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Colombia y la paz, 2009-2012

  Miguel Ángel Herrera Zgaib1
  Miguel.herrera@transpolitica.org Presid.y.partic@gmail.com
   
 

Primera parte

“Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancias a plantearle al gobierno que considere importante que no juzgue con ingenuidad nuestros anhelos, que no nos crea incapaces de emprender grandes empresas, que nos reconozca el derecho a tomar parte en las grandes decisiones nacionales. Con el cerrado apoyo de enormes muchedumbres, no pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas”. Rodrigo Londoño (Timochenko), apartes del mensaje videograbado, 4 de septiembre de 2012.

“No va a haber ningún tipo de cese del fuego hasta que lleguemos al acuerdo final...Si oímos propuestas que no sean realistas, el proceso no va a ser eficaz”. Presidente Juan Manuel Santos, en la base de Tolemaida, 6 de septiembre de 2012.

Crisis del posfordismo y secuela nacional

La disputa mundial entre los polos de democracia y guerra, las tensiones teóricas y prácticas que le son inherentes tienen una primera expresión en Colombia, donde se tradujo en una contravía de la transición democrática, en su retroceso autoritario, que arrancó con importantes reformas en 1991. Hasta desembocar en la negociación de paz que se instaló en la zona de distensión con cabeza en San Vicente del Caguán en 1999, y que trascurrió durante 18 meses sin resultado efectivo.

La siguiente década fue la de la destorcida de la guerra declarada contra los de abajo insurrectos; y ahora, después de dos años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos experimentamos un punto de giro, con la apertura de un proceso de paz con las Farc-Ep, oficializado el pasado 4 de septiembre, anunciado desde dos perspectivas, y con un propósito claro, hacer la paz luego de 50 años de guerra interna, 60 años de crisis orgánica nacional abierta por el magnicidio de Jorge E. Gaitán, y la respuesta violenta de las multitudes  al derrumbe de sus esperanzas democráticas.

El proceso de la transición democrática actual se degenera dramáticamente como producto de la quiebra de la política pública de paz, con la que el presidente Andrés Pastrana obtuvo su elección, pactando con las FARC y su líder histórico, el guerrillero Manuel Marulanda, con la directa presencia de un centinela imperial, el gobierno estadounidense de Bill Clinton, con el Plan Colombia como espada de Damocles, de doble filo, pendiendo amenazadora sobre las cabezas de los antagonistas en diálogo.

Entonces a la cita, inicio formal de las negociaciones en San Vicente del Caguán no concurrió Tirofijo, el  sobreviviente mítico de mil combates de resistencia. Así,  la silla vacía se vuelve premonitoria de lo que vendrá, el in crescendo de la guerra interna, entre gobierno y guerrillas durante la última década. El paquete de reformas queda servida en la mesa, después que se sentaron a manteles varios candidatos presidenciales, para exigirles cuentas a esta insurgencia armada, hasta que la paz naufragó ante sus ojos.

El período de la de-democratización, es el nombre que tiene la destorcida inversa que es el telón de fondo de esta coyuntura de apertura a una paz con condiciones. Tiene como antesala un interregno de casi dos años, tal y como se vivió en la zona de distensión. San Vicente del Caguán fue para unos  “el paraíso perdido” de la paz, y para otros un infierno anticipado. Lo que vino luego fue la degeneración democrática abierta del sistema político colombiano, con el triunfo del presidente guerrero, Álvaro Uribe Vélez, el porta-estandarte de la seguridad “democrática”.

La operación de-democratizadora, noción que utilizó Charles Tilly al estudiar la democratización en Europa del Este, en Colombia abarca los años  2002-2010. Luego parece cambiar su curso que coincide con el cambio de gobierno con Juan Manuel Santos al ser derrotada la segunda reelección del “pacificador” en la Corte Constitucional.

La resistencia de los grupos y clases subalternas forzó  un cambio de rumbo. De una parte, la gran ofensiva militar contra la guerrilla de las Farc-ep a través del plan consolidación no logró liquidarla. Esta guerrilla cambió su estrategia, se replegó, y volvió a actuar como guerrilla con micro-operaciones de castigo; daño a la infraestructura económica y social en las zonas de su influencia.

Eso sí, las Farc-ep perdió y siguen perdiendo en combate, en operaciones de inteligencia y ataques aéreos, dentro y fuera de la frontera nacional, a figuras políticas y militares de incuestionable relevancia como Alfonso Cano, el Mono Jojoy, y Raúl Reyes, forjadas al lado de los liderazgos de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda; y  18 jefes de frente más según la contabilidad actualizada del ministerio de defensa al comienzo del mes de septiembre.

De otra parte, los movimientos sociales se fortalecieron y multiplicaron en resistencia contra el autoritarismo y la parapolítica juntas. Las comunidades indígenas y campesinas se conformaron en espacios colectivos de composición plural como la Minga Social, y el Congreso de los Pueblos, primero, y luego vino el despliegue del Movice, la Mane y el Movimiento estudiantil, y la Marcha Patriótica.
En la escena electoral, el nuevo presidente obtuvo algo más de 9 millones de votos, como cabeza de un nuevo frente, la Unidad Nacional, mientras que las fuerzas derrotadas principales, el PDA y el Partido Verde, aunque diferentes en programa, sumadas obtuvieron casi 5 millones de votos, en medio de una considerable abstención en la elección presidencial.

Triunfos y fracasos de la oposición legal

“Tomé Remy Martin en el Caguán con Cano. Desde la UP pensé que iba a acumular fuerzas para la negociación, pero terminaron siendo para la guerra. Tengo muchos amigos muertos hoy. Yo estoy vivo, pero tengo formol incorporado a mi sistema…Hasta durante el Gobierno de Uribe, mandado por él, no a escondidas siendo alcalde, hice contactos. Ese cuento de la sociedad civil tampoco va más. No hay cama para tanta gente. Aquí lo que necesitamos es Estado, y a un comandante de la paz que se llama Juan Manuel Santos. Luis Eduardo Garzón, entrevista con María I. Rueda, El Tiempo, 3 septiembre 2012, p. 19.

Aunque el principal partido de oposición, el PDA, pasara en votos a un tercer lugar, después del partido Verde liderado por Antanas Mockus, uno de sus desprendimientos, el movimiento Progresistas, después de la debacle política y la corrupción rampante en la Alcaldía de Samuel Moreno del PDA en la capital, Bogotá, garantizó por tercera vez el triunfo electoral de izquierda con Gustavo Petro como alcalde.  Lo que sumado muestra que el sistema político colombiano no puede hacer caso omiso a la existencia de una oposición política que tiene también respaldo ciudadano electoral.

La alianza de los progresistas incluye como compañeros de viaje a liberales y conservadores en la administración de la segunda más importante posición política del país, pero, claro, no tiene la participación del PDA. En el 2012, este partido realizó ya la Conferencia ideológica, transida de maniobras y censuras temáticas; y realizará el III Congreso, para el cual se han postulado más de 3600 aspirantes a ser delegados.

En el ínterin, el Comité ejecutivo nacional expulsó al Partido Comunista, socio histórico del PDA, por ejercer la doble militancia en la primera línea de la Marcha Patriótica. Otro tanto ha hecho la presidencia del Polo con congresistas ligados al Movimiento Progresistas, quienes han resistido la exclusión de que ya fueron objeto. Pero, ante las dinámicas de paz actuales, ello no impide que se conforme un vigoroso frente democrático contrario a la continuación de la guerra por otros medios.

El clima político del régimen para-presidencial se deterioró cada vez más a partir de 2006, cuando se cambió la constitución de 1991 para permitir la reelección del comandante supremo de las F.A., en campaña “pacificadora”. El resultado fue el degeneramiento democrático de las libertades públicas, el asesinato en masa, la vigilancia ilegal de opositores, cortes y copamiento de los organismos de control.

La otra cara de la seguridad fue la degeneración democrática agenciada en las dos presidencias de Álvaro Uribe, a sus espaldas, como en los tiempos de su primer mentor, el ex presidente Ernesto Samper, a quien tuvo como candidato a embajador en París. Un recuerdo agradecido de los tiempos del Poder popular cuando la presidencia de Samper se ganó en la segunda vuelta con la provisión de fondos del triunfante cartel de los Hermanos Rodríguez Orejuela, extraditados después  por el presidente electo a los Estados Unidos.

Ahora, un veterano de los procesos de paz fracasados, el mismo candidato presidencial; luego primer alcalde de izquierda de la ciudad capital, el bogotano Lucho Garzón, célebre por sus apuntes y gracejo a flor de labios, hasta hace poco presidente de los Verdes, ha sido reclutado por el comandante de la paz, Juan Manuel Santos, para que trabaje como ministro en la sombra, y de paso le quite un poco de luz, al otro Garzón, que convaleciente ha llamado la atención que todavía existe.

El Vicepresidente tiene aspiraciones tanto personales como de contribuir al elusivo banquete de la paz insistiendo en la fórmula de la sociedad civil, que para el otro Garzón es un cuento, una representación que se han disputado desde 1991, cuando Angelino presidió una famosa conferencia que de paso honraba la memoria de Antonio Gramsci, luego de haber acompañado el esfuerzo civilizador de Bernardo Jaramillo en la Unión Patriótica2.

Claro, hoy otros son los vientos que soplan. Estos  han arrastrado a los dos Garzones en otra dirección, con sus matices. Pero el asunto de la paz continua, tan campante, dirán otros, como Johny Waker. Pero, al asunto hay que meterle bebidas autóctonas, más alcance de las multitudes para brindar por fin.

El salto de la guerra a la paz con condiciones

Hay un audaz viraje del actual presidente, Juan Manuel Santos, que se deslinda del proyecto dominante de la seguridad, y propone en cambio, el proyecto de la “Prosperidad Democrática”, mediante el cual quiere, por fin, acariciar las mieles de la hegemonía del bloque dominante oligárquico sobre los esquivos, renuentes grupos y clases subalternas, que han resistido, se han rebelado, ensayado la insurrección, y votado en contra del establecimiento bipartidista.

Los de abajo, los subalternos, cada vez que han visto la posibilidad de romperle el espinazo a la dominación liberal y conservadora han votado copiosamente, y sufrido fraude, o el asesinato de sus conductores electorales. La dominación oligárquica existe con pocos sobresaltos desde el aplastamiento de las sociedades democráticas en 1854, primero. Luego, cien años después con el magnicidio de J.E. Gaitán, y el descabezamiento del proyecto de liberalismo popular.

Dicho lo cual, es en el siglo XIX, de 1854 en adelante, es cuando el poder político en Colombia obtiene, delinea su forma presente. Arranca la genealogía del dominio bipartidista que legitima a liberales y conservadores en el poder, y que ahora tiene que lidiar con una oposición sostenida, armada, y pacífica que gana elecciones últimamente. Es sin embargo una dominación  exagerada, con una legitimidad, no una hegemonía jamás alcanzada, brutalmente longeva hasta nuestros días.

La tercera vía de Juan Manuel Santos, los huevitos de Uribe más la llave de la paz, que monta en la desvencijada locomotora que transportan las riquezas naturales fuera del país es la respuesta a esta situación de deterioro democrático. Una vez quebrado y descubierto el poder electoral de Álvaro Uribe, apuntalado por las campañas electorales de las Auc; en aceptación previa del principal socio internacional, el gobierno de Barack Obama, cada vez más vigilante de la parapolítica; sacando provecho de la fugaz prosperidad económica que goza Colombia, paraíso de la demanda de materias primas estratégicas con mínimas tarifas impositivas.

En particular, el presidente anuncia desde su posesión, delante de su antecesor, que él tiene en su bolsillo guardada la llave de la paz, a la vez que mantiene a resguardo “los huevitos” heredados: seguridad, confianza inversionista, y mejora social. Pero, durante, los meses de agosto y el corriente septiembre anuncia que la estrategia de guerra para imponer la rendición a la insurgencia, que lideró Álvaro Uribe Vélez, no va más.

Este ganadero y abogado, el intelectual orgánico del bloque del poder terrateniente y financiero, monta en cólera y organiza en respuesta anticipada lo que aspira a ser el partido de la reacción, El puro centro democrático, que aglutine y recomponga las fuerzas del partido de la guerra. Esta alianza existió en los dos periodos anteriores, dio existencia al régimen para-presidencial, y al desmonte de la promesa del Estado social de derecho.

Las regiones sometidas al control de las mafias de la parapolítica regional, con los señores de la guerra extraditados, y sus apoyos elegidos de nuevo en el Congreso y en los poderes regionales y locales. Era la antesala sangrienta de un proyecto alternativo, el Estado comunitario corporativo, la para-república en ciernes3, al servicio de los grandes propietarios del campo y la ciudad. Antes, ellos  hicieron uso de la excepcionalidad un dispositivo de derecho y de hecho, el autoritarismo cuasi discrecional del régimen para-presidencial, con el cual masacres, violación de los derechos humanos, desplazamiento y proscripción de la vida política fueron el pan cotidiano4.

El nuevo curso, el viraje hacia la paz bajo nuevas condiciones,  lo marca la estrategia de la prosperidad democrática con Juan Manuel Santos, el presidente que comanda el bloque de poder recompuesto que él gobierna desde el año 2010. Él se nutre de la tradición gran burguesa reformista de los liberales Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos Montejo, que sumados el conservador Laureano Gómez fueron los arquitectos centenaristas de un bloque histórico hegemónico incompleto, aunque exitoso en el acto de cooptar, encauzar el despertar político de los grupos y clases subalternas. Antes, éstas habían animado importantes luchas sindicales, electorales y políticas contra la hegemonía conservadora, hasta el punto de ensayar una insurrección localizada en El Líbano con los llamados “Bolcheviques”.

El proceso de autonomía proletaria con visos de alianza campesina en algunas regiones tomaba cuerpo y peso específicos durante la primera mitad del siglo XX. Pero este despertar democrático lo interrumpió el hacer coincidente del liberalismo reformista, de un lado, y el stalinismo criollo de otro; pero este segundo despertar lo cerró una cruenta guerra civil, La Violencia.

Así se dieron  las condiciones de posibilidad para el despliegue posterior de una revolución pasiva: el desarrollismo capitalista de Colombia sin Estado de compromiso, al contrario de otros países de América Latina, que lo hicieron bajo la fórmula variopinta de los populismos.

Aquella dirección política, intelectual y militar, proletaria y campesina fue desarticulada y desarmada en la breve dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en la década de los años 50. Después,  bajo la forma del Estado de gobierno del Frente Nacional fue forzada  a participar de un proyecto de “pacificación” inconcluso. Este tercer frente de clase sólo tuvo estrechos ribetes democratizadores en el nivel de lo político, que pronto se cerraron para campesinos, obreros, estudiantes y minorías étnicas. Un hubo cambios de fondo en las relaciones económicas y sociales, manteniendo la estructura de privilegios y exclusiones cristalizadas en la constitución política de 1886.

Hubo que esperar hasta 1991, para reformar la constitución centenaria, y consagrar la participación democrática liberal junto con la garantía de los derechos fundamentales por vía de la tutela individual, así como establecer la reforma del régimen presidencial, dándole forma a un neo-presidencialismo, especializado en la función política que daría dirección a la promesa del Estado social de Derecho: promover la igualdad real, en particular, para las minorías más desfavorecidas, y desiguales.

El heredero de la tradición centenarista del reformismo es Juan Manuel Santos, quien toma distancia relativa del legado político de su “gran elector” en lo corrido de los dos años de gobierno, 2010-2012. Enfrenta  los resultados del proyecto de-democratizador de su antecesor, esto es, la reacción regeneradora que inspiró a Álvaro Uribe Vélez. Él, apoyándose en el binomio Rafael Núñez/Rafael Reyes, incrementó la guerra contra los de abajo e impulsó el desarrollo capitalista sin cortapisas democráticas con los de arriba.

Uribe optó por continuar la estrategia de guerra integral contra la subversión armada, que ensayó primero César Gaviria sin éxito,  liquidado el proyecto nacional popular de la legal Unión Patriótica.5 El objetivo era, y seguía siendo, extirpar la amenaza político-militar de los de abajo liderada  por  las Farc-ep  al final de los años 80, con una presencia menor del Eln, el Epl; pero a la vez existía una notoriedad mayor, mediática, protagónica con sus audacias comunicativas y propagandísticas  del M-19.

Con todo, Gaviria y la dirección tripartita de la Constituyente de 1991 también selló un pacto non sancto de no extradición con el poder económico y militar de la narco-mafia. Esta tenía dos cabezas de notable poder destructor y corruptor: Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín y los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel del Valle, con rivalidades manifiestas entre ellos.

No compartía el Cartel de Cali la forma de conducir Pablo Escobar las relaciones frente a los poderes establecidos en los sucesivos gobiernos reformistas de Betancur y Barco. Éstos le impidieron a Escobar, en el liberalismo y Carlos Ledher, con el movimiento Latino cualquier tipo de protagonismo político, cuya primera bandera era luchar contra la extradición. Los hermanos Rodríguez Orejuela preferían actuar por interpuesta persona conservando la discrecionalidad, financiando elecciones, y pagando más que bien a sus fichas del establecimiento político y militar requeridas para evitar contratiempos en sus negocios ilegales.

Pero, a la vez, la industria y comercio ilícitos del narcotráfico incluye como masa de maniobra, - el ejército de sicarios, las agencias de cobros, y el aparato de seguridad de “los capos”-, y sobre todo como fuerza de trabajo a una porción considerable de los grupos y clases subalternas de Colombia. Es también parte activa, considerable del inmenso ejército constituido por la población sometida y disciplinada a los designios del capital, de acuerdo con las lógicas perversas impuestas por la más exasperante desigualdad económica, reforzada siempre por el dispositivo del apartheid social establecido desde la colonia, y la exclusión política practicada desde el inicio de la independencia por la oligarquía dominante, y consolidado en el primer frente nacional bipartidista de 1854 en adelante.

Esta lógica de frentes no sólo desata el nudo político que producen determinadas crisis de representación de las clases y grupos dominantes, sino que con los frentes se traiciona cualquier posible compromiso democratizador con los de abajo en materia económica, social o ideológica, descabezando los liderazgos o cooptando cualquier liderazgo que ponga en entredicho la seguridad de la institución de la propiedad privada, a través de la guerra racista y de clase6.

El curso seguido por la historia de Colombia, la dialéctica entre el país nacional y el país político a lo largo de los siglos XIX y XX es prueba elocuente de lo dicho, la imposibilidad de una articulación efectiva de un discurso y una práctica nacional popular capaz de implementar las reformas en profundidad, que desmonte eficazmente la estructura de privilegios doblemente centenarios, en beneficio de los muchos; y que deje atrás las constituciones que seguían a cada una de las batallas en la guerra interminable donde ellas son los botones de muestra de las tareas y compromisos incumplidos7.

Edición N° 00319 – Semana del 7 al 13 de Septiembre de 2012

1 Profesor Asociado, ex director de Ciencia Política y Unijus, Unal. Bogotá. Ex rector nacional de la Universidad Libre. Catedrático Maestría estudios Políticos, U.Javeriana. Bogotá. Director Grupo Presidencialismo y Participación, y Codirector del Seminario Internacional A. Gramsci, 2006-2012. Autor: Participación y representación política en Occidente (2000). Coautor: Neopresidencialismo y Participación Política en Colombia, 1991-2003  Seguridad y Gobernabilidad Democrática (2005).

2 Ver el libro  “Gramsci y la realidad de Colombia”, publicado por la Fundación Foro Nacional por Colombia, 1991; así como  los partícipes en la carta de intención para conformar  la Sociedad Colombiana Antonio Gramsci  en aquella conferencia inaugural, donde paz y sociedad civil se conjugaban en voz alta.

3 HERRERA ZGAIB, Miguel Angel et al (2007). Cien Días después de la reelección: parapresidencialismo, terror y TLC, en: El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia. Unal/UNIJUS. Bogotá.

4 HERRERA ZGAIB, Miguel Angel et al (2007).  El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia. Unal/UNIJUS. Bogotá.

5 La Unión Patriótica resultó de las negociaciones de paz propuestas por el conservador Belisario Betancur con las FARC, la guerrilla liderada por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, que se juntó con un recambio político en la dirección del Partido Comunista colombiano, que vivía un proceso de “desestalinización”, de aggiornamento que tenía entre sus animadores principales a Álvaro Vásquez del Real, de la vieja guardia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo como líderes visibles, y para quienes Antonio Gramsci, y su teoría de la guerra de posiciones democrática  fue fuente fundamental en ese giro como respuesta al reformismo “populista” del presidente Betancur, nutrido por una doble tradición partidista, el centenarismo modernizador de Laureano Gómez, y el populismo desarrollista de Gilberto Alzate Avendaño, la contracara del liberal Jorge Eliécer Gaitán.

6 Es muestra elocuente de lo dicho, el modo como fue derrotado el gobierno provisional del General José María Melo y los artesanos de las Sociedades Democráticas, que ejerció el poder del estado por unos pocos meses en el año 1854.

7 Hernando Valencia Villa, un exponente del constitucionalismo crítico en Colombia, las denominó “cartas de batalla” historiándolas una a una, hasta llegar al orden de 1991, en cuyo tratamiento fue benigno y prudente a la vez. No tuvo tiempo de pensar a esta última constitución como una forma de revolución pasiva truncada, donde el expediente de la guerra irrumpió para impedir hasta ahora cualquier pacto incluyente entre los de abajo y los de arriba

 
 
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