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El “elegido” reelegido: Los retos de la Procuraduría bajo la segunda dirección de Alejandro Ordóñez

  Nelson Camilo Sánchez
  Profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de Dejusticia - @NCam2ertil0sanchez
   
 

Si nada extraordinario ocurre, la próxima semana el Congreso de la República elegirá a quien ocupará la dirección del Ministerio Público en Colombia. Para ser más preciso: si nada extraordinario ocurre, la próxima semana el Congreso de la República reelegirá a Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador General de la Nación.

Pese que ha sido uno de los procesos más cuestionados de los últimos tiempos por su falta de legitimidad y hasta por serias denuncias de ilegalidad, la selección del Procurador General está más que cantada. Por un amplio margen y con el apoyo de distintos sectores políticos Ordóñez se impondrá de nuevo en el Congreso.

Como diría alguna vez María Jimena Duzán para referirse a la segunda reelección de Uribe: este proceso ha tenido más vicios que Maradona y Pambelé juntos. Para empezar, durante casi toda la contienda fue una carrera de un solo candidato, que fue elegido por la Corte Suprema rompiendo una práctica de transparencia y meritocracia que se había auto impuesto este tribunal a partir de las convocatorias públicas.

Este proceso además reelige a un funcionario que tiene un poder incontestado e ilimitado de nominación burocrática que habría usado para mantenerse en el cargo. No solo eso, se reelige al candidato que en su primera candidatura había prometió promover una modificación de la forma como se elige al Procurador, pero que una vez llegó al puesto olvidó su incómoda promesa.

Las dudas más certeras sobre la legalidad del proceso han sido presentadas con detalle por Rodrigo Uprimny, quien en varias columnas ha argumentado que Ordoñez ha nombrado en cargos de libre nombramiento y remoción a familiares muy cercanos de magistrados de la Corte Suprema competentes para intervenir en su designación, con lo cual se violó el artículo 126 de la Constitución. Estas denuncias han sido corroboradas por una reciente historia publicada en el portal digital La Silla Vacía titulada “Los seis nombramientos que podrían enredar a Ordóñez”, realizada tras un juicioso trabajo de investigación que incluyó derechos de petición y el procesamiento de información sobre los funcionarios nombrados durante los últimos cuatro años en esa entidad.

El ungido candidato no contestó a ninguno de estos cuestionamientos. El Congreso, la instancia que finalmente lo elige, tampoco le preguntó al respecto. Así, sin ninguna discusión de fondo, si quiera para dar un debate público sobre la primera administración de Ordóñez, nos esperan al menos cuatro años más de esta dirección de la Procuraduría.

Es de esperar que la reelección traiga una continuidad de las agendas y los cuestionados énfasis que ha tenido esta administración (como por ejemplo, el hostigamiento a las minorías sexuales y a las mujeres que buscan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos). Para que la acción de este ente tan poderoso no se quede en lo mismo, aquí van algunas de las materias en las que bien podrían canalizarse los esfuerzos, recursos y esfuerzos de la Procuraduría en los próximos cuatro años. Las divido en dos, empezando por las más trascendentales y poco probables, para luego tratar otras (improbables también, es cierto) pero que requieren de menores modificaciones institucionales.

Los debates que nos debe la Procuraduría después de la Constitución de 1991

Al menos tres interrogantes sobre el diseño institucional de la Procuraduría han quedado pendientes desde la expedición de la Constitución de 1991: su existencia con respecto a otras instituciones estatales que cumplen funciones similares, la forma en la que se elige a su cabeza, y el vació respecto de la admisión o no de la reelección inmediata de su dirección.

El primer aspecto ha sido igualmente expuesto por el profesor Uprimny, quien cuestiona la función que debe cumplir la Procuraduría hoy en día cuando existen entidades que cumplen responsabilidades similares a las que concentra la Procuraduría (la Defensoría del Pueblo en el rol de la protección de los derechos humanos, la Fiscalía General en cuanto al rol de representación de la sociedad en los procesos judiciales, las entidades de control interno en cuanto a las facultades disciplinarias de los funcionarios, etc.). Bien podría ser la propia Procuraduría la que abra el debate público y político sobre la verdadera necesidad de mantener una entidad con un poder tan grande como su burocracia y su costo.

El segundo aspecto de fondo es el procedimiento que fijó la constitución para la selección de quien encabeza la Procuraduría. No solo el hecho de que el elegido sea el juez disciplinario que elige es muy problemático (como lo creía Ordoñez hace cuatro años), sino que esta elección ha demostrado que esta situación también afecta a quienes participan de la construcción de la terna, como sucede hoy con ese limbo legal que vivimos en donde ni el Consejo de Estado ni la Corte Suprema pueden investigar al actual Procurador por haberlo previamente designado.

La tercera cuestión, que se suma a la anterior, es el silencio sobre la aceptación o no de la reelección inmediata del Procurador. Como no está expresamente prohibida, se ha entendido que el silencio constitucional es una admisión tácita, lo cual ha demostrado con creces su inconveniencia institucional. Ya hay un proyecto de ley que pretende modificar la situación, la Procuraduría bien podría apoyar a que esta alternativa sea discutida ampliamente.

En donde hoy se requiere una Procuraduría activa

Frente a estas dudas que van desde lo estructurales hasta el día a día, pasando por una crisis de legitimidad y amplios cuestionamientos sobre la legalidad de la elección, a la Procuraduría no le queda otra opción: debe concentrarse en demostrar la importancia y utilidad de la intervención judicial del Ministerio Público en el país. Algunas acciones urgentes con las que podría empezarse esta tarea deberían incluir:

  • Promover al máximo la carrera administrativa y reducir a un número mínimo la cantidad de nombramientos de libre remoción. Sobre todo implementar concursos de mérito para cargos altos que abundan en la entidad como los de Procurador Judicial II.
  • Propiciar un marco legal que garantice una investigación disciplinaria que sea respetuosa de los derechos de los procesados, que sea transparente y que no pueda manipularse para persecuciones políticas.
  • Cumplir con su función de cabeza del Ministerio Público respecto de las personerías municipales, que en muchos casos se han convertido en ruedas sueltas del Estado, pero que son vitales para la democracia local.
  • Contribuir como ente de control y preventivo en el proceso de reparación de víctimas y de restitución de tierras, en donde la supervisión se ha relegado a los esfuerzos de control político realizados por el Senador Robledo, pero en donde la Procuraduría tendría mucho para aportar.
  • Redistribuir de manera balanceada el presupuesto para cumplir la función de garantía de DDHH de tal suerte que agendas establecidas por esta administración, como la lucha contra el aborto sea mucho menos representativa y la defensa de los derechos de millones de personas sea realidad. Que esta sea una propuesta de visión institucional conocida y a la que se le pueda hacer seguimiento y control político y ciudadano.

Las propuestas no son nada nuevas, y muchos menos, originales. Es cierto. Pero, hoy más que nunca están vigentes y definirán no sólo la forma en la que se evalúe la Procuraduría del período 2012-2016, sino la legitimidad de este órgano en nuestra estructura institucional y democrática.

Edición N° 00330 – Semana 23 al 29 de Noviembre de 2012
 
 
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