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Fracasada la opción de la guerra se impone la necesidad de la paz

  Álvaro F. Córdoba Caviedes
  Abogado (Universidad Externado de Colombia), Candidato a Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires (Argentina), Especializado en Ética y Derechos Humanos
(Universidad del Valle)
   
 

El pueblo colombiano está en mora de adelantar una gran movilización ciudadana para asignarle a Álvaro Uribe Vélez y su Gobierno como mínimo, una responsabilidad moral frente al rotundo fracaso de su política de guerra “sin cuartel”, y otros diríamos guerra sin límites éticos y violatoria de las mínimas reglas que milenariamente el denominado derecho de gentes ha establecido con miras a tratar de reducir los graves estragos que toda confrontación armada genera. Lamentablemente tenemos que aspirar a una responsabilidad apenas moral ya que la burla de la denominada Comisión de “absoluciones” de la Cámara de Representantes impediría cualquier posibilidad de avanzar hacia un juzgamiento formal por parte de las autoridades judiciales, concretamente de la Corte Suprema de Justicia. Pero, aún desde esa concepción de guerra sin límites, Uribe Vélez fracasó ya que tampoco así pudo acabar con las guerrillas colombianas existentes (FARC y ELN), cuando había prometido hacerlo en los primeros 4 años de su gobierno. Por otra parte, es necesario precisar que este ex presidente ha sido el único en la historia de Colombia que ha contado con 8 años para lograr siquiera algunos resultados concretos de todo cuanto prometió, y estruendosamente no cumplió. Hoy, en cambio, gran parte de sus colaboradores cercanos o están capturados o enfrentan procesos penales por numerosas conductas delictivas, de las cuales, obviamente el ex presidente “no sabía nada”.

Propiciar una mayoritaria movilización ciudadana en contra del fracaso de la propuesta de guerra total del Gobierno Uribe es una obligación que nos debemos todos los que creemos, con razones fundadas y amparados incluso por la Constitución Política de 1991, que la paz es un mayor valor que la guerra, pero además, no podemos permitir que todo el costo económico y principalmente en vidas humanas de esa “delirante” apología por la muerte, quede impune y sin responsabilidad política alguna. Éste es el momento preciso para pronunciarse frente a esa inmensa corrupción que se viene destapando tras esos 8 años de gobierno, así como frente a los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados y que continúan en la impunidad, por lo menos con respecto a los altos mandos militares o sectores políticos, económicos y aún sociales que los determinaron y permitieron.

Dentro de la actual coyuntura, y aprovechando que precisamente el ya gastado discurso de la guerra contra el terrorismo, y toda esa parafernalia del “huevito de la seguridad” y su oposición a cualquier posibilidad de una negociación de paz con las guerrillas, se ha convertido en el distractor predilecto para evadir las implicaciones y aún responsabilidades del gobierno de Alvaro Uribe frente a todos los escándalos de corrupción y de vinculación de sus más allegados colaboradores con el paramilitarismo, esta movilización ciudadana  constituiría sin duda una manera eficaz de rodear y proteger las nuevas posibilidades en favor de una negociación política del actual conflicto armado interno, originadas a partir del reciente anuncio del actual Presidente de la República Juan Manuel Santos, en el sentido de que hace algún tiempo su Gobierno viene realizando acercamientos en procura de un proceso de paz tanto con el ELN como con las FARC.

Es realmente repudiable la actitud de Uribe Vélez al censurar, o mejor, “satanizar” estas posibilidades para una negociación política, cuando en su gobierno se adelantó, con total descaro, una auténtica negociación judicial con los paramilitares, a quienes rodeó de todo tipo de garantías para evitar que respondieran efectivamente ante la justicia por los crímenes cometidos contra la población civil, so pretexto de un proceso de justicia transicional que 8 años después sólo ha dejado como resultado un esbozo de verdad, el derecho a la justicia burlado, la reparación a las víctimas pignorada, las garantías de no repetición completamente sacrificadas, y sólo dos únicas sentencias condenatorias en firme, respecto a las cuales, las víctimas aún están a la espera de que se cumpla lo que en dichas sentencias se resolvió en su favor. Es más, si no hubiera sido porque la Corte Constitucional de alguna manera recondujo los posibles efectos de la aplicación de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz a través de su Sentencia C-370 de 2006, muy probablemente hoy Mancuso, Báez y compañía, estuvieran ya ocupando una curul en el Congreso de la República; no hay que olvidar que de todas maneras fueron recibidos por dicho cuerpo de la democracia, aplaudidos y casi victoriados por la inmensa fuerza política que hacía parte de dicho Congreso y que había llevado a Uribe a la presidencia. Claro, eso antes de que fueran extraditados como consecuencia no tanto de su reincidencia criminal, como se argumentó, sino porque habían empezado a “hablar”, es decir, a vincular como cercanos colaboradores a muchos políticos afines a ese gobierno.

Ahora bien, esta censura ciudadana para evitar que el promotor de la guerra nos siga llevando por el camino de sus propias venganzas familiares, tendrá autoridad y fortaleza moral, si quienes promovemos la paz como valor y derecho fundamental, y abogamos por la defensa de los derechos humanos, igualmente exigimos el sometimiento irrestricto a la normatividad del derecho internacional humanitario por parte de las guerrillas que sean convocadas a esos diálogos de paz, y denunciamos sin eufemismos los graves crímenes que estas guerrillas vienen perpetrando y que afectan principalmente a la población civil. En ese sentido, personalmente no me seducen declaraciones como la del jefe guerrillero Fabián Ramírez según la cual lo urgente es tratar de acabar la guerra y no sólo de regularla. Es apenas obvio que ese es el objetivo final y más importante, pero viniendo de quien viene, y conociendo ya esa retórica posición de esta guerrilla, no me parece más que una posición hipócrita y oportunista ya que con ella siempre han pretendido simplemente “lavarse las manos” para no asumir sus responsabilidades por los múltiples crímenes de guerra cometidos tras las frecuentes y flagrantes violaciones al derecho internacional humanitario.

Sabemos que en Colombia, lamentablemente el discurso y el trabajo por los derechos humanos continúa altamente ideologizado, a tal punto que desde las diferentes posiciones extremas se denuncian y condenan únicamente los crímenes perpetrados por el actor armado contrario a nuestros intereses o posiciones ideológicas. Por ejemplo, es realmente inaceptable que algunos sectores políticos y sociales, y aún algunas organizaciones que se declaran defensoras de derechos humanos sigan sin condenar el secuestro de civiles por parte de la guerrilla de las FARC y el ELN, o no se pronuncien en contra de hechos realmente perversos como el reciente carro bomba en Vistahermosa (Meta), y más cuando quedó demostrado que en todo momento, los autores de dicho crimen, que apunta sin duda a las FARC, habían determinado sacrificar las vidas de los civiles que ocupaban el taxi para afectar a los integrantes del retén militar al momento de abrir el baúl de dicho vehículo. De la misma manera, es inaceptable que personas como Fernando Londoño Hoyos, no hace más que ocuparse de los crímenes de las guerrillas en su programa de Radio Súper, al igual que Francisco Santos en RCN, y guardan un vergonzoso silencio respecto a los crímenes que siguen perpetrando los grupos paramilitares, esos mismos grupos que supuestamente Uribe y el prófugo Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de Paz, supuestamente habían desmovilizado, pero que ya sabemos todos que esto no fue más que otra de las farsas.

Así mismo, es de esperar como mínimo que todas aquellas personas y organizaciones que durante los últimos 8 años han exigido con vehemencia la garantía y la realización efectiva del derechos de las víctimas, fundamentalmente los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, frente a los procesos adelantados en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y principalmente respecto a los integrantes de los grupos paramilitares, así como también con ocasión de la actual Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras; mantengan la misma exigencia frente a los crímenes perpetrados por los integrantes de las guerrillas que participen en los procesos de negociación con el Estado colombiano. Espero que no ocurra lo mismo que pasó en el fracasado proceso de paz adelantado durante el gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC, en donde muchos de quienes abanderaron con posterioridad los derechos de las víctimas frente a los crímenes de los paramilitares y de agentes estatales, estuvieron sospechosamente pasivos para exigir esos mismos derechos frente a los crímenes de la guerrilla.

Para evitar que tan reprochable comportamiento se vuelva a presentar, es necesario precisar que conforme a la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional aplicable en esta materia, la promoción y la defensa de los derechos de las víctimas, así como su goce efectivo, tienen plena vigencia con relación a todos los crímenes perpetrados y frente a todos los autores de los mismos. Esto implica que las particularidades específicas del sujeto activo de dichos crímenes no pueden, bajo ninguna circunstancia, determinar nuestras reclamaciones por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas respecto a los crímenes perpetrados en su contra. Desde esta misma perspectiva, es de anhelar que ante esta nueva posibilidad de un eventual proceso de paz con las guerrillas, los(as) acostumbrados(as) “expertos(as)” en temas de paz, que siempre para estos momentos empiezan a aparecer, en parte promovidos por insulsos debates que tratan de realizar algunos medios de comunicación, no enarbolen nuevamente la famosa bandera según la cual, la reclamación de los derechos de las víctimas y la exigencia de la justicia frente a los crímenes cometidos constituye una “rigidez” política y jurídica que afecta las posibilidades de lograr la paz y la reconciliación nacional.

Frente a estas posiciones, que muy seguramente se manifestarán, es pertinente enfatizar que no se pretende la judicialización de todas las conductas criminales y mucho menos la imposición de altas condenas penales en contra de quienes sean declarados culpables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, todo lo cual es imposible desde el punto de vista fáctico y aún jurídico en el contexto de negociación política de un conflicto armado como en el caso de Colombia. De lo que se trata es que se tenga voluntad política para esclarecer los crímenes, individualizar a los responsables y asignar las correspondientes imputaciones penales, dejando ya lo estrictamente punitivo a la posibilidad de una concesión de beneficios, que pueden implicar rebajas de penas o incluso suspensión de las condenas. Recordemos que ahora tanto la Ley 975 de 2005, y su segura reforma, así como la Constitución Política, a partir del Acto Legislativo 014/11S-094/11C, conocido como Marco Jurídico para la Paz, establecen dichos beneficios para este tipo de negociaciones y eventuales procesos de paz. Esto significa que las concesiones a los perpetradores de crímenes en el contexto de un proceso de paz se debe restringir a la parte de la punibilidad, o sea, respecto a la pena privativa de la liberta impuesta, la cual puede ser objeto de rebajas o aún de suspensión, pero de ninguna manera, dichas concesiones se pueden hacer extensivas a la obligación estatal de adelantar una efectiva investigación judicial y asignar la responsabilidad penal correspondientes a los autores de los crímenes, como tampoco los puede excluir de su obligación legal y moral de reparar de manera integral a las víctimas, y aún a la sociedad.

Ahora bien, esta posición en favor de la justicia, así como de la reparación de las víctimas, tampoco propone negar la oportunidad para que los integrantes de los grupos guerrilleros que se desmovilicen en el marco de un proceso paz puedan en convertirse en eventuales  candidatos, dentro de un partido político nuevo, o dentro de los partidos existentes, para hacer parte de los cuerpos colegidos (Congreso, Concejos, Asambleas) o participar para alguno de los cargos del orden nacional o territorial de elección popular. En este sentido, estaría de acuerdo con la reciente declaración del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, según la cual es preferible que Timochenko haga parte del Congreso de la República y no continúe cometiendo crímenes en las montañas. No obstante, prefiero afirmar que si bien es mucho mejor que Timochenko no continúe cometiendo hechos de violencia en las montañas, tampoco anhelo verlo como candidato de un partido político ni en el Congreso de la República, pues para ello sería absolutamente necesario determinar que este mismo personaje no sea declarado culpable por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En este caso si las FARC quieren convertirse en un partido político para seguir supuestamente su “lucha” social, bienvenida, pero que los candidatos de ese nuevo partido no sean quienes hayan sido declarados autores de este tipo de crímenes. Se podría, por lo menos ésa es mi postura, ser destinatarios de beneficios punitivos (reducción penas y suspensión de condenas), en caso de que le apuesten honestamente a la paz, pero es necesario que se les imponga esa mínima pena moral y simbólica de que quienes son penalmente declarados culpables de crímenes aberrantes no sean favorecidos con cargos públicos de ninguna índole.

Para fundamentar esta posición, considero oportuno tener presente lo resuelto por el alto tribunal constitucional de Colombia en la Sentencia C-370 de 2006, mediante la cual declaró exequible la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. La Corte Constitucional inicia haciendo un minucioso recuento de la normatividad internacional en materia de protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizando principalmente todo lo relacionado con las obligaciones de los Estados Partes de la Convención Americana en cuanto a la garantía de los derechos humanos a favor de todos sus habitantes, y particularmente respecto a los derechos de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

4.3.1. Los tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario no reconocen específicamente los derechos a la paz, la verdad, la justicia y la reparación, pero sí hacen relación (i) a que debe existir un recurso efectivo; (ii) al deber de los Estados de garantizar el acceso a la justicia; (iii) al deber de investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y (iv) a la obligación de los Estados de cooperar para la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derecho humanos, según pasa a verse: Las obligaciones del Estado relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones de Derechos Humanos encuentran un primer fundamento normativo explícito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, el literal a) del numeral 3º del artículo 2º de dicho Pacto, al respecto señala literalmente que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”. Respecto de esta obligación jurídica general, el Comité de Derechos Humanos, en la Observación General N° 31 de mayo 26 de 2004, señaló lo siguiente: “15. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger eficazmente los derechos reconocidos en el Pacto, los Estados parte deberán garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar esos derechos. Esos recursos se deben adaptar adecuadamente para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas, en particular los niños. El Comité atribuye importancia a que los Estado parte establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer las quejas sobre violaciones de derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa del Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas similares o el efecto de la interpretación de Pacto en la aplicación de la legislación nacional. Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violaciones de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cuenten con las facultades pertinentes pueden coadyuvar a tal fin. El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración del Pacto. La cesación de la violación constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo.”1 (Negrillas por fuera del texto).

En este mismo pronunciamiento la Corte se refiere a su famosa Sentencia C-578 de 2002, que declara la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002, mediante la cual el Estado colombiano aprobó y ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en donde se refirió a varios asuntos de especial relevancia a la hora de establecer y regular mecanismos de justicia transicional. La Corte destacó la importancia del reconocimiento de la responsabilidad penal individual internacional por las graves violaciones de derechos humanos, al señalar que la creación del Tribunal Penal Internacional “marca un hito en la construcción de instituciones internacionales para proteger de manera efectiva el núcleo de derechos mínimos, mediante juicios de responsabilidad penal individual.” Explicó también la importancia ética de hacer efectiva esa responsabilidad penal individual por graves atentados en contra de los derechos humanos, al resaltar que las conductas punibles de competencia de la Corte Penal Internacional “comprenden las violaciones a los parámetros fundamentales de respeto por el ser humano que no pueden ser desconocidos, ni aun en situaciones de conflicto armado internacional o interno, los cuales han sido gradualmente identificados y definidos por la comunidad internacional a lo largo de varios siglos con el fin de superar la barbarie.”2

Una vez hechas las precisiones en torno a las obligaciones internacionales del Estado colombiano respecto a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas, la Corte Constitucional se detuvo a considerar las implicaciones de la citada Ley 975 de 2005 frente a las pretensiones de paz suscitadas con su aprobación. Por lo tanto, la misma Corte reconocía que dicha ley constituye un mecanismo de justicia transicional. En este sentido, recuerda que en Colombia la paz es un valor con reconocimiento constitucional respecto al cual instituciones jurídicas como la amnistía y el indulto son considerados mecanismos adecuados para consolidarla. Sin embargo, en esa misma referencia a la paz, enfatiza las circunstancias y los delitos respecto de los cuales estas figuras jurídicas no son aceptables por implicar la impunidad y el desconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

4.4.1. Por su relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los apartes más relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Entre los asuntos que han sido precisados a través de estas decisiones, sin perjuicio de las decisiones que sean adoptadas por un Estado para alcanzar la paz dentro del respeto a los parámetros constitucionales e internacionales, se encuentran (i) el de la obligación estatal de prevenir los graves atentados contra los derechos humanos, de investigarlos cuando ocurran, procesar y sancionar a los responsables, y lograr la reparación de las víctimas; (ii) el de la incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad, respecto de graves atentados contra los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos; (iii) el del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y la relación de este derecho con la razonabilidad de los plazos dentro de los cuales deben adoptarse las decisiones judiciales; (iv) el de la no suspensión de las obligaciones de los Estados partes de la Convención Americana en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los atentados contra los derechos humanos, mientras se adelantan procesos de paz; (v) el de los aspectos comprendidos en el deber de reparación de los graves atentados contra los derechos humanos; (vi) el de los aspectos involucrados en el derechos de los familiares y de la sociedad en general a conocer la verdad, etc.3

Posteriormente a estas precisiones conceptuales, la propia Corte aplica el método de ponderación para resolver los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad presentada por varias organizaciones de derechos humanos. Lo anterior, con el argumento de que dicha ponderación obedece a la importancia constitucional e internacional de la paz, la justicia y los derechos de las víctimas; y que la tensión entre estos derechos se manifiesta de manera distinta dependiendo de diversos factores, dentro de los cuales se destaca la adopción de instrumentos legislativos y judiciales para promover la transición hacia la paz en un contexto democrático.

Para el Tribunal Constitucional las amnistías o los indultos no son las únicas formas en que el Estado puede limitar la justicia en aras de lograr la paz, toda vez que el Legislativo puede diseñar distintas alternativas como instrumentos para poner fin al conflicto armado; mientras en esas hipótesis no se desconozca la justicia ni se vulneren los derechos de las víctimas. Esto significa que el Legislador puede reducir el alcance del derecho a la justicia en aras de promover otros derechos constitucionales. Por ejemplo, en estas hipótesis la reducción en el alcance del valor y el derecho a la justicia, al configurarse como instrumento para la materialización de la paz, puede a su vez constituir un medio para realizar los derechos de las víctimas a la no repetición -en la medida en que cesa el conflicto armado-;  a la verdad -si quienes se desmovilizan revelan las conductas delictivas cometidas; a la reparación -si en el proceso de desmovilización se consagran reglas que llevan a los desmovilizados a satisfacer ese derecho de las víctimas-. Por esta razón, corresponde al Legislador definir los instrumentos referidos, atendiendo a las características del contexto específico para el cual se establecen.

No obstante, en un Estado constitucional de derecho como el colombiano, la protección mínima de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los Derechos humanos y el derecho internacional humanitario -conforme a las obligaciones internacionales adquiridas- no puede ser desconocida en ninguna circunstancia. En otras palabras, los poderes públicos no están autorizados para desconocer estos derechos en nombre de otro bien o valor constitucional, pues los mismos constituyen el límite al poder de configuración del Congreso, de gestión del gobierno y de interpretación judicial. Se trata de normas constitucionalmente vinculantes para todos los poderes públicos, cuya eficacia no se reduce ni suspende por encontrarse el Estado en tiempos de excepción o en procesos de paz.-4

Edición N° 00318 – Semana del 31 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012

1 Corte Constitucional, “Sentencia C–370 de 2006”, Op. Cit.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

 
 
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