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Reflexiones a propósito del “Reprocurador”

  Henrik López
  Profesor universitario
   
 

El Sr. Ordoñez ha sido relegido como Procurador General de la Nación. Se ha acusado a la Corte Suprema de Justicia y al Senado de la República de ser corruptas. La primera, por apoyar a un candidato que había nombrado familiares de magistrados dentro de la Procuraduría y al segundo, por clientelismo o falta de independencia. Es posible que así sea, pero mientras no se investigue a fondo, tema que deberían asumir los medios dadas las dificultades institucionales para adelantar la investigación (Corte Suprema de Justicia a Congresistas y viceversa), nos quedamos en la probabilidad. El “Reprocurador” ha dicho que su re-elección demuestra que “opinión pública no es la opinión publicada”1, lo cual recuerda al tufillo del “estado de opinión”. Pero más allá de estos asuntos, la existencia de un “Reprocurador” como Ordoñez, debe llevar a varias reflexiones. Aquí van tres.

La primera tiene que ver con el Congreso de la República y, en particular, el Senado. Los Congresos y Parlamentos han visto cómo su función ha cambiado a lo largo de los años. No se trata de un cambio normativa, pues sigue ejerciendo como legislador, sino político. Las leyes se diseñan y consolidan en espacios extra-congresariales –en instancias gubernamentales, en grupos de presión, etc.-, de manera que la función legislativa se convierte, en muchos casos, en un mecanismo de legitimación de decisiones adoptadas en otras instancias o en la oportunidad para introducir pequeños ajustes, que responden a intereses puntuales, pero que no definen la estructura y contenidos más relevantes.

En este escenario, el control político adquiere una relevancia máxima. El gobierno de las leyes requiere que no sólo exista una garantía de actuación pública conforme a la ley, sino, además, que los órganos representativos sean canalizadores de intereses ciudadanos, tomados de distintas voces ciudadanas y demanden de quienes ejecutan las políticas públicas –como el Procurador- una rendición de cuentas y realicen una verificación del grado de ejecución de las mismas.

El caso del “Reprocurador” es un buen ejemplo de la inexistencia de este control. De la total falta de aquello que los anglosajones llaman accountability, y expresión de la falta de transparencia en el funcionamiento del sistema político y estatal colombiano. Que se sepa, la elección (la relección) se realizó sin que previamente se hiciera una revisión (cosa que no ha ocurrido en otras ocasiones, cabe recordar) de su actuación al frente de la Procuraduría, ni mención alguna a su conducta y postura frente a los derechos humanos. El Senado de la República se limita a elegir, sin demandar que el elegido sea responsable por lo que ha hecho o por lo que pretende hacer. Nada de esto importa. Es posible que la agenda paralela (por no decir oculta) sea la que determine estos asuntos. La cuestión es que debería ser abierta. ¿Qué problema existe en que se pongan las cartas sobre la mesa? ¿No es preferible saber cuales son los verdaderos intereses que se mueven y, así, poder valorar si ellos son admisibles o no en la democracia colombiana?

Estas preguntas llevan a una segunda reflexión. Esta trata sobre el sistema de elección de los altos dignatarios, no sólo el Procurador. Luego de su relección, algunas voces han apostado por eliminar la relección del Sr. Procurador. La verdad, si es posible o no su relección no es relevante. Más importante son las condiciones de postulación y elección. En la actualidad el modelo es profundamente oscuro, veamos. Para la postulación unas autoridades o bien reciben hojas de vida y las someten a unas votaciones secretas o, de la nada, aparece, como expresión de poderes plenos, un integrante de la terna. En suma, aunque haya algunos atisbos de transparencia en su nominación, en realidad es un proceso secreto, que responde, no al mérito, sino a la oportunidad política. Que los magistrados no se rasguen las vestiduras ahora, porque, podrían alegar, se conocen las actas de votación o porque se reciban hojas de vida de todo perro y gato. La cuestión es que los criterios de valoración de tales hojas de vida no son conocidas. Las votaciones y expresiones de las valoraciones, tampoco son conocidas. ¿Por qué les pareció tan bueno el Sr. Ordoñez? Vaya uno a saber. Lo mismo para el Sr. Presidente de la República.

Una vez integrada la terna, que, de paso, se integra en cualquier momento, rompiendo de esta manera con toda igualdad (igual derecho a ser elegido), el Congreso, o bien escucha a los ternados o pasa a votar. ¿Qué les interesa a los, en este caso, Senadores? ¿Qué hace que un ternado sea preferible a otro? Nuevamente, lo único que podemos hacer son cábalas.

Si en lugar de este proceso secreto y oscuro optáramos por uno más transparente. Por ejemplo, un proceso de selección objetivo, donde se valorara –como en cualquier proceso de selección de personal- la hoja de vida y aptitudes del candidato y luego se diera un espacio para la valoración política (que, no podemos desconocerlo, es necesario). Donde cada elector dejase constancia de las razones de su voto. Por ejemplo, resultaría legítimo que en caso de empate en los factores objetivos, los partidos se decidieran por razones ideológicas y que el país supiese cuales son esas opciones ideológicas que han incidido en la elección. Así, suponiendo –pues no conocemos a fondo las aptitudes de la última terna- que los tres ternados tuviesen iguales aptitudes objetivas, los partidos que han definido la tesis antiabortista podrían, por esta razón preferir al Sr. Ordoñez.

Esta posibilidad nos lleva a la última reflexión. ¿Qué va a pasar con las minorías? ¿Qué pasará con los derechos humanos y los derechos fundamentales? Pues tristemente el Senado de la República no hizo, como es su deber hacerlo, control alguno sobre la postura de los ternados sobre estos temas. Esto habría permitido que, por ejemplo, se conociese si el Sr. Ordoñez considera que expresiones, como aquellas emitidas por el H. Senador Gerlein son compatibles con una democracia constitucional o no; si el DIH debe ser el único parámetro para juzgar a los militares; si Colombia ha cumplido debidamente las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si la protección de los DESC debe sacrificarse para proteger la política monetaria.

En muchos campos el país conoce al “Reprocurador”. El mismo ha sido claro en su visión restrictiva de la protección de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. También frente al matrimonio homosexual. Esta postura ha debido ser objeto de debate. El cargo de Procurador significa un compromiso, no sólo con la disciplina de los funcionarios estatales, sino también con la defensa de los derechos humanos. ¿Qué peso tiene este compromiso en la política colombiana? Al parecer, para los padres de la patria, los derechos humanos son una muletilla y por eso no tienen problema alguno en relegir a alguien para quien también lo son. El Sr. Reprocurador no puede escudarse en el argumento de defensa del derecho a la vida para demostrar su compromiso con los derechos humanos. Por la manera en que lo ha expresado, es simple intento por imponer una visión religiosa, que él defiende. Al primar su visión moral y al apoyar el Congreso –sin debate alguno- la pretensión de mantener dicha visión moral en el Ministerio Público, la integridad de los derechos humanos pasa a un segundo plano. Falta saber si el problema es de lectura, pues es posible que donde se escriba Ministerio, se lea Misterios y donde aparece Público, entienda Pastoral. Como todo es oculto, todo cabe.

Edición N° 00332 – Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2012

1 Citado por El Espectador. Artículo “La ‘cuenta de cobro’ del procurador Ordóñez”. Publicado el 28 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-389551-cuenta-de-cobro-del-procurador-ordonez

 
 
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