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Fuero penal miliar: Un problema de confianza

  Henrik López
  Profesor universitario
   
 

El proceso para reformar la justicia penal militar en Colombia sigue su camino. Al parecer, no son suficientes las exhortaciones que desde diversos lugares se hacen para que dicho proyecto se abandone. Las dificultades en torno a este tema son inmensas y el debate no ha considerado todas las aristas.

Los diversos colectivos que se han enfrentado y apoyado el proyecto, se han atrincherado en sus respectivos prejuicios y temores. Los primeros, claramente infundados y los segundos, lastimosamente, legítimos. Así, las organizaciones de víctimas tienen el temor de que cualquier reforma a la justicia penal militar conduzca a la impunidad (o, mejor, se mantenga, pues es claro que no hay justicia, como tampoco en el ámbito ordinario). Las organizaciones de militares en retiro y otros grupos, temen que sin la reforma, persista la indefinición para la seguridad jurídica para los militares. Debemos ser claros, estos temores son legítimos. Pero, ambos olvidan diversos puntos.

En primer lugar, ¿es necesario un fuero penal militar? Esta es una pregunta que no se ha respondido debidamente. Habrá razones para justificarlo, como el que se trata de una institución que opera de manera distinta al resto de las instituciones en la sociedad; que la vida castrense impone condiciones distintas de vida que difícilmente comprenderán quienes estén por fuera del servicio. Que es necesaria una justicia especializada para juzgar ciertas conductas que únicamente se comprenden en el contexto militar, etcétera. En contra, que la evidencia muestra que la justicia penal militar es fuente de impunidad; que en el contexto del conflicto interno, la justicia penal se convierte en una justicia para una de las partes del conflicto, etcétera.

Lo cierto es que no se ha dado un debate serio sobre la materia. Ni quienes apoyan a la justicia penal militar, ni quienes la atacan, han podido ofrecer razones suficientes para mantenerla o para desmontarla. Ausencia de razones suficientes para desmontarla, porque no basta indicar que es negativa, que los militares únicamente quieren garantizar su impunidad, pues ello no es un problema de la existencia del fuero, sino de su funcionamiento. Así mismo, el argumento de que implica un trato desigual frente al resto de la población, tampoco es razón, pues, efectivamente, los militares están en una situación desigual, producto de, entre otras, la disciplina castrense. Tampoco hay razones suficientes para mantenerla. Por ejemplo, aducir que todo país civilizado, comenzando por Estados Unidos, tienen un fuero militar, no dice nada sobre su conveniencia, sino sobre el hecho de que en muchos países (aquellos que ellos denominan civilizados) tienen fuero militar. Pero no explican su necesidad.

Dada la ausencia de argumentos, y dado que el fuero existe, por ahora no queda más que mantenerlo. Ante esto, la cuestión es ¿qué debe cobijar el fuero penal militar? Y ¿cuáles son las garantías que deben tener los militares investigados?

Frente a lo segundo, es clara la respuesta. A todos los miembros de la fuerza pública se les ha de garantizar un debido proceso en materia penal (este es el tema de discusión, no la disciplina militar). Consiste, dado el modelo adoptado por Colombia, de distinción entre acusación y juzgamiento; distinción entre juez de garantías y juez de conocimiento; acceso a una defensa técnica; y, en general, todas las garantías que se ofrecen a los restantes ciudadanos. No debería haber discusión sobre este punto, salvo que se sea inconsecuente y demande la protección de los derechos humanos, que se les niega a estas personas.

El punto álgido es sobre el alcance del fuero y la existencia de presunciones sobre la naturaleza de los actos cometidos. Se ha dicho que ampliar el fuero o presumir que todo acto realizado por la fuerza pública es de competencia de la justicia penal militar, limita seriamente las posibilidades de que haga realidad la justicia, se protejan las víctimas y se respeten los derechos humanos.

Pues bien, hay elementos jurídicos definidos en otras latitudes que deben tenerse en cuenta para resolver el debate. De manera decidida, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la reciente sentencia en el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia1, la Corte advirtió que la justicia penal militar es de carácter excepcional y restrictivo. De manera expresa le recordó al Estado colombiano que “en el fuero militar sólo se puede juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar2”, los cuales, por definición, excluyen las violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo, delitos contra la vida e integridad física y sicológica de civiles. También advirtió que la restricción que se deriva de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, no se refiere a graves violaciones de derechos humanos, sino a cualquier violación de derechos humanos, pues lo que define el alcance de la jurisdicción penal militar es definida a partir del “bien jurídico protegido3”.

¿Qué efecto práctico tiene esta limitación? Enorme. Únicamente podrían ser de competencia de la justicia penal militar aquellos actos referidos a la vida castrense y en los que el bien jurídico afectado es de contenido militar. Esto tiene dos ámbitos. Por una parte, aquellas conductas que se realizan en condiciones de no conflicto –como aquellas referidas a la vida cotidiana en un batallón- y que son de contenido militar. Por otra, aquellas conductas realizadas con ocasión del conflicto –típicamente, durante el combate- y que son de contenido militar. Frente a las primeras, el alcance de la competencia únicamente se refiere a un puñado de acciones típicamente militares. No se trata, por ejemplo, del peculado que cometa un oficial; sino, por ejemplo, de la sustracción de armamento militar (dado que se trata de un armamento sujeto a un régimen especial). Un homicidio, prima facie, será un delito ordinario; al igual que a violencia contra los civiles.

En el campo de batalla únicamente serán competencia de la justicia penal militar aquellos actos que se refieran a la conducción de las “hostilidades”. Pero no comprenden ni los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, pues por definición, aunque son violaciones al derecho internacional humanitario, son también violaciones de los derechos humanos.

Podría aducirse que esto termina por vaciar de contenido a la justicia penal militar y que, en todo caso, los delitos de guerra son típicamente militares, aquí se podría coincidir, pero hay muchos elementos a considerar. Aquí entra una tercera cuestión.

La principal dificultad con la justicia penal militar en Colombia es la falta de confianza. No es creíble. El país no ve en la justicia penal militar un sistema de protección de las virtudes militares, sino uno de sometimiento a los débiles y de impunidad para los oficiales de mayor rango. No importa si no es así; su imagen es tal. En este entorno, mientras que persista la idea de que el fin justifica los medios y de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la justicia penal militar no podrá orientarse a la protección del bien jurídico, muy difícil de definir, de honorabilidad militar.

Los delitos de guerra tienen dos dimensiones. Una, dirigida a proteger a las personas débiles en el conflicto, como el no combatiente, la población, sitios y símbolos protegidos, etcétera. Por otra, definir qué es una acción militar. Todo acto en contra de tales reglas, significan pasar la barrera que distingue un cuerpo armado legítimo y una banda –organizada o no- armada. Esto, indudablemente es objeto de la justicia penal militar, pues quienes infringen las normas, traicionan gravemente a la fuerza pública, llevándola a su descrédito. Pero, en las declaraciones públicas de los oficiales –generales y almirantes, principalmente- nunca se escuchan voces en este sentido. Únicamente el temor de que sus subalternos sean juzgados por tribunales civiles. Con ello, la imagen que transmiten es que quien no es militar, es un enemigo potencial y, en estas condiciones, la cautela obliga a restringir el alcance de sus fueros.

Algunos han señalado que Colombia requiere de una legislación dirigida específicamente a regular la vida nacional en escenarios de conflicto. Aducen que no es posible enfrentar la guerra, con reglas de paz. Eso es cierto. Quienes llevan los hechos hacia el conflicto y se organizan para mantener un conflicto armado, no pueden pretender que el Estado no actúe en consecuencia. No obstante, conflicto no significa patente de corzo. Y el país ha de ser muy cauteloso a la hora de dar el paso. Cautela que requiere de otras acciones para recuperar la confianza. El primero de ellos, dar respuestas sensibles a las decisiones internacionales en materia de derechos humanos. Al igual que la fuerza pública debe ser respetada en tanto que autoridad, ellos también deben respetar la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Edición N° 00330 – Semana 23 al 29 de Noviembre de 2012

1 3 de septiembre de 2012.

2 Párrafo 240

3 Párrafo 244

 
 
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