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El choque entre el Gobierno Distrital y el Nacional

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

No son temas los que faltan para analizar. A veces pareciera que los mismos se suceden con una extraordinaria rapidez y apenas si tenemos el tiempo para darles una rápida mirada. El primero de los temas indiscutiblemente es el del fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, por medio del cual se desconocieron los derechos colombianos sobre cerca de 180.000 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe. El Gobierno estudia estrategias para hacer frente a esta nueva problemática, pero, la verdad es que razón tenía el ex presidente López que siempre insistió en que Colombia no debería concurrir a este Tribunal para definir los límites con Nicaragua. Sobre este tema quisiéramos volver más adelante. Pero, no hay que olvidar las erráticas declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, hace algunas semanas sobre los fallos salomónicos de la Corte Internacional de Justicia. Como se dice coloquialmente fue una metida de pata fenomenal.
 
Un segundo tema fue el inició de la segunda fase de las negociaciones este lunes 19 de noviembre en La Habana y el anuncio hecho por las FARC de decretar una tregua unilateral a partir del 20 de noviembre y hasta el 31 de enero de 2013. A ello habría que agregar la liberación de los cuatro ingenieros de origen chino entregados el día 21 de noviembre a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, CIRC. El primer anunció a nuestro juicio es acertado. En estas mismas páginas hemos señalado que la negociación en medio del conflicto entraña riesgos inmensos como los que se vivieron en el proceso iniciado en el año de 1999 que terminaron en el fracaso. Pero, además con la declaratoria de tregua se pone a prueba la capacidad del Secretariado de las FARC, de mando sobre sus tropas. Es la mejor respuesta entre otros al ex presidente Pastrana que señaló que no estaba seguro de que el bloque sur de las FARC -que es el más poderoso- comandado por Joaquín Gómez, estuviera realmente representado en la mesa de las negociaciones. Con la tregua las FARC se han comprometido de manera unilateral a cesar el fuego lo que a nuestro juicio permitirá un  mejor clima para las negociaciones que arrancaron por el tema del desarrollo rural y la reforma agraria que es el primer tema pactado en la agenda.

Un tercer tema y sobre el cual queremos ahondar un poco es el del deterioro de los relaciones entre el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro. La verdad es que no hizo bien a éstas relaciones el nombramiento de Gina Parody como Consejera Presidencial para Bogotá después de haber sido candidata a la Alcaldía y de haber señalado poco días después de la posesión de Gustavo Petro sobre su oposición a los programas del alcalde entrante. Aun así, el presidente Santos decidió nombrarla como Consejera para los asuntos de Bogotá cosa que no cayó muy bien en el gobierno capitalino. Detrás de este nombramiento se ha visto un interés de los partidos de la Unidad Nacional por posicionar un nombre, el de Gina Parody, para tratar de retornar a la Alcaldía de la ciudad que perdieron hace ya muchos años.

El tema de las basuras es hoy el florero de Llorente. Petro ha insistido con razón que en la ciudad se pagan las tarifas más altas del país que generan ganancias extraordinarias a dos familias que son las dueñas de las cuatro empresas recolectoras de las basuras y ha insistido además que se requiere renegociar con los operadores privados para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional que ordena vincular a los recicladores al proceso de recolección y aprovechamiento de las basuras. Con su tono retador y con una buena dosis de improvisación, el Alcalde anunció que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado se encargaría desde el próximo 18 de diciembre de la recolección de las basuras. Y ahí fue Troya, Parody salió a los medios a anunciar que esa medida quebrantaría el régimen de libre empresa y que por tanto la empresa de Acueducto  podría ser intervenida, esto lo dijo el día martes, y el día miércoles el acucioso superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, excedió con mucho sus atribuciones legales al ordenar la incautación de información de los correos privados del alcalde, Gustavo Petro y de Diego Bravo, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El superintendente ha salido a decir en los medios que es una investigación de rutina para un proceso en marcha, pero, él no tiene atribuciones para interferir las comunicaciones privadas de los dos funcionarios distritales. Petro tiene razón cuando señala que el superintendente se extralimitó en sus funciones, pues, una diligencia administrativa de control excedió y se convirtió casi en una pesquisa judicial sin orden de autoridad competente. Hay argumentos que se repiten  en los medios de comunicación que son falaces y que atentan contra la autonomía territorial del Distrito.

Las Empresas Públicas de Medellín, por ejemplo, realizan la prestación de los servicios de energía eléctrica, agua potable y recolección de las basuras y lo hacen de manera eficiente y allí nadie reivindica la libertad de empresa. Las leyes y el estatuto orgánico de la ciudad, Decreto Ley 1421 de 1993 que es la ley que rige al Distrito Capital le da amplias funciones al Alcalde de la Ciudad para ordenar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Esta es la atribución con la que Petro respalda su decisión de al menos temporalmente encargar a una empresa de la recolección de las basuras de la Capital de la República.

El tema aquí no es si el alcalde Gustavo Petro tiene atribuciones legales sino si una empresa como el Acueducto está en capacidad de asumir la prestación del servicio a partir del 18 de diciembre.  Es evidente que hay una confluencia de intereses en contra de la Administración Distrital por las políticas que ha puesto en marcha la Alcaldía de la Ciudad en distintos frentes. Hay choque con Vargas Lleras por el tema de las tierras para la construcción de vivienda de interés social; los empresarios de la construcción han cerrado filas para oponerse al cobro de la plusvalía urbana que tienen que pagar en sus nuevos proyectos de construcción; hay oposición a los seis metros cúbicos de agua gratuita para los estratos uno, dos y tres, que ahora la Corte Constitucional ha ordenado que se haga a nivel nacional; hay oposición al plan integrado de transporte que tiene como uno de sus componentes el tranvía por la carrera séptima; ha habido oposición a la renegociación de las tarifas y los contratos con los 12 operadores de Transmilenio; hay oposición a la decisión de no vender agua en bloque a los municipios de la sabana de Bogotá, para tratar de frenar la construcción masiva en los municipios conurbados de la ciudad; todo ello ha puesto a prueba las relaciones del Distrito con el departamento de Cundinamarca y con el Gobierno Nacional.

Los cambios ofrecidos en el Programa de Gobierno de Gustavo Petro tienen, como se observa, muchos adversarios, pues, se trata de cambios de fondo. A ello no ayuda mucho el estilo de la administración que deberá empeñarse a fondo en explicar los contenidos de los cambios propuestos, sus beneficios y tendrá que empeñarse a fondo también para demostrar que las propuestas son viables y obedecen a estudios serios y razonados. Y tendrá que romper el cerco de los grandes medios de comunicación que muestran a diario que la administración está improvisando y no sabe para dónde va. Petro tienen razón cuando señala que este es el programa que ofreció a los electores y que uno de los puntos hoy convertido en Plan de Desarrollo y aprobado por una abrumadora mayoría en el Concejo Distrital contempla la defensa de lo público. Pero, una cosa es la letra del Plan de Desarrollo y otra las oposiciones de los sectores que se beneficiaron  del modelo de privatización de las empresas de servicios públicos de la ciudad. Ampliar el sector público retomando sectores que se entregaron a la explotación de los privados no es tarea fácil. Eso lo vemos en el sector de la salud en todo el país y ahora lo vive el alcalde Petro en el tema de las basuras. El pulso está en marcha y con la convocatoria a la movilización ciudadana para la defensa del sector público, Petro está dando un paso arriesgado, pero políticamente acertado. La reversión de las concesiones onerosas y leoninas que se pactaron sobre todo en la administración de Enrique Peñalosa no será fácil, pero, Petro lo había ofrecido y está en el empeño por hacerlo realidad. Éste es el verdadero fondo de la confrontación.

Edición N° 00330 – Semana 23 al 29 de Noviembre de 2012
 
 
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