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Ser escueto no es ser silencioso

  Henrik López
  Profesor Universitario
   
 

Muchos teníamos expectativas altas sobre la respuesta del Procurador. Si, como él dice, “soy respetuoso del ordenamiento jurídico”1, era de esperar una rectificación clara y contundente. Quienes comparten la postura ideológica y teológica del Sr. procurador Ordóñez dirán que su respuesta satisface lo exigido por la Corte Constitucional. Quienes no lo apoyan y no comparten su postura religiosa dirán lo contrario. Esos serán, como siempre en el mundo de lo fanático, los términos del debate.

Si se es respetuoso de la libertad de conciencia, de cultos, de religión y de expresión, no cabe más que defender el derecho del señor Ordóñez a defender, con la terquedad que quiera, la idea de que el aborto, en todas sus formas, es un acto abominable. Quienes nos consideramos respetuosos de tales libertades, también debemos demandar que el procurador Ordóñez se limite a expresar lo que el orden jurídico le demanda.

Muy probablemente pocos lean el texto integral de la sentencia que ordena al procurador Ordóñez y a sus procuradoras delegadas que rectifiquen y que se inhiban de realizar actos violatorios de derechos humanos y de derechos constitucionales de las mujeres residentes en Colombia. Seguramente se quedarán con la noticia (Si, aquella que informa que se ordenó a un funcionario rectificar y a otras funcionarias abstenerse de impedir que se ejercieran derechos constitucionales); los medios tampoco han ayudado. Pero bueno, el contenido de la sentencia no es noticia, en tanto que no es escandalosa (a sus ojos).

En este contexto, de una orden judicial expresa, se esperaba una conducta que fuese respetuosa del orden jurídico. Empero, el Sr. Procurador General de la Nación, a la manera más tinterillera posible, hizo lo que hizo: emitió un lacónico comunicado. Por el despliegue dado al hecho –el hecho mediático- se podría sostener que el Sr. Procurador ha cumplido con lo señalado por la Corte Constitucional. Sin embargo, el Sr. Procurador y sus asesores omitieron algo de la sentencia. En ella se indica que la rectificación de la información y de la posición de la Procuraduría debe darse con la “relevancia equivalente” a aquella dada a la entrevista publicada en el diario El Espectador.

¿Qué significa esto? Significa que se esperaba que el Sr. Procurador fuese sincero.  Ser sincero es darle la misma trascendencia al cumplimiento de la orden de la Corte como a la entrevista. Dejar en claro que la entidad que representa y la autoridad que encarna asumen que ha incurrido en una violación de derechos fundamentales y que busca enmendar su postura. Más aún, que se modifica una posición oficial –no una opinión personal, una íntima convicción o un credo religioso- y que en adelante dicha postura oficial será respetuosa del orden jurídico. Que expresa un auténtico arrepentimiento, que le permitirá, de manera honesta y transparente, enmendar lo hecho. Nada de eso hizo el Sr. Procurador.

Quienes han seguido de cerca los procesos de paz y las distintas modalidades de justicia transicional, o quienes han sido partícipes en los procesos judiciales de derechos humanos, saben bien que la sinceridad es condición de aceptabilidad del perdón, expresión de justicia y garantía de no repetición. El Sr. Procurador Ordoñez no cumplió a cabalidad con ello. No fue sincero en sus expresiones. Se limitó a repetir lo que la Corte le ordenó que rectificara, pero no logró reafirmar una decidida defensa de los derechos fundamentales –ya definidos en términos constitucionales-, como funcionario le corresponde.

Pero lo más grave es que no podía hacerlo. No se trata de que existiera un impedimento jurídico; se trata de uno moral. Aquél mismo impedimento que lo lleva a ser indigno –no en términos jurídicos, sino en los morales- de su investidura. Al rectificar, en realidad quien habló fue el Sr. Ordóñez; el mismo que no comparte la posición de la Corte Constitucional; el mismo que considera que sus decisiones son una afrenta contra la ley divina. Habló el ciudadano y no el funcionario; por eso no hubo sinceridad en la rectificación. Antes bien, aquel silencio expresivo fue un intento vano por impedir que el ciudadano Ordóñez saliese a decir que insistía en su postura. Todos lo descubrimos; todos sabíamos que podía pasar; nos engañamos en esperar que no ocurriese.

Claro que tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera. Es problema nuestro si apoyamos, por encontrar sabias, o reprochamos, por encontrar pueriles, sus palabras. Pero no tiene competencia o mandato para cuestionar que las mujeres residentes en Colombia tienen los derechos reproductivos y sexuales que la Corte Constitucional, ya en varias sentencias, ha precisado. Su obligación constitucional –si, aquella que integra el orden jurídico y que el Sr. (¿Procurador o Ciudadano?) dice respetar- es defender a ultranza tales derechos y respetar, proteger y desarrollar su goce.

Pero bueno, esto es lo de menos. No podía esperarse menos de una persona de tales excelencias. Menos sorprendente es la no aceptación de las renuncias de las procuradoras delegadas. Ellas fueron señaladas por la Corte Constitucional como directas violadoras de derechos humanos. Su conducta ¿habrá sido expresión de su íntima convicción o simplemente el cumplimiento de un mandato de su superior? Por su esmero en impedir el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres colombianas, es posible inferir la respuesta; por su esmero, seguirán en sus puestos. El Sr. Ciudadano Ordóñez no suelta las riendas. ¿Cómo va a permitirse quedarse sin sus cabezas de playa? ¿Cómo va a renunciar a aquellas personas que, de manera profunda, honesta y comprometida han cumplido la función misionera diseñada por el ciudadano Ordóñez? No nos llamemos a engaños. En cabeza de la Procuraduría General de la Nación no está el Sr. procurador Ordóñez. Muy probablemente aparezca en alguna ocasión, por ejemplo a la hora de perseguir infractores de las normas disciplinarias. Pero a la hora de la defensa de los derechos humanos y derechos fundamentales, el Sr. Procurador Ordóñez cede el puesto al Ciudadano Ordóñez. Lo mismo ocurre con sus delegadas.

Llegados a este punto, la cuestión es si debe insistir en su reelección. En principio, jurídicamente nada se lo impide. No obstante, cabría preguntarse si al incumplir el mandato de la Corte Constitucional y su deber constitucional, si ha incurrido o no en falta disciplinaria. Pero este no es el punto candente. Lo que Colombia espera saber es si el Congreso de la República apoyará la reelección de un funcionario que ha violado derechos fundamentales de las colombianas y que ha apoyado a funcionarias que han incurrido en la misma conducta. Mejor aún, Colombia desea saber si el Congreso de Colombia apoya los derechos fundamentales de las mujeres colombianas o los intereses políticos de sus integrantes. Ellos, los Honorables Senadores no podrán decir que el Sr. Procurador ya dijo todo lo que tenía que decir, porque sus silencios, son expresiones claras de su desprecio contra los derechos de las mujeres en Colombia.

Llegados a este punto, ¿será que el Presidente de la República cumple con su promesa de ternar a un jurista de talla? ¿Hará lo propio el Consejo de Estado? Ellos tienen la oportunidad de ofrecerle alternativas reales al Senado de la República y, así, reafirmar el compromiso del Estado colombiano por la protección efectiva de los derechos constitucionales y fundamentales. La Corte Suprema de Justicia, también podría hacer su parte. Pero, recular no parece estar en su agenda… Simplemente esperemos que no se le sentencie con la cita de Cicerón relativa a perseverar en el error.

Edición N° 00320 – Semana del 14 al 20 de Septiembre de 2012

Afirmación del Procurador según el diario El Espectador: “Procurador solicitará la nulidad de la sentencia que le pidió rectificarse”. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-376008-procurador-solicitara-nulidad-de-sentencia-le-pidio-rectificarse. Consultado el 19.09.12

 
 
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