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Un imperativo ético: no reelegir al procurador Ordóñez Maldonado

  José Hilario López Rincón
  Abogado Corporación por la Dignidad Humana
   
 

Al mejor estilo uribista, Alejandro Ordóñez Maldonado, hace varios meses adelanta campaña para quedarse otros cuatro años al frente de la Procuraduría General de la Nación.

En las próximas semanas, se deberá conformar la terna de la cual el Senado elegirá al “representante de la sociedad” para el cuatrienio 2013-2016. Según el artículo 276 de la Constitución Política, la responsabilidad de integrar el trío de candidatos recae en el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Desde comienzo de año, Ordóñez Maldonado, manifestó su vocación reeleccionista, aprovechando que la Constitución nada dice sobre prohibición de reelegir al supremo director del Ministerio Público, como si prohíbe la reelección del Fiscal General de la Nación – artículo 249 -, o de los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado – artículo 233 -.

El Procurador candidato tiene la ventaja, que no hay necesidad de cambiar ningún articulito. A su favor, sopla la suave brisa de la cálida nómina burocrática, de la entidad que dirige pero no representa.  Y como si fuera poco, maneja el poder subrepticio de la prebenda o el castigo contra sus electores.

Según el portal de La Silla Vacía, Ordóñez Maldonado ha realizado nombramientos de procuradores provinciales, muchos de los cuales tienen alguna referencia o son cuota de algunos Senadores, es decir de sus votantes.

Además de los anteriores cuestionamientos, Ordóñez Maldonado, fue uno de los Magistrados del Consejo de Estado que en 2005, revocó la sanción que la Procuraduría le impuso en 2003, al coronel Mauricio Santoyo, por realizar interceptaciones ilegales contra activistas de derechos humanos en la ciudad de Medellín, en su época de director del Gaula Antioquia. Como se sabe, el confeso paracoronel Santoyo, quien fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, hoy está detenido en los Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con los paramilitares.

Ordoñez Maldonado emitió un concepto, no jurídico sino político, favorable al referendo que pretendía una segunda reelección de su aliado político, Uribe Vélez.

Ordoñez Maldonado no se ha caracterizado por cumplir cabalmente las funciones que le fija el artículo 277 de la Constitución Política, por el contrario ha abusado de su investidura:

Violenta la Constitución, cuando desacata las decisiones de la Corte Constitucional, en relación por ejemplo, con el aborto en casos de violación, malformación del feto o riesgo de muerte para la madre.

Violenta la Constitución al no vigilar que el gobierno implemente acciones pedagógicas sobre derechos sexuales de la mujer y de interrumpir su embarazo en las circunstancias que determinó la Corte Constitucional.

No defiende los intereses de la sociedad, en tanto pretende imponer sus personales creencias religiosas y sus decisiones como funcionario se basan en aquellas. Con ello violenta la Constitución que ampara la pluralidad, la diversidad cultural, la libertad religiosa, filosófica y de conciencia.

Si bien Ordóñez Maldonado pregona que la reelección no lo trasnocha, los hechos, es decir las movidas burocráticas, demuestran lo contrario. Al fin y al cabo, como afirma Wittgenstein en su “Tractatus Logico Philosophicus”: “El lenguaje disfraza el pensamiento. Y de tal modo, que por la forma externa del vestido no es posible concluir acerca de la forma del pensamiento disfrazado; porque la forma externa del vestido está construida con un fin completamente distinto que el de permitir reconocer la forma del cuerpo”.

Aceptemos que la Constitución permite reelegir al Procurador General de la Nación. El asunto es: ¿Ordóñez Maldonado debería ser candidatizado por quienes tienen esa responsabilidad? ¿Ordóñez Maldonado debería ser reelegido en el evento de que fuera incluido en la terna?

La posibilidad de reelegir a Ordóñez Maldonado, deja de ser una cuestión simplemente política o jurídica. Estamos frente a un dilema ético que deberán resolver, inicialmente, el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Magistrados del Consejo de Estado. Y eventualmente los Senadores.

Ordóñez Maldonado puede profesar las creencias y tener las convicciones que a bien tenga. Está en todo su derecho, como persona. Pero, lo que no puede hacer, de ninguna manera, es trasladar sus creencias y convicciones del plano personal, individual, íntimo, al plano de lo gubernamental en tanto sea funcionario público.

El grotesco espectáculo que ocurrió hace apenas unas semanas, con la fallida reforma a la justicia, debería incentivar a los dignatarios públicos que tienen la responsabilidad de conformar la terna para Procurador, a que resuelvan el dilema ético, por encima de cualquier componenda política. En un acto de desagravio y justicia para con las mujeres, irrespetadas y perseguidas por Ordóñez Maldonado, el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Magistrados del Consejo de Estado deberían designar sendas mujeres, íntegras y respetuosas de la Constitución, para conformar una terna femenina que represente la sociedad.

Y a quienes tienen la responsabilidad de elegir, con mayor razón, deberían recordar el huracán de indignación que se produjo en el seno de la sociedad colombiana. Y por lo general, un huracán es más poderoso que cualquier suave brisa.

Entretanto, la sociedad colombiana debe pasar a la acción desde ya. No debe esperar a que la brisa de la nómina de la Procuraduría en manos de Ordóñez Maldonado se convierta en huracán.

Edición N° 00317 – Semana del 24 al 30 de Agosto de 2012
 
 
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