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Las armas y la política en Colombia

  Alejo Vargas Velásquez
  Profesor titular Universidad Nacional,
Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
   
 

Colombia tiene una larga historia de relación entre armas y política. No sólo por las guerras civiles del Siglo XIX entre los Partidos Liberal y Conservador –once guerras civiles nacionales, además de media centena de guerras civiles regionales-, sino en los años 20s del Siglo anterior igualmente la emergencia de sectores de izquierda que acuden al uso de la violencia –recordar las Insurrecciones Bolcheviques de 1928 con expresión en El Líbano, Tolima y San Vicente de Chucuri y La Gómez en Santander- y luego ese largo período de violencia bipartidista que va desde los años 30s hasta el año 1953 en que de nuevo liberales y conservadores acuden a la violencia con intencionalidades políticas y que produjo alrededor de 300.000 colombianos muertos –período cerrado con un ‘borrón y cuenta nueva’ y el Pacto político del Frente Nacional- y posteriormente el inicio del ciclo de la llamada violencia revolucionaria con el surgimiento de las guerrillas de las FARC y el ELN a mediados de los 60s y que con todas las complejidades posteriores –paramilitarismo, narcotráfico- todavía hoy estamos viviendo.

Ya en este período de la violencia liberal – conservadora fue evidente no sólo el uso de la violencia institucionalizada, de lado y lado, para obtener triunfos electorales, sino que empezaron a usarse grupos de matones –entre ellos los llamados ‘pájaros’- para eliminar adversarios políticos y tratar de imponer triunfos electorales utilizando la violencia.

Esta breve reminiscencia histórica es fundamental para entender fenómenos contemporáneos como son la utilización de grupos paramilitares y/ o de autodefensa, para tratar de consolidar poderes políticos locales, regionales e incidir en el poder nacional y posteriormente establecer relaciones con grupos mafiosos de distinto tipo para conseguir y consolidar poderes territoriales y distorsionar o definitivamente alterar la expresión popular de los ciudadanos. Este fenómeno reciente fue bautizado como la ‘parapolítica’.

Sobre el origen del paramilitarismo, además de estos antecedentes históricos, debemos mencionar las revelaciones que ha venido haciendo el ex coronel del ejército israelí y posterior entrenador de grupos mercenarios Yair Klein; en sus declaraciones, por medio de video conferencia a los tribunales colombianos, el habló acerca de su papel, quienes lo contrataron y quienes estaban enterados y auspiciaron, de una u otra forma, el surgimiento de estos grupos. Es evidente en las mismas declaraciones la complicidad de miembros de la Fuerza Pública y de miembros de las élites regionales y nacionales. Esto, como se sabe ha sido reiterado, en muchas otras declaraciones de jefes paramilitares en sus confesiones a la Ley de Justicia y Paz. Es decir, fue la paramilitarización de la política colombiana con todos sus efectos perversos.

Esto tiene una gran vigencia, por cuanto al iniciarse las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, hay que recordar que uno de los objetivos fundamentales de este tipo de procesos de conversación es justamente, además de proscribir el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas, es desterrar a las armas de la política colombiana. Es buscar que un actor armado ilegal se transforme en un protagonista político dentro de la legalidad y haciendo solamente de los recursos que el juego democrático da a todos los protagonistas del debate político electoral. Un proceso de superación concertada de un período de violencia política, como el que acaba de iniciarse en La Habana, no pretende que los actores modifiquen sus maneras de pensar, ni sus presupuestos ideológico-políticos, solamente busca que se elimine el uso de las armas para tratar de hacer política.

Pero igualmente, debemos destacar que en el evento que este proceso de conversaciones termine exitosamente, como lo deseamos la mayoría de los colombianos y se logre algo similar con el ELN, queda pendiente la desmovilización de los remanentes de los grupos paramilitares, que el Estado llama BACRIM y que más propiamente serían grupos neo paramilitares y por supuesto la consiguiente aclaración acerca del origen de los mismos y quienes tuvieron un alto protagonismo en su conformación y quienes fueron co-responsables. Esto es parte fundamental de la ‘verdad histórica’ que todos los colombianos debemos conocer para que efectivamente las posibilidades de repetición futura se eliminen.

Si logramos hacer bien la tarea los colombianos en esta ocasión, podemos lograr que definitivamente las armas no vuelvan a ser protagonistas de la política colombiana, con ningún tipo de argumento y en esa media habremos dado un paso gigantesco hacia una democracia de mejor calidad para todos los colombianos.

Edición N° 00330 – Semana 23 al 29 de Noviembre de 2012
 
 
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