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Bogotá en la encrucijada política nacional

  Pedro Ignacio Bernal Forero
  Docente investigador, Universidad Externado de Colombia
   
 

¿Quién duda que las disputas entre el Alcalde de Bogotá (o sus funcionarios) y miembros de segunda o tercera categoría del Gobierno Nacional son de naturaleza política? ¿Quién duda que los asaltos librados hasta el momento en ese combate político favorezcan hasta el momento al Gobierno Nacional? Pero, ¿significa lo anterior que el Gobierno Nacional ha jugado limpiamente sus cartas y que la administración distrital en cabeza de su alcalde es un mar de equivocaciones, malas políticas e inadecuada administración? No necesariamente.

Lo primero que hay que decir es que la administración distrital, y en particular la persona del Alcalde, han sido el blanco de ataques desde el gobierno nacional. Si desde un punto de vista del desarrollo socioeconómico y territorial al Gobierno Nacional le conviene que a Bogotá le vaya bien (y viceversa), lo esperable (y lo ideal) sería una relación de diálogo constructivo, búsqueda de consensos y coordinación de políticas. ¿No es un poco prematuro suponer que la ciudad perdió su norte de gestión administrativa y que las políticas del alcalde Petro fracasaron? ¿No será que además de cálculo político por parte del presidente Santos en su afán reeleccionista, lo que expresan los ataques al Alcalde Distrital es una alianza de intereses alrededor del Presidente que ven peligrar sus privilegios por cuenta de una política que los pone en cuestión?

Por supuesto que desde la esquina del Alcalde también hay una postura política, pues Petro sabe que desde el potro de la alcaldía se está jugando su futuro como candidato viable a la presidencia. Sin embargo, el alcalde Gustavo Petro está jugando sus cartas tratando de mantener su coherencia ideológica, por medio de decisiones que crean mucha roncha y pisan muchos callos. Por eso la reacción de quienes se sienten amenazados no se ha hecho esperar y qué mejor para ellos que aliarse en torno a Santos y al gobierno nacional, con la doble posibilidad de atravesársele al proyecto político de Petro y de paso recuperar la alcaldía para las fuerzas tradicionales, desplazadas del poder distrital desde hace más de una década.  En este escenario el oportunismo de Santos es inigualable, pues deja que sean sus funcionarios, ministros, consejeros y aliados quienes hagan el trabajo sucio, mientras él (Santos) se lava las manos y recoge los réditos. Parte de esa alianza está conformada por una buena parte de los grandes medios de comunicación,  que con su poder de manipulación logran transmitir una imagen poco favorable del alcalde y su política.

¿Qué hay más allá de política en la gestión distrital?

Como ya se mencionó, el alcalde Petro ha mantenido su postura ideológica y política en el manejo de los destinos de la ciudad, lo cual se ha reflejado en decisiones o intenciones que no agradan a todo el mundo. Al respecto lo que habría que decir es que el Alcalde no ha sido muy estratégico ni tampoco diplomático, en lo que concierne a los intereses establecidos en la ciudad, pero no se puede negar que sigue apuntando en la dirección de sus propuestas de campaña, a veces a costa de críticas por su empecinamiento a favor de lo público, y otras, corriendo el riesgo de tomar decisiones sobre la marcha, que son tachadas, con razón o sin ella, de improvisadas. Veamos algunos aspectos puntuales.

Desde los primeros meses de su Gobierno, el Alcalde anunció su intención de fusionar las empresas de servicios públicos, un proyecto que, además de poco viable desde el punto de vista de la gestión especializada por servicios y de los costos políticos que implicaba enfrentar la oposición y el desgaste en el concejo distrital, presuntamente generó “pánico” entre los accionistas de la EEB. Este proyecto fracasó, pero puso en guardia a buena parte de los intereses económicos y financieros de la ciudad.

Luego vendría la implementación del consumo mínimo vital de agua potable para los estratos 1 y 2, proyecto iniciado en la administración de Clara López, pero en plena sintonía con la política social del actual alcalde. Difícil oponerse a tal medida, que generaliza algunas decisiones de carácter excepcional tomadas por la Corte Constitucional en casos de sujetos de especial protección. Sin embargo, el principal reparo se ha concentrado en su sostenibilidad económica, máxime si la intención de la administración distrital es su extensión, al menos en el corto y mediano plazo, al estrato 3. Pero esta determinación no generó ningún tipo de disputa con autoridades nacionales como la Comisión de Agua Potable o la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que de ellas dependen las políticas de tarifas y subsidios. El problema era de la ciudad, del Distrito y del Acueducto, siempre y cuando no interfieran con tales políticas.

Los aspectos en donde ha habido más polémica entre Nación y Distrito son los relativos al transporte público masivo (metro, Transmilenio, ALO, SITP), la vivienda de interés social y Familias en Acción, en parte porque en estos temas hay intereses económicos en juego, de parte de antiguos o potenciales contratistas a quienes las decisiones o cambios de decisión de la administración distrital afectan especialmente, pero también por su efecto político electoral. No es necesario recordar los detalles de estas polémicas, pero en cambio sí convendría señalar que estos roces fueron especialmente corrosivos a raíz del nombramiento de Gina Parody en la Consejería Presidencial para Bogotá, que el alcalde recibió como una bofetada del presidente Santos, quien a la vez que le ponía a una opositora política a las puertas del Palacio Liévano, enviaba un mensaje, más que a Petro, a la tribuna afuera del Palacio. El daño estaba hecho, de ahí en adelante cualquier queja sobre demoras en obras, cualquier intención o anuncio de decisión, parecía tener una auditora más, y el ruido sobre la presunta ineficacia administrativa distrital se hacía ensordecedor a través de los amplificadores de los medios de comunicación.

Un tema adicional es el de la intención del alcalde de retomar en manos públicas (la EAAB) el servicio del aseo, el cual hasta ahora ha sido un negocio en manos de operadores privados, que gracias a una laxa regulación de la CRA les ha transferido importantes rentas a costas de los usuarios. Primero fue el pánico entre los operadores, seguido de dos tipos de respuesta: la primera de carácter operativo, una especie de operación tortuga, con retrasos o cambios en los horarios de recolección en algunos sectores, lo que se evidencia en la proliferación de basuras en las calles bogotanas; la segunda, de carácter jurídico, pues la legislación de servicios públicos ordena la competencia entre proveedores de servicios, lo cual impediría que el Distrito asuma sin más el servicio (¡va de retro EDIS!). Pero, esta no es necesariamente una mala noticia: si el Distrito logra prepararse técnica, económica y administrativamente para este reto, podría ofrecer un servicio de calidad con precios competitivos, y eso les duele a los actuales operadores que ya anunciaron rebajas de tarifas para contrarrestar la amenaza de entrada.

La coyuntura reciente es rica en acontecimientos que gravitan en torno a las pretensiones reeleccionistas de Santos, de los cuales los ataques a Petro son tan solo una parte, nada despreciable por cierto, dado el potencial electoral de la capital. Por eso la estrategia de desprestigiar la gestión del alcalde podría ser muy rentable. Otra gran apuesta del presidente son los diálogos de paz con las FARC, que explican en buena parte el aumento de su imagen en las encuestas, así las expectativas de que lleguen a buen puerto son más bien escasas entre los colombianos. Pero el gobierno nacional aprovecha lo favorable de la coyuntura para lanzar su proyecto de reforma tributaria que, fuera de una rebajita aquí y allí para dar contentillo a algunas categorías de ingresos, le apuesta a descuentos nada despreciables a la agroindustria, a las ganancias ocasionales y a las rentas de capital1, por supuesto, sin tocar para nada las exenciones y exclusiones de que está plagado el estatuto tributario. Todo, con el peregrino argumento de que al disminuir las tasas impositivas para las grandes empresas, éstas dejan de evadir impuestos y se animan a crear más riqueza y empleo formal. Así fue como Ronald Reagan ganó las elecciones norteamericanas en 1979, suponiendo que al reducir las tasas impositivas a los ricos, éstos invertirían y producirían más incrementando los recaudos tributarios. Y no fue así. El ministro Cárdenas, pretende no sólo que los recaudos no disminuirán sino que además aumentará el empleo. La verdadera apuesta en esta materia es política: mantener el apoyo de la plutocracia colombiana que  llevó al poder a Santos y que ahora lo apoyará en sus intenciones reeleccionistas.

Más allá de estas disputas dañinas a largo plazo, sobre todo para Bogotá, lo que muchos parecen reprocharle y reclamarle al alcalde, al exigirle responsabilidad en sus actos y decisiones públicos, es que se pliegue a lo establecido: hay que andar de puntillas para que los mercados no se inquieten, para no ahuyentar la inversión privada. Pero no hay que confundir la economía como medio con los fines sociales, que es lo que más debe importar en política. André Orléan, en su maravilloso libro, El imperio del valor2, muestra cómo la economía, el valor y el precio de las mercancías, dependen de la sociedad a la que pertenece, de las reglas sociales a las que los individuos se adaptan para no andar a tientas. Esto se expresa en el hecho de que muchas de las decisiones individuales están influenciadas por el contexto social, por lo que los demás dicen y hacen.

La percepción dominante (o con apariencia de serlo) de los bogotanos respecto de la gestión del alcalde está muy influenciada por la opinión transmitida por los medios masivos de comunicación (televisión, radio, prensa). Tendemos a asimilar lo que éstos difunden, pero también a adoptar como propia la opinión de los demás, aquellos que están “bien informados” y tienen gran poder de convicción, hasta formar una especie de opinión consensual, una verdad poco cuestionada, según la cual todo va mal en Bogotá por culpa de la mala gestión del alcalde.

La apuesta de Petro a favor de una gestión pública enfocada en la equidad social es arriesgada en un escenario plagado de intereses sensibles a este tipo de políticas y de oportunismos políticos de corto y mediano plazo. Son esas dos las corrientes que han producido ese huracán en medio del cual la gestión distrital es presentada como irresponsable, temeraria e improvisada. Mucho bien le haría el Alcalde a la ciudadanía bogotana si le presentara en blanco y negro las grandes líneas de política en las que se enmarcan las decisiones y proyectos en el primer año de su mandato, y de esta manera, salirle oportunamente al paso a tantas críticas y ataques.

Edición N° 00327 – Semana 2 al 8 de Noviembre de 2012

1 Según el proyecto de reforma del gobierno, ingresos superiores a $25 millones mensuales solo tributarán un máximo de 15% (hasta ahí llega la progresividad); a las sociedades, de lo que ya pagan de imporrenta se les toma un 8% para remplazar el pago de las contribuciones (parafiscales) que financian al SENA, el ICBF y la salud, poniendo a depender estas entidades de las fluctuaciones de los negocios; se reduce el IVA a la agroindustria (del 16% al 5%) y al consumo de lujo (del 35% al 16%); y se reducen las tarifas a las ganancias ocasionales y herencias del 33% al 10%, a la venta de activos del 33% al 15% y de sociedades del 33% al 10%; y se eximen las ganancias especulativas.

2 André Orléan, L’empire de la valeur. Refonder l’économie. Seuil, París, 2011.

 
 
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