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Santoyo, Rito Alejo y Uribe: los juicios de la Historia y de la Lógica

  José Hilario López Rincón
 

Abogado Corporación por la Dignidad Humana

   
 

Después de las tres de la tarde del 7 de agosto de 2010, el paso del tiempo ha venido consolidando varios juicios: 1. El período de gobierno que culminó ese día y hora es el más corrupto de la Historia de Colombia, o, al menos, uno de los más corruptos. 2. Quien dirigió ese período de gobierno, no se rodeó de un selecto y pulcro grupo de funcionarios públicos, aunque puede aceptarse, en gracia de discusión y de la Lógica, que pudo haber excepciones. 3. Un elevado número de funcionarios públicos, muy cercanos al jefe de ese período de gobierno, son avezados delincuentes algunos, peligrosos criminales otros. 4. El jefe de esos avezados delincuentes y peligrosos criminales era el mismo que fungía como jefe de ese Gobierno.

Dos de los más recientes sucesos de la Historia judicial de Colombia permiten fortalecer los anteriores juicios e inferir que no son juicios hipotéticos, sino que ya alcanzan la dimensión de juicios categóricos e históricos.

El primero de esos acontecimientos tiene que ver con El Pacificador de Urabá, alias “Rito Alejo del Rio”, general de las Fuerzas Militares y de las Fuerzas Paramilitares de la República de Colombia, condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997 en Bijao (Chocó). Según un sobreviviente citado por Verdad abierta: “Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos”.

El segundo hecho está relacionado con el general de la Policía Nacional de Colombia, Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, quien durante el período 2002-2006 se desempeñó como jefe de seguridad del jefe de algunos avezados delincuentes y ciertos peligrosos criminales. Entre el 2000 y el 2008, según la justicia estadounidense, el general Santoyo “conspiró” para traficar droga y para ayudarles a los grupos paramilitares.

Ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, Santoyo Velasco aceptó el cargo de conspirar conscientemente para proveer apoyo material y recursos a los paramilitares y negó haber participado directamente en narcotráfico. Al declararse culpable de su relación con los paramilitares y dentro del concepto de justicia negociada -propia de los estadounidenses pero importada a Colombia-, Santoyo se compromete a delatar a sus compinches y convertirse en testigo contra los mismos.

Habrá que esperar si con la misma eficiencia con la que alertaba a sus socios paramilitares y de la Oficina de Envigado sobre operativos en su contra, cuenta cuáles eran – o son – los policías vinculados con narcotraficantes y paramilitares, enquistados en esa institución y quiénes eran – o son – los políticos y empresarios que cohonestaban con las prácticas criminales de narcotraficantes y paramilitares.

Con la aceptación de sus vínculos con los paramilitares, es necesario que Santoyo responda en Colombia por las interceptaciones ilegales de cerca de 1.500 líneas telefónicas y por la desaparición de los defensores de derechos humanos, Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, ocurrida en Medellín en el año 2000, época en la cual Santoyo era el Comandante del Gaula en Antioquia.

La aceptación de cargos por parte de Santoyo Velasco lo convierte en avezado delincuente. Así como la condena contra Rito Alejo del Rio lo convierte en peligroso criminal.

Claro que Santoyo y Rito Alejo, además de condenados, ostentan el honor de haber sido condecorados por el jefe de jefes: al primero con la Orden Nacional al Mérito y al segundo exaltado como “buen ejemplo para los soldados y policías de Colombia” en el “homenaje de desagravio” que se le ofreció en el hotel Tequendama de Bogotá el 29 de abril de 1999, infame acto en el cual el  orador principal fue el jefe de jefes.

Recordemos que además de estos dos altos funcionarios públicos, también han sido condenados el exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes; exsenador Mario Uribe Escobar; exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio; exgobernador de Magdalena, Trino Luna; exgobernador de Sucre y exembajador de Colombia en Chile, Salvador Arana; ex parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, Álvaro Araujo, Miguel Pinedo Vidal, Eleonora Pineda, Rocío Arias y un largo etcétera. Y si observamos, aunque sea desprevenidamente, que todos ellos guardan estrecha relación con el jefe del gobierno del período 2002-2010, necesariamente se ha de concluir y reafirmar que se cumplen los juicios inicialmente enunciados: un gobierno corrupto, un jefe de gobierno rodeado de una banda criminal o una banda criminal cuyo jefe era el jefe de ese gobierno. Bien sea desde la Lógica o desde la Historia, los juicios son categóricos y condenatorios.

Y mientras avanzan los juicios contra los generales del paramilitarismo, el gobierno de Santos Calderón, continúa empecinado en dotar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía de un nuevo instrumento que refuerce la impunidad de ciertas operaciones militares. El proyecto de reforma de la denominada justicia penal militar, radicado el 16 de marzo de 2012 fue aprobado en cuarto debate en el Senado el 6 de junio del mismo año. El 13 de junio se aprobó la conciliación en la Cámara de Representantes. A la iniciativa, que desborda el concepto de fuero militar, le restan cuatro debates.

El Gobierno se halla en mora de purgar las Fuerzas Armadas y no debería esperar, a que esa limpieza ocurra a partir de lo que Santoyo hable, o como resultado de la decisión de la justicia estadounidense, de pedir la extradición de otros cuantos generales, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, cabos y reclutas.

Para concluir, una reflexión final acerca de El Pacificador de Urabá. Le viene bien el nombre, no el alias, por su extraordinaria similitud con su émulo, el “Pacificador” Pablo Morillo. Cuenta la Historia que el “Pacificador” instauró el llamado “Régimen del Terror” en mayo de 1816, y hasta agosto de 1819 condenó a muerte a más de siete mil luchadores por la independencia. El sistema que utilizó Morillo se basaba en una Junta de Secuestros que confiscaba los bienes de los perseguidos por los invasores españoles, un Tribunal de Purificación que ordenaba y ejecutaba los destierros y encarcelamientos y un Consejo de Guerra Permanente que realizaba los juicios a quienes consideraban traidores y eran condenados a muerte.

En el caso de El Pacificador de Urabá, también conocido como “El carnicero de Urabá”, la Junta de secuestros estaba encargada de despojar (confiscar) de sus tierras a los campesinos perseguidos por la Alianza Estado-Paramilitares; el Tribunal de Purificación, conformado por las estructuras militares-paramilitares, desplazaba, desaparecía, violaba y desterraba a los campesinos, y el Consejo de guerra permanente, dependiente de la misma Alianza, decretaba la pena de muerte de quienes consideraban “enemigos”, en juicios breves que se vinieron a conocer como “falsos positivos”.

Y con el llamado “fuero militar” se pretende que los “Consejos de guerra permanentes” de Morillo “El Pacificador” y El Pacificador de Urabá “Rito Alejo del Rio”, sean cobijados por el manto de la impunidad y la falsificación de la Historia.

Edición N° 00318 – Semana del 31 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012
 
 
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