto de 2012
 
 
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