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¿Qué pasa con la vivienda para la población desplazada?

  Gabriel Bustamante Peña
  Asesor jurídico político – Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Hace unos días el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, denunció en la W Radio que 40.000 subsidios del Ministerio de Vivienda para la población desplazada que aparecen además mencionados en el Plan de Desarrollo de la Ciudad “Bogotá Humana”, estaban embolatados. Ante esto, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, respondió que no es cierto que estén incumpliendo, arremetió por la falta de proyectos de vivienda de la Administración Distrital, criticó la falta de coherencia de las entidades del Distrito y dijo que no sabe de dónde salió la cifra de los 40.000 subsidios para desplazados en la Capital, azuzando aún más la polémica iniciada por los proyectos de vivienda para los más pobres en la Capital.

Controversia donde es justo resaltar que, antes de la ley 1537 de 2012, ó ley de vivienda para los más pobres, existían las obligaciones impuestas por la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, y sus respectivos autos de seguimiento, que declaró el “estado de cosas inconstitucional” frente a los derechos de la población desplazada, entre ellos el de la vivienda digna.

En el año 2009, después de una juiciosa evaluación y ante la contundencia de los hechos, la Corte evidencia la ineficacia absoluta de la política de vivienda para los desplazados, y ordena al Gobierno Nacional reformular completamente dicha política. Esto, para superar la falta de cobertura, la no ejecución de los proyectos y, especialmente, la construcción de viviendas en condiciones que vulneraban el concepto de dignidad humana.

En el 2010, la Corte por medio del auto 383, conmina a los entes territoriales a realizar un diagnóstico de las necesidades respecto de la población desplazada, y a solicitarle al Gobierno Nacional, los recursos que les faltaran para atender a las víctimas. Como resultado, la mayor parte de apoyos solicitados por los 475 municipios fueron para proyectos de vivienda, que sumaban 3,6 billones de pesos. En julio de 2011, el Gobierno da respuesta al auto y los requerimientos locales, donde se perfiló una caracterización de los principales entes receptores de desplazados, con mayor déficit habitacional y los cupos disponibles, dando para Bogotá un perfil de apoyo de 40.000 viviendas.

En el 2011, la Corte expide un nuevo auto, el 008, donde le reclama al Gobierno por su incumplimiento, por no fijar metas claras, ni indicadores; por excluir a la población desplazada de su derecho a participar en la elaboración de dicha política, y le ordena presentar un informe que precise el mecanismo de concreción de la nueva política, con participación de las víctimas y en concurrencia, coordinación y subsidiaridad con los entes territoriales, última obligación en cabeza del Ministerio del Interior que presidía por entonces Germán Vargas Lleras.

El 13 de febrero de 2012, la Corte cita a audiencia de seguimiento entre otros a la Ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, responsable de la vivienda urbana para los desplazados; al Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para el tema de la vivienda rural; y al Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, responsable de la política de coordinación con los entes territoriales, entre ellos Bogotá.

En dicha diligencia judicial la Ministra expuso la nueva política de vivienda resultante de un proceso participativo con organizaciones de víctimas, y organismos como la Comisión de Seguimiento, y que se concretaba en un decreto que al día de hoy el actual ministro Germán Vargas Lleras, no ha firmado. Además, la Ministra confirmó una disponibilidad presupuestal por 3,2 billones de pesos, única y exclusivamente para población desplazada; con los cuales comprometió judicialmente al Ministerio de Vivienda a construir 138.000 viviendas, beneficiando con un subsidio por familia, de 25 millones de pesos, a un número aproximado de 600.000 víctimas; y requirió, específicamente al Distrito de Bogotá a presentar una solicitud para 40.000 viviendas, y manifestando que este ofrecimiento incluso lo había hecho telefónicamente (ver video audiencia ustre.am/:1nHz2 )

Por último, es pertinente mencionar que ante la pregunta del Magistrado, Nilson Pinilla, de ¿qué tienen qué hacer los mandatarios actuales para acceder a las convocatorias?, la Ministra de Vivienda, delante del Ministro del Interior, Vargas Lleras, dijo: “Haremos una convocatoria apenas la entidad territorial incluya en su Plan de Desarrollo, un compromiso cierto, que tiene fuerza de acto administrativo, sobre el número de viviendas de interés prioritario para la población en situación de desplazamiento” (ver video ustre.am/:1nJbi )

En el último auto de requerimientos en materia de vivienda para la población desplazada, el 116A del 24 de mayo de 2012, la Corte reitera las órdenes impartidas al Gobierno Nacional, le recuerda sus compromisos en la audiencia del 13 de febrero; y advierte a los mandatarios locales que están en la obligación de: regular el precio del suelo, mejorar las condiciones de integración urbana e inclusión social, redistribuir la tierra urbana y rural, velar por la función social de la propiedad, y hacer efectivo el derecho de vivienda digna para todos. Para esto, la Corte los invita a definir el uso del suelo en los planes de ordenamiento territorial, POT, bajo ese estado de emergencia humanitaria que representa el “estado de cosas inconstitucional”. Ya que, si el POT privilegia los negocios inmobiliarios por encima de la vivienda de interés social y prioritaria, condenaremos a los pobres y a las víctimas a vivir en la periferia, en zonas de alto riesgo o en terrenos inundables.

Por esto, la ley de vivienda para los más pobres, por si sola, no cumple las órdenes de la Corte respecto a las necesidades habitacionales de la población desplazada. Y el Distrito, lejos de ser incoherente, colocó la cifra de 40.000 viviendas para las víctimas en el Plan de Desarrollo, esta a la espera de la modificación del POT en el Concejo, y en el marco de una política e inclusión social y urbana presentó el proyecto de re densificación del centro ampliado que en caso de no recibir respaldo del Cabildo, el Alcalde puede aprobarlo por decreto, invocando la excepción de inconstitucionalidad frente al cumplimiento del derecho a la vivienda digna para la población desplazada.

Edición N° 00320 – Semana del 14 al 20 de Septiembre de 2012
 
 
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