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Empezamos a transitar el camino de la paz negociada

  Alejo Vargas Velásquez
  Profesor titular Universidad Nacional,
Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
   
 

La alocución del presidente Santos anunciando formalmente las conversaciones con las FARC bajo tres principios, aprender de los errores del pasado, las conversaciones deben tener como punto de llegada la terminación del conflicto armado y que la Fuerza Pública no dejará de operar en ninguna parte del territorio nacional e igualmente, dejando abierta la posibilidad para que el ELN se vincule a dichas conversaciones, no sólo fue la confirmación de los rumores que se conocían sobre el tema, sino la señal de largada para un nuevo esfuerzo –ojalá el definitivo- por buscar un cierre negociado a este largo conflicto armado interno.

Recordemos que con las FARC este es el cuarto intento formal de conversaciones de paz, después del pionero realizado por el presidente Belisario Betancur en las conversaciones de La Uribe en 1983, el que realizó el presidente César Gaviria con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Caracas y Tlaxcala en 1991- 1992 y el realizado por el presidente Andrés Pastrana en el Caguán en 1999.

Hagamos un ejercicio para sistematizar lo dicho por el Presidente y otras informaciones que se han venido filtrando al respecto.

En relación con las lecciones aprendidas de anteriores esfuerzos de búsqueda de cierre definitivo del conflicto interno armado –no olvidemos, el único Presidente exitoso hasta hoy en este campo fue Virgilio Barco que logró la desmovilización del M-19, el sector mayoritario del EPL, el Quintín Lame y el PRT-, las más relevantes, a nuestro juicio, son:

1) la búsqueda de la paz no se puede convertir –que es también la obtención de seguridad-, en una bandera de disputas partidistas o grupistas, sobre ese propósito nacional, así como el de la seguridad, debe haber unidad nacional;

2) los procesos que han sido exitosos, con negociación al interior del país, han estado acompañados de cese de hostilidades de los grupos irregulares; de otra manera es difícil lograr que la sociedad apoye estos esfuerzos, de por sí complejos;

3) las conversaciones deben adelantarse de manera discreta y alejadas de la tentación de los protagonismos mediáticos –en ese sentido las conversaciones en el exterior son una buena opción-;

4) la Fuerza Pública, a través de sus comandantes, deben estar informados del desarrollo de las conversaciones y su voz y opinión son un factor importante para los negociadores del gobierno –la paz se hace con el acompañamiento de la Fuerza Pública-;

5) la consideración de las víctimas de todos los lados del conflicto, su reparación y conocimiento de la verdad debe ser prioritaria en los procesos de cierre del conflicto interno armado en los tiempos actuales;

6) la participación de la comunidad internacional es inevitable, pero además conveniente, en un mundo globalizado como el actual;  obviamente es el gobierno y la guerrilla quienes definen qué tipo de participación y por parte de qué actores;

7) los acuerdos finales deben tener mecanismos de refrendación democrática por la sociedad –Congreso, Plebiscito, Referendo, Asamblea Constituyente-, para que los mismos tengan la necesaria legitimidad.

En segundo lugar, es básico que el diálogo y las negociaciones tengan un punto claro de llegada, la terminación del conflicto interno armado, lo que comúnmente llamamos la paz; esto significa que en el horizonte del fin de la negociación debe estar clara la desmovilización del grupo insurgente, su dejación de armas y su conversión, casi siempre en un partido político o en un movimiento social, dentro de la legalidad de la democracia. Esto debe ser claro para los miembros del grupo alzado en armas contra el Estado y por supuesto para el Estado mismo, de tal manera que los negociadores y el sentido mismo de la negociación vayan en esa dirección.

Mientras no haya sido acordado un cese al fuego y de las hostilidades, la Fuerza Pública, como lo ordena el mandato constitucional, debe continuar haciendo presencia en todo el territorio nacional y combatiendo todas las expresiones de violencia –incluyendo las de la violencia con motivaciones políticas, como lo es la de la insurgencia-. Sin duda, lo deseable y lo conveniente políticamente es que más temprano que tarde se acuerde un cese total de hostilidades por parte de las organizaciones insurgentes comprometidas en un proceso de negociación con el Estado, porque esto contribuye a crear ambientes de opinión favorables. Sin embargo, la Fuerza Pública no puede cesar su actividad constitucional contra las diferentes modalidades de violencia que se presenten en el territorio nacional, lo cual evidencia la dificultad de un cese de hostilidades con estas organizaciones alzadas en armas, que debe ser unilateral, pero obviamente con reciprocidad por parte de la Fuerza Pública, lo cual plantea un problema complejo como lo es el de la necesaria ubicación temporal de estas organizaciones durante este período de cese de hostilidades y la verificación del mismo.

Ahora bien, es importante que la sociedad civil en su diversidad y pluralidad pueda tener espacios de participación, pero ello no puede significar que vayan a estar presentes en la Mesa de Negociación –allí solamente deben estar los negociadores de las partes y sus asesores-. De hecho creo que hay que cuidarse de ‘congestionar’ la Mesa de Negociación, ni con otras personas distintas a los negociadores, ni con temas de agenda que no son los propios de la agenda acordada por las partes. En esa dirección es fundamental la posibilidad de construir escenarios de diálogo social –tarea para la cual, aparentemente, el presidente Santos acaba de designar a Luis Eduardo Garzón- donde diversos sectores sociales lleven sus inquietudes sobre sus agendas sociales y se puedan discutir y resolver, sin que la Mesa de Negociación se ‘congestione’ con estas demandas sociales, legítimas y a las cuales el Estado debe atender, pero no pertinentes para la Mesa de Negociación.

Uno de los aspectos más positivos que ha tenido el anuncio presidencial de inicio de diálogos con la guerrilla de las FARC, ha sido el apoyo dado por la comunidad internacional al mismo; las más diversas voces, que incluyen desde Estados Unidos o el Secretario General de la ONU, la Unión Europea, la OEA o UNASUR, así como gobiernos amigos, han dado apoyo y estímulo a este esfuerzo que se inicia, lo cual garantiza que el proceso va a contar con un importante acompañamiento internacional; las partes de la negociación definirán que países o entidades pueden cumplir determinadas tareas de apoyo al mismo.

En el ámbito interno, igualmente debemos registrar una amplia mayoría de voces, tanto institucionales como de la sociedad civil, que apoyan esta decisión –las encuestas publicadas lo corroboran, la mayoría de los colombianos apoyan unas conversaciones con la guerrilla en la búsqueda de la paz-; pero, sin duda hay una minoría poderosa, sobretodo predominante en el mundo rural, que se opone a cualquier salida negociada y que es la que representa el ex presidente Uribe y a la cual hay que tratar de persuadir, en lo posible, con los resultados de la negociación.

Debemos saludar y estimular al Gobierno del presidente Santos y a las organizaciones guerrilleras de las FARC y también del ELN –si no lo ha acordado, para que lo haga a la mayor brevedad- por la decisión de iniciar este proceso de conversaciones hacia la paz negociada, pero sobretodo recomendarles no sólo la importancia de actuar con buena fe, sino de tener la prudencia y buen sentido para abordar las dificultades que con seguridad se van a presentar, seguros de que el cierre del conflicto interno armado es uno de los más grandes anhelos de los colombianos.

Los colombianos debemos revestirnos de paciencia, prudencia y no desfallecer en el apoyo a este esfuerzo por cerrar el enfrentamiento armado que tanto daño y dolor le ha causado a toda nuestra sociedad.

Edición N° 00318 – Semana del 31 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012
 
 
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