Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

La Importancia de Intentar la paz y el riesgo de la paz violenta

  Mauricio Uribe López
  Profesor del Cider de la Universidad de los Andes1
   
 

Mucha tinta ha corrido desde que el pasado 26 de agosto el Gobierno Nacional y las FARC firmaron el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Un sinnúmero de esperanzas, críticas y advertencias se han manifestado públicamente. Las que otrora eran las fuerzas agazapadas enemigas de la paz ahora trinan. En estas notas presento una breve reflexión sobre tres aspectos: la necesidad de gestionar el riesgo que implica el dilema de seguridad, el valor de intentar la paz para reparar la mayor fractura de nuestra comunidad política y, finalmente, la importancia de considerar que es necesario reorientar el estilo de desarrollo colombiano hacia la equidad y la eliminación de su sesgo anti-campesino para evitar que pasemos de una situación de guerra civil, a una paz violenta.

Dilema de Seguridad

Aunque algunas guerras civiles han sido cortas (como la de Libia), éstas –como la nuestra- tienden a durar mucho más que las guerras interestatales.2 Una de las razones detrás de la durabilidad de las guerras civiles es lo que Bárbara Walter llama el dilema de seguridad3. En una guerra civil, a diferencia de los conflictos armados interestatales, los bandos no pueden mantener fuerzas armadas independientes una vez han firmado el acuerdo de paz. Esa imposibilidad hace que el acuerdo de paz sea percibido como muy riesgoso. Esto generaría incentivos para que los actores armados (y especialmente el más débil) decidan continuar la lucha indefinidamente.

Mientras el dilema de seguridad tiende a prolongar las guerras civiles, el mecanismo del estancamiento recíprocamente dañino (hurting stalemate)4 contribuye a terminarlas. Los actores estiman que la continuación de la guerra es demasiado costosa. Al descontar tales costos  de los beneficios esperados de una victoria incierta, las partes deciden que es mejor negociar. El caso de las negociaciones de paz que pusieron fin –después de doce años- a la guerra en El Salvador en enero de 1991, corresponde bien a esta expectativa teórica del estancamiento recíprocamente dañino.

Aunque estamos muy lejos de una situación de empate recíprocamente dañino como la del caso de El Salvador hace más de veinte años, la guerra colombiana parece haber entrado –como dice Ricardo García Duarte- en una especie de rendimientos decrecientes para las partes: “El Estado no logra traducir su ventaja estratégica evidente en una desbandada de las FARC, en su efectiva derrota. La guerrilla por su parte no está ya en condiciones de convertir su recuperación en el orden táctico en una nueva capacidad de iniciativa en el orden estratégico”5 El reto ahora es impedir que el dilema de seguridad actúe de nuevo como lo hizo durante los diálogos de El Caguán.

En efecto, aunque durante la administración Pastrana hubo ilusiones de paz pero no proceso de paz, lo cierto es que el Plan Colombia aunado al auge de los paramilitares y al recuerdo de lo ocurrido a la Unión Patriótica, animó la desconfianza de las FARC. Al mismo tiempo, las rentas del narcotráfico, la continuación de los secuestros y los ataques a las poblaciones en medio de las conversaciones con el gobierno, aumentaron la desconfianza en éste acerca de la disposición de esa organización de involucrarse realmente en un proceso de negociación. En esas circunstancias, la dinámica del dilema de seguridad bloqueó no sólo las posibilidades de negociación sino las del mismo diálogo. La forma como se ha llevado a cabo el inicio de este nuevo intento de paz promovido por el gobierno Santos y las FARC, pareciera una buena manera de gestionar el dilema de seguridad en la medida en que se vaya generando confianza entre las partes. Sin embargo, la negociación en medio del conflicto es un riesgo. Aunque vale la pena correr ese riesgo, las partes deben ser conscientes que escalar el conflicto en esta coyuntura  puede dar mayor fuerza a las voces que se oponen a la paz y echar a perder esta nueva oportunidad.

La Importancia de la Paz

Algunos se rasgan las vestiduras al pensar en la posibilidad de compartir el mismo escenario de la competencia política civilizada con las FARC. La guerrilla y los demás actores armados han sido autores, todos, de diversos horrores morales.6 Una parte importante de lo que Nicos Poulantzas llamaba el bloque en el poder ha configurado un estilo de desarrollo exageradamente desigual con un marcado sesgo-anticampesino que ha creado las condiciones apropiadas para la reproducción de los competidores armados del Estado. Intereses poderosos se han beneficiado de la continuación de la guerra porque han hecho de la guerrilla la mejor excusa para reprimir o embolatar las demandas de redistribución y reconocimiento del campesinado.

En esta guerra no son inocentes ni los actores armados ni amplios sectores al interior de las élites económicas, políticas e intelectuales. Hay demasiada hipocresía. No somos los felices habitantes de una “nación soñada” cercada por los asesinos ni los virtuosos ciudadanos de una democracia asediada por los malos. Ahora bien, la falta de inocencia no es excusa para la retaliación y para la prolongación misma de la guerra. Al contrario, es un reconocimiento de la pertinencia que tiene buscar la paz y no simplemente un “sometimiento a la justicia”.

Los que empuñan las armas en uno y otro bando son –para usar la expresión de James Fearon- “hijos del suelo”. Forman parte de nuestra misma comunidad política. Para reparar la honda fractura que constituye nuestra guerra, necesitamos alimentar menos nuestro sentido de la repugnancia y más nuestro sentido de la amistad política (el sentimiento de pertenecer a la misma nación). Si Carl Schmitt afirmaba que al enemigo no hace falta odiarlo, tampoco para poner fin al derramamiento de sangre es necesario amarlo. Basta con considerarlo un enemigo relativo (con quien es posible pactar) y no un enemigo absoluto (al que sólo cabe exterminar). No es viable un acuerdo de paz que no ofrezca garantías y alternativas a los combatientes ni es deseable uno que no las cumpla.

¿Paz Violenta?

Es imprescindible ofrecer a los combatientes, opciones económicas en la legalidad y cumplir tales ofrecimientos. El caso de Nicaragua es muy ilustrativo al respecto. En ese país se desmovilizaron unos 22.500 rebeldes durante 1990. Sin embargo, tras quejarse de ataques perpetrados por los sandinistas, mucho se rearmaron.  El gobierno de Barrios de Chamorro que había ofrecido tierras, subsidios y la oportunidad a los desmovilizados de  vincularse a las fuerzas de policía, no cumplió sus promesas.7 El gobierno accedió rápidamente a las presiones de la comunidad internacional para llevar a cabo un severo programa de control de la inflación. Las medidas deterioraron la distribución del ingreso, duplicaron el desempleo en cinco años y fueron un fracaso rotundo en términos de crecimiento económico. Fue tan severo el ajuste que no hubo como financiar los programas de reinserción, se multiplicaron las bandas armadas, y la criminalidad aumentó. 8

La agenda del desarrollo no se puede ni se debe negociar con los representantes de un grupo armado porque esta debe ser el resultado del proceso político democrático. No sería ni viable ni aceptable que las cúpulas de una guerrilla y los negociadores del gobierno diseñaran el modelo de sociedad y la forma de alcanzar las prioridades nacionales allí establecidas. Sin embargo, es necesario no perder de vista que modificar las características de nuestro estilo de desarrollo que históricamente han contribuido a la prolongación de la guerra puede ser condición necesaria  para evitar que, como en el caso de El Salvador y Guatemala, pasemos de una situación de conflicto armado interno a una de “paz violenta”.

En una breve comparación de las guerras civiles en América Latina y África desde 1990 hasta 2010 y los niveles de violencia en los respectivos países, encontré que no había ningún caso de posconflicto en el que la tasa de homicidios fuera inferior a la tasa que los expertos consideran como el límite entre el nivel no epidemiológico y el nivel epidemiológico de homicidios.9 Todos los casos de posconflicto corresponden a situaciones de alta violencia social. En todos ellos hay al menos una de las siguientes cuatro características: altos niveles de pobreza rural, altos niveles de desempleo juvenil masculino, alto grado de desigualdad vertical (alta desigualdad en la distribución general del ingreso y la riqueza entre la población) y fuertes desigualdades horizontales (desigualdades entre grupos poblacionales).

Guatemala reúne las cuatro características. En ese país, después de nueve años de negociaciones se firmaron 17 acuerdos separados de paz. Dos de ellos fueron: El Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre los Aspectos Socio-Económicos de la Situación Agraria. Sin embargo, la influencia política de las fuerzas más conservadoras bloqueó las posibilidades de implementación de ambos acuerdos. Un año antes de la terminación de la guerra civil guatemalteca en 1996, la tasa de homicidios en ese país era de 35,3 homicidios por cada cien mil habitantes. En 2009 alcanzó 46,3 homicidios por cada cien mil habitantes. En ese mismo año en El Salvador, la cifra fue de 79,89.

Además del alto nivel de desigualdad vertical (gráfico 1), Colombia tiene un tipo particular de desigualdad horizontal que se expresa en una desventaja sistemática de la población pobre del campo (gráfico 2). Esa desventaja para la población es una ventaja para los competidores armados del Estado incluidas las FARC en términos de las mayores facilidades que tienen para el reclutamiento de hombres, jóvenes y niños en sus filas. Aún si logramos firmar la paz, es imprescindible modificar un estilo de desarrollo que provee constantemente un ejército de reserva para la guerra o para las diferentes manifestaciones de la violencia.


Edición N° 00320 – Semana del 14 al 20 de Septiembre de 2012

1 Las opiniones expresadas por el autor son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen ni al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo Cider ni a la Universidad de los Andes.

2 Con base en la información de la Universidad de Uppsala y del Instituto Internacional de Investigación sobre Paz de Oslo, calculé que entre 1946 y 2008, el promedio de años de duración de las guerras civiles es de 10,32 años mientras que el de las guerras interestatales es de 3,54 años.

3 Barbara Walter (1997), “The Critical Barrier to Civil War Settlement”, International Organization, 51 (3), 335-364.

4 David Mason, T. David y Patrick J. Fett. (1996), “How Civil Wars End: A Rational Choice Approach”,The Journal of Conflict Resolution, 40(4), 546-568.

5 Ricardo García Duarte “El Camino de la Paz: Voluntad Política y Correlación de Fuerzas”, Razón Pública, 16 de septiembre de 2012. http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3270-el-camino-de-la-paz-voluntad-politica-y-correlacion-de-fuerzas.html

6 El horror y la brutalidad no es propiedad exclusiva de las guerras civiles contemporáneas en el Tercer Mundo como la nuestra: En la Guerra de Secesión de los Estados Unidos “se sembró despiadadamente el terror en la población civil.” Peter Waldmann, (2007), Guerra Civil, Terrorismo y Anomia Social. El Caso Colombiano en un Contexto Globalizado. Bogotá: Editorial Norma, Konrad Adenauer Stiftung, p. 34.

7 Cynthia Arnson (1999), Comparative Peace Processes in Latin America, Washington: Woodrow Wilson Center, Stanford University.

8 En 1992 tomaron las armas 22.835 combatientes: “un tercio de esta cifra correspondía a los ‘recompas’, o ex oficiales del ejército, la policía y los servicios de seguridad sandinista, que se habían quedado sin empleo luego de que el gobierno redujera el aparato de seguridad del Estado; se habla también de los ‘revueltos’, para denominar a aquellos grupos armados mixtos, conformados por ex combatientes sandinistas y contras.” Carlo Nasi (2007), Cuando Callan los Fusiles. Impacto de la Paz Negociada en Colombia y Centroamérica. Bogotá: Editorial Norma, Universidad de los Andes, p. 25.

9 Se considera que tasas de homicidio iguales o superiores a ocho por cada cien mil habitantes corresponden al nivel epidemiológico. Bernardo Kliksberg, (2008), “¿Cómo Enfrentar la Inseguridad en América Latina? La Falacia de la Mano Dura”, Nueva Sociedad, 215, 4-16.

 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus