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La mala hora de Santos en las encuestas

  Gabriel Bustamante Peña
  Asesor del área jurídico – política de la Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Las encuestas son una fotografía del clima de percepción pública en un momento preciso, y marcadas por hechos coyunturales de opinión. Por eso, estas herramientas de medición de la aprobación ciudadana, tomadas en su justa proporción son elementos valiosos para los gobiernos u otras instituciones, a la hora de responder a las necesidades y expectativas de la población.

Sin embargo, darles demasiada importancia, o una inapropiada aplicación al uso de las encuestas en, por ejemplo, la ejecución de las políticas públicas, puede dar por resultado la desarticulación de las mismas, ante el afán malsano de complacer a la masa encuestada, o el peligro de caer en un ejercicio narciso del poder, mediado por el deseo compulsivo de popularidad de un mandatario.

De todas formas, las encuestas proyectan un estado de ánimo y de preferencia poblacional que debe ser tenido en cuenta, tanto para analizar el desarrollo de ciertos hechos políticos de coyuntura, como para enmarcar su desarrollo histórico en el campo de la percepción ciudadana. Percepción que termina definiendo el grado de aprobación o no de una medida (y por ende del gobierno que la toma), mucho más allá de sus efectos reales sobre la sociedad.

Con estas observaciones, el análisis de la más reciente encuesta de opinión pública: “Colombia Opina, la Gran Encuesta”, realizada del 23 al 25 de noviembre por IPSOS NAPOLEÓN FRANCO, a petición de la Alianza de Medios conformada por RCN Radio, RCN Televisión, la FM y la Revista Semana, debe ser estudiada en contexto y reposadamente, tanto por los actores políticos gubernamentales, los actores sociales, la academia y los sectores involucrados en procesos tan importantes como los diálogos de paz, con el fin de advertir problemáticas potenciales, corregir errores de comunicación pública, y sobre todo, para diseñar estrategias de actuación para encontrar sintonías con las percepciones ciudadanas que se descubran en las mediciones observadas.

De los datos de la encuesta cabe destacar una afectación de la imagen de todas las instituciones, que en gran parte se debe al clima de irritación nacional ante el fallo de la Haya, que dio como resultado la pérdida jurídica de gran parte de la porción marítima y aérea que tiene Colombia en el Archipiélago de San Andrés.

Ante esto hay que anotar que un hecho de tanta relevancia en la opinión pública, que alborota fuertemente los ánimos patrioteros de las masas, es un fuerte factor de perturbación de la percepción de otros problemas políticos, que sin tener relación con el conflicto limítrofe, terminan involucrados y perjudicados por la ola emocional de pesimismo generalizado.

Sin embargo, cabe destacar que la justicia es la institución con más bajos niveles de aceptación y credibilidad en esta encuesta, ya que tan sólo 19% de los colombianos dicen confiar en ella; seguida del Congreso de la República, con tan sólo el 20% de credibilidad, situación que se explica en parte ante el rechazo reciente que generó el proyecto fallido de reforma a la justicia.

Preocupa la caída de aceptación de las Altas Cortes, en especial de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, con niveles de más del 70% de desconfianza ciudadana y con tendencia al aumento, situación posiblemente explicada también por la reforma a la justicia, pero acentuada con el escandaloso proceso de relección del Procurador General de la Nación, que involucró en coimas y clientelismo tanto al Consejo de Estado, la Corte Suprema y al Congreso. Además, la percepción ciudadana parece evidenciar los cambios de actitud en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios en la Corte Suprema, cuya punta del iceberg en medios fue la exclusión del Magistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez, de este Alto Tribunal.

Ahora, que en esta encuesta el 69% de los colombianos piense que el país va por mal camino, y solo el 34 % por buen camino, es un dato preocupante, pero que dependerá su evolución en la forma como termine el problema de San Andrés, y el tratamiento de acción y de percepción que le de el gobierno al mismo. Ahora, este hecho político fronterizo ha servido a la oposición, especialmente al ex Presidente Uribe y a los uribistas, para exacerbar los ánimos y colocar trampas al actual gobierno llamando a soluciones radicales, a la vez que se critica en el mismo discurso el proceso de paz con las FARC.

En contexto, en el gobiernos de Samper los índices de percepción de que el país iba por buen camino cayeron hasta al 8% (consecuencia de la ingobernabilidad generada por el proceso 8.000), y con Pastrana no mejoraron mucho, ya que, incluso empezando el proceso de paz, su pico máximo de optimismo fue de tan solo el 23%.

Por el contrario, con el ex presidente Uribe se generó un clima de unanimidad frente a la guerra (la orgía de la guerra), el odio vindicativo contra las FARC, luego del fracaso del Caguán, generó niveles de aceptación a Uribe del 70%, y de optimismo superiores al 50%, que incluso alcanzó su pico máximo con la operación Jaque, donde el 87% de los colombianos manifestó que Colombia iba por buen camino y la imagen favorable de Uribe llegó al 91%.

Sin importar el desempleo, las chuzadas, la parapolítica, la crisis de la salud e infinidad de problemáticas, la percepción ciudadana se volcó a apoyar al presidente Uribe, quien preso de las encuestas de popularidad exigió mantener un ritmo de guerra y de resultados insostenible, lo que muy posiblemente presionó a fenómenos como los falsos positivos y las falsas desmovilizaciones, así como a cálculos políticos nefastos como planear su perpetuación en el poder a través de un referendo constitucional, en un claro ejemplo del mal uso de las encuestas a la hora de definir y proyectar políticas y decisiones públicas.

En cuento a las problemáticas manifestadas por la población, pese a los esfuerzos del gobierno, el desempleo sigue siendo el principal problema que evidencia la encuesta, con un 37% de priorización ciudadana, seguido de la bandera de oposición uribista, la inseguridad, con un 33%; en tercer lugar el costo de vida, y en un lejano cuarto lugar, a pesar del despliegue mediático del proceso de paz, se encuentra como problema priorizado la violencia y ausencia de paz.

Obviamente, escenarios de guerra interna o externa, generan factores de cohesión y aprobación mucho más intensos ante la presencia de un enemigo unificador, sobre el cual se construye un modelo político, en el caso del gobierno de Uribe la guerra contra las FARC, en el caso de Bush, la guerra contra Al Qaeda, e incluso, en caso de Ortega, la disputa y triunfo de Nicaragua contra Colombia.

Lograr aprobación con la guerra es un ejercicio explosivo y de resultados contundentes a corto plazo, el líder-guerrero es por consecuencia popular, el problema es que no se puede construir ni un modelo de desarrollo, ni avanzar en la situación social, ni económica por esta vía, y la perpetuación de un modelo político bélico, termina siempre en degradación y corrupción.

Apostarle a la paz es menos llamativo para un gobernante, más riesgoso para su imagen, pero es la salida más prudente e inteligente para resolver los problemas a mediano y corto plazo. La paz no genera tanto entusiasmo, y por el contrario es fácilmente presa del escepticismo, más aún en la trágica historia colombiana, llena de fracasos, falsas expectativas y frustraciones. Por eso, el bajonazo de aprobación al proceso con las FARC, que en septiembre tenía un 77%, y en noviembre 25 un 57%, es muestra clara de la fragilidad del apoyo ciudadano, lo que exige al gobierno y a las FARC, realizar un proceso lo más corto posible, discreto y con resultados concretos de pronta comunicación, ya que hay muchos intereses, incluso dentro del gobierno, de que el proceso falle.

Por último, cabe destacar datos curiosos como que las BACRIM tengan un 6% de imagen favorable, y con tendencia al aumento. Que en San Andrés, donde se vivirán las consecuencias del fallo de la Haya, la percepción de que el país va por mal camino (66%) es menor que en el resto del país, y que en la percepción ciudadana, los culpables de la pérdida del mar del archipiélago son en su orden: el equipo negociador, el ex presidente Uribe y Pastrana, y sólo de cuarto involucran a Santos.

Edición N° 00331 – Semana de Noviembre 30 al 6 de Diciembre de 2012
 
 
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