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Los criterios para iniciar un nuevo proceso de paz

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente - Fundación Cultura Democrática
   
 

De manera algo prematura tras insistentes rumores y las pretendidas acusaciones del ex presidente Uribe contra el Gobierno -por iniciar entendimientos con las FARC-, el Presidente Santos hizo público el avance de conversaciones de paz exploratorias con ésta guerrilla. Sin duda se trata de un hecho histórico, aunque sus alcances y resultado están por darse. De inmediato, la coyuntura política cambió, de un escenario de ataque de la extrema derecha liderada por el mismo ex presidente Uribe contra el gobierno para evitar precisamente que iniciara este proceso y presionarlo a persistir en una línea obstinada de guerra, sobrevino un escenario actual de aceptación mayoritaria en la ciudadanía y en las instituciones del inicio de nuevas conversaciones de paz entre el actual gobierno y las guerrillas, de manera que se vive un reacomodo político por tal circunstancia, el gobierno de inmediato retoma de iniciativa y recupera aceptación y respaldo ciudadano –cuando venía en una fase de franco retroceso- y se consigue el inmediato apoyo de la comunidad internacional al nuevo proceso.

El presidente Santos en su breve, pero sustancial comunicación sobre el entendimiento con las FARC señaló tres criterios merecen ser revisados e invitó también al ELN a participar del proceso iniciado, una vez Gabino, el comandante de ésta guerrilla, se había pronunciado demandando diálogo de paz. Así mismo, llamó a la prudencia, la seriedad y la firmeza en el abordaje de los asuntos. Los criterios referidos por el presidente hacen relación a que se deben evaluar los errores de anteriores procesos de paz para evitar repetirlos; a conseguir acuerdos orientados a finalizar definitivamente el conflicto armado; y a mantener operaciones y presencia militar estatal en todo el territorio nacional, sin debilitar la ofensiva desarrollada con el Plan de Guerra Espada de Honor en curso. Sobre el primero de estos criterios caben debates e interpretaciones diversas, pero resulta muy útil. Sobre el segundo es innegable que tiende a existir un positivo consenso general. Y el tercero puede entenderse como expresión propia del curso que la guerra que mantiene vigencia y como mensaje para cerrarle argumentos a la oposición guerrerista del uribismo referida.

Sobre el primer criterio la discusión podría ser muy amplia y merece ser abordada con detenimiento en diversos espacios, orientada al diseño de una nueva política de paz y de un nuevo modelo de negociación y acuerdos, a tono con la nueva situación. Pero vale hacer referencia somera a errores asociados a los procesos de paz. En perspectiva histórica error del pasado fue el que tuvieron que trascurrir dos décadas –desde mediados del sesenta a mediados del ochenta del siglo pasado- para que en el curso de la guerra irregular librada entre el Estado y las guerrillas (FARC, ELN, EPL y M19), se diera lugar a un tratamiento político que implicara una política de paz y con ella la opción posible de su resolución negociada, a partir del entendimiento y el tratamiento político. Errores fueron también el que iniciado el primer proceso de paz con las treguas bilaterales del gobierno Betancur con las FARC, el EPL y el M19 no existiera respaldo de las fuerzas militares ni de las élites políticas tradicionales ni de las instituciones para respaldarlo, sino que por el contrario se posibilitó su fracaso, incluso conspirando y actuando contra él. Error histórico también lo constituyó la incapacidad de estas guerrillas y con ellas otros pequeños núcleos guerrilleros, milicianos o de autodefensas –autodefensa en el legítimo sentido pues no aludimos al paramilitarismo que no es ello en esencia sino a la agrupación indígena Quintín Lame- surgidos en los ochenta, puesto que todas estas expresiones se agruparon en la CNGSB, pero fueron incapaces de concertar propósitos, propuestas y acciones hacia el logro de una negociación unificada frente al Estado que habría posibilitado el retorno a la paz al finalizar los ochenta. Error fue también la declaratoria de la Guerra Integral por parte del gobierno Gaviria, quien tras los pactos de paz con el M19, el EPL y las pequeñas fracciones armadas referidas y la realización de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, proclamó subjetivamente y fracasó en el anuncio de acabar con las FARC y el ELN en 18 meses.

Error que causó las mayores y más graves expresiones de degradación y víctimas fue desde el Estado y los gobiernos, por acción u omisión, haber permitido el surgimiento y expansión del paramilitarismo, con apoyos de la fuerza pública, élites políticas y gremiales y conexión desde su origen con el narcotráfico, de forma que la actuación contrainsurgente se deslegitimó y se configuró la incursión de tal fenómeno, como ataque directo a los procesos de paz, a los cambios democráticos de la Constitución Política de 1991 y desató el exterminio de la Unión Patriótica, otros sectores de oposición y el liderazgo de las organizaciones sociales del ámbito popular. Las Convivir, las alianzas de sectores políticos, sociales e institucionales con sectores de la mafia y el compromiso con las estructuras paramilitares y su actuación, han constituido expresiones no superadas en toda su dimensión hasta el presente, lo que ha atentado y atenta de fondo contra las posibilidades de cualquier proceso de paz.

Errores contra el proceso de paz desde las guerrillas que continuaron el alzamiento –injustificado frente a la Constitución Política de 1991- han sido entre otros: El haber negociado en Caracas y en Tlaxcala sin convicción ni disposición hacia conseguir de manera definitiva la superación de la guerra; el mantener conductas sistemáticas violatorias al derecho humanitario fueron fuente de desentendimiento y ruptura de conversaciones; el haber incorporado en los 90 recursos como los atentados sistemáticos contra la infraestructura pública, el uso de terrorismo, la proliferación de los secuestros y los ataques y la presión armada afectando amplios sectores de la población. Error notorio por parte de las FARC fue el haber desatado una guerra por el posicionamiento territorial en Urabá donde empleó los mismos métodos bárbaros que implementaba el paramilitarismo y sus anteriores y nuevos aliados, de señalamiento y ataque sistemático a sectores de la población, en especial de campesinos, obreros bananeros y determinada vertiente política. Error que mina la credibilidad en los acuerdos orientados a compromisos humanitarios y a la paz por parte del ELN, en los últimos años 90, fue el haber actuado de forma sistemática en distintas regiones, en contra de varios de los compromisos humanitarios adoptados con el Acuerdo de Mainz en Alemania, en 1997, suscrito con el Consejo Nacional de Paz y numerosa representación de la sociedad civil.

Error del gobierno Pastrana fue la falta de política coherente, propuestas y capacidad de conducción del proceso de paz emprendido con las FARC y el ELN entre final del 90 e inicio de los 2000. Improvisación, desmilitarización sin respaldo en un acuerdo claramente establecido, ausencia de propuestas para que la paz fuera viable, abandono de los trabajos del intercambio temático, permisividad frente a la expansión paramilitar y énfasis en la línea militar y de guerra, fueron situaciones que ayudaron a hacer inviable tal proceso. Además, manejo acomodaticio al entendimiento con el ELN, de segundo plano y sólo retomado como remplazo cuando entraba en crisis o se suspendía la negociación con las FARC. Errores en el mismo proceso que puedan destacarse de esta guerrilla fueron su prepotencia política y el mantener el acento no en la posibilidad del entendimiento sino en la expansión militar y la actuación publicitaria, además de haber convertido luego la toma de rehenes y los secuestros en la forma más protuberante de su propia actuación. Paralelamente el ELN también hizo de los secuestros arma predilecta, ocasionando reacciones a favor del paramilitarismo y de procesos regresivos, como los sucedidos tras hechos como La María (masacre del Naya, etc.), entre otras experiencias.

Error evidente del presidente Uribe fue haber proclamado en su campaña y su programa la derrota definitiva de las guerrillas sin lograrlo; haber emprendido el proceso de diálogo y negociación más problemático y controvertido con las AUC, sobre lo que mucho podría decirse y con delicadas secuelas hasta el presente; haberse negado a firmar el Acuerdo Base con el ELN tras siete rondas de construcción de consensos en La Habana, al exigir dos exigencias por supuesto claramente impertinentes, la concentración e identificación de los efectivos guerrilleros cuanto apenas iniciaba el proceso. Error de Uribe también fue extender la actitud de ilegitimación y ataque contra los defensores de derechos humanos, opositores y personas críticas ante su gobierno a las personas, organizaciones, países y organismos internacionales e intergubernamentales que tenían compromisos y ofrecimientos con la facilitación, apoyo y acompañamiento a los procesos de paz y a las acciones humanitarias, en el contexto de la guerra interna. Error también fue haber suspendido, violando la legalidad, el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz. Así mismo, haber legislado para convertir las acciones de reinserción y reintegración en una fuente de reciclaje para la guerra, a partir del pago de recompensas, desvirtuando el carácter de construcción de paz que la había asociado a anteriores procesos.

En fin, se podrían mencionar muchas más cosas. Pero precisamente una discusión constructiva con el Gobierno y con otros sectores, es que no debería adoptarse como criterio solamente escarbar en los errores sino rescatar los aciertos y las experiencias positivas y constructivas. No detallaremos sobre ellas, pero baste dejar sentado que también han existido procesos de paz exitosos, por supuesto los del M19, el EPL y grupos armados menores relacionados con la insurgencia, quienes tienen un lugar de reconocimiento en la historia al haber sido cogestores, participantes y protagonistas de la Constituyente del 91 y la expedición de la Constitución Política progresista que nos rige, por tanto ella misma, junto con otros factores, producto de estos procesos de paz. En los ejercicios complejos de diálogos, treguas, acuerdos parciales, soluciones humanitarias e intercambios con el Estado, la sociedad y la comunidad internacional, quedan numerosas enseñanzas, acumulados positivos e iniciativas desde gobiernos, instituciones, guerrillas, actores sociales y políticos dignos de reconocer y valorar en su dimensión e impacto en cada caso. A tono con ello en el país de forma que impresionó en el ámbito internacional se desarrolló en los 90 un amplio movimiento ciudadano y social en demanda de la paz y han surgido hasta el presente numerosas experiencias de resistencia a la guerra, empoderamiento y exigencias de construcción de paz desde comunidades locales, pueblos indígenas, comunidades afros, organizaciones de mujeres y otras diversas expresiones. Por ello, resurge e impacta con tanta fuerza en la actualidad, la voz y la movilización de los indígenas del norte del Cauca demandando respeto a sus territorios, su autonomía y cese de la militarización, agresión y escenario de guerra que practican todos los actores armados en sus resguardos.

De otra parte, es evidente la exigencia de la sociedad para que un diálogo entre el gobierno y las guerrillas conduzca efectivamente al cierre definitivo de la guerra irregular de desgaste, y de altos costos humanitarios y de todo orden contra la población y sus proyectos políticos, sociales e institucionales, los cuales podrían tener real posibilidad en un ambiente de paz. Pero así mismo, cabe discutir con el gobierno nacional que es entendible por propósitos pragmáticos frente a sus adversarios –en especial la nueva extrema derecha violenta, militarista y que linda con la ilegalidad que lidera el ex presidente Uribe- así como por el uso propio en la guerra frente a sus adversarios militares, pero para el conjunto de la sociedad y para el propósito de la paz, el tercer principio que advierte mantener el pie de fuerza y el combate armado en todo el territorio nacional suena incoherente. Precisamente, diversos sectores se han pronunciado en torno a la necesidad de avanzar en el proceso que logre emprenderse, hacia un compromiso lo antes posible con un cese del fuego y las hostilidades, así como de inmediato y perentoriamente con el cese de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario.

Por supuesto que hay muchos temas que merecen abordarse en torno al despuntar de un nuevo proceso de paz, la necesidad de la coherencia –que no existe- entre políticas como la agro-minera, la débil dimensión social y otras, desde el gobierno con tal perspectiva. Es importante la ley de víctimas pero no basta ella aunque se requiera su aplicación eficaz cono asunto importante. Se equivocan en tal sentido voces especialmente desde el Partido Liberal que ven con desbordado optimismo un proceso aún en ciernes y con altos retos que implica consensos, proyectos, reformas y muchos compromisos, a un orden que no se dan, si se quiere realmente el cierre de la guerra y empeñarse en una paz durable y sostenible. El esbozo de agenda, el tratamiento de las víctimas, el marco legal, el tema del narcotráfico, las garantías y otros asuntos, tendrán que ser motivo de abordaje en el proceso de paz. Y por supuesto no sólo en la perspectiva de una mesa o mesas gobierno-guerrillas, sino dentro de un esquema participativo desde la sociedad y del Estado, para conseguir solución de fondo y viable en este propósito nacional.

Edición N° 00318 – Semana del 31 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012
 
 
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