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Por qué debe incrementarse el salario mínimo por encima
del IPC de la población de ingresos bajos

  Héctor Vásquez Fernández
  Escuela Nacional Sindical
   
 

Por un problema de justicia y equidad

En octubre de este año, el presidente Santos reconoció ante todo el país, “que somos unos de los países más desiguales de todo el planeta, pertenecemos a esa vergonzosa lista…”, e ilustraba tal condición mostrando una gráfica con el indicador que a nivel internacional se usa para medir cómo se distribuye el ingreso, el índice de GINI, que para Colombia está en 0.57 y señalaba: “ entre más alto el indicador, más desigualdad, (…) nosotros, Colombia, estamos al lado de Haití, entre los países más desiguales de toda la región”.

La desigualdad a la que alude el presidente Santos, es la desigualdad en los ingresos, es decir, qué tanto del ingreso nacional se va para los trabajadores bajo la forma de ingresos laborales; o también, qué tanto del producto interno bruto corresponde a los trabajadores. Una ecuación que es consecuencia de la política de salarios que han impuesto las elites gobernantes y empresariales, que hacen que Colombia presente niveles de pobreza que afectan al 40% de la población.

En el 2011, el producto interno bruto (PIB) en Colombia, a precios corrientes, sumó 615.7 billones de pesos, de los cuales el 26.3% estaba constituido por los ingresos laborales de 17.9 millones de trabajadores remunerados, con un ingreso mensual promedio en el 2011 de $752.798, según el resultado que arroja la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

Esta baja participación de los ingresos laborales en el producto interno, es consecuencia de la política de contención de los salarios que han impuesto las élites gobernantes. Aunque en los últimos 8 años la economía colombiana creció a una tasa promedio del 5% anual, el salario mínimo apenas se incrementó en una tasa real del 1.1% promedio anual. La consecuencia de esta diferencia, es que el mayor crecimiento de la economía ha favorecido principalmente al capital, lo que incrementa la brecha de la desigualdad social y de ingresos que caracteriza la sociedad colombiana.

En el último año la economía creció 5.9%, pero este crecimiento no se tradujo en una mejora significativa de los ingresos de los trabajadores: ahora las personas que trabajan y reciben menos de un salario mínimo ya no son el 50.5% del total como en 2010, sino el 49.2%, y por debajo de dos salarios mínimos, ya no se ubica el 85.3% de la población trabajadora, sino el 84.5%, una variación que no es para nada significativa, si además del crecimiento de la economía agregamos los compromisos que Santos firmó con Obama, en los que se comprometía, entre otros, a incrementar el número de inspectores del trabajo y a promover los derechos de libertad sindical, dos factores que son absolutamente necesarios para evitar la burla de la ley en relación con el salario y para mejorar la distribución del ingreso.

El cuadro que sigue ilustra cuál es la estructura de ingresos que tenemos en Colombia, una información que resulta clave a la hora de definir políticas públicas de redistribución del ingreso:

Por ramas de la economía, la situación más precaria en relación con los ingresos se da en el sector agropecuario, en donde el 73% de quienes trabajan allí están por debajo de un salario mínimo. En este sector, los trabajadores en peores condiciones son los de actividades pecuarias, los de silvicultura y extracción de maderas y los de la pesca y producción de peces, que no cuentan con organizaciones sindicales que reivindiquen sus derechos, y en donde los niveles de informalidad son bastante altos. Esta situación se refleja en una pésima distribución de la riqueza que se genera en estos subsectores, como lo indica el informe del DANE sobre los componentes del PIB, en donde de cada $100 de valor agregado, o de la nueva riqueza producida en cada uno de estos subsectores, a los trabajadores apenas les corresponde $14,5, $18 y $19, respectivamente.

Le sigue el sector del comercio, hoteles y restaurantes, en donde el 54% de las trabajadoras y trabajadores devenga menos del mínimo. Este también es un sector con un alto componente de informalidad, 69% para las 13 áreas metropolitanas, según el DANE, un indicador que puede llegar al 80% si se agregaran las cifras de todos el país, pues la precariedad de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en estos sectores, es bastante visible en la mayoría de los municipios del país, en los que la presencia del Estado, bajo la forma de inspectores del trabajo que aseguren el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, es prácticamente inexistente.

Hasta dos salarios mínimos se ubica el 84.5% de la población trabajadora colombiana, un indicador que explica la persistencia de altos niveles de pobreza en Colombia, la que afecta al 40% de la población, y también la alta tasa de global de participación1, 63.7% para todo el 2011, pues los bajos ingresos laborales empujan a otros miembros del hogar a rebuscarse un lugar en el mercado laboral desde donde ayudar a mejorar los ingresos, un factor que, a su vez, explica también porque son tan altos en Colombia los niveles de desempleo de la población joven y la alta tasa de trabajo infantil.

Una consecuencia de esta situación, es el vergonzoso lugar que Colombia ocupa en el ranking de desarrollo humano que documenta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que ocupamos el puesto 87 entre 187 países, un indicador que al ajustarlo con el índice de desigualdad nos manda 24 puestos atrás. Esta situación la ratificó uno de los expertos que más ha investigado las características del mercado laboral colombiano, que al ser consultado por la Revista SEMANA afirmó: “En la dimensión económico-social, según Núñez, la Encuesta de Calidad de Vida registra un récord que pocos países ostentan: en Colombia, el 10 por ciento más rico de la población se queda con la mitad del PIB mientras al 10 por ciento más pobre apenas le caen de la mesa las migas del 0,6 por ciento del PIB. Para colmo, cada uno de los afortunados en la franja de los más pobres que tienen trabajo mantiene a seis personas en promedio, en tanto que los del tope de la pirámide sostienen solo a dos2.

Porque los costos laborales totales no tienen una participación incidente en la estructura de costos de la economía y de las distintas ramas de actividad económica

En contra de una política salarial que mejore significativamente el nivel de vida de la población trabajadora, y que además signifique afectar la enorme desigualdad que presenta Colombia en materia de ingresos, se ha argumentado siempre la existencia de unos supuestos altos costos laborales en nuestro medio, que les impiden a las empresas generar nuevos empleos y avanzar en la formalización del trabajo.

Un análisis de los datos del DANE sobre las cuentas de producción y de generación de ingreso, nos permiten tener una idea más clara al respecto.

Para toda la economía, la remuneración total de los trabajadores, que incluye el salario, las prestaciones sociales, los parafiscales y la seguridad social, representa el 19.36% del valor de la producción, o lo que es lo mismo, por cada $100 de producto, las empresas destinan $19.36 para cubrir la totalidad de los costos laborales.

Como lo indica el cuadro anterior, la participación más baja del factor trabajo en el producto final la tiene la minería, con el 8.49%, el sector de suministro de electricidad, gas y agua, con el 9.13%; la industria manufacturera, con el 10.83%; la construcción con el 11.54% y transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 12.17%.

Sectores que tienen una alta participación en el empleo como el comercio y la salud, presentan una incidencia del factor trabajo del 25.81% y el 31.73%, respectivamente.

Por su parte, los sectores con mayor incidencia de este factor en el producto, como la administración pública y la educación, tienen una explicación razonable, pues en ellos es el trabajo y no el capital, el factor fundamental de la actividad.

Lo que indican estos datos es que las distintas ramas de la economía tienen márgenes suficientes para mejorar ingresos laborales, incluyendo el salario mínimo. Ningún sector de la economía va a ver menguada su capacidad competitiva porque esto ocurra. La única consecuencia, es que mayores remuneraciones para los trabajadores significan menores ganancias para el capital, un resultado que pueden compensar con mejoras en la productividad del trabajo. Pero el país y la economía ganan, porque disminuimos desigualdad, y porque fortalecemos el mercado interno, y por tanto, la demanda de productos y de servicios a las empresas.

Porque mejorar significativamente los ingresos de los trabajadores fortalece el mercado interno y le da una base propia al crecimiento de la economía

En el 2011, el PIB alcanzó la suma de 615.7 billones, de los cuales, el consumo total consumo total más formación bruta de capital), representó la suma de 478.4  billones, el 77.7% del PIB. En este agregado, el consumo de los hogares alcanzó la suma de 379.6 billones, los que representan el 61.7% del PIB y el 61.0% del mercado interno. Y dentro del consumo de los hogares, 42.7% es remuneración de los asalariados.

Estos datos son claves a la hora de definir las estrategias de crecimiento económico, o el modelo de desarrollo, un asunto que las elites colombianas decidieron hace tiempo, sin diálogo social, cuando pusieron todo el énfasis en un modelo exportador, de apertura económica y de negociación de tratados de libre comercio.

A este modelo le es funcional una estrategia de contención de los salarios, pues se supone que así son más competitivos los productos que exportamos, con consecuencias sociales y económicas bastante evidentes: en materia económica, crecen más las importaciones que las exportaciones, lo que mantiene altos niveles de desempleo y una alta incidencia del trabajo informal, que para todo el país es de alrededor del 60%; y en el orden social, altos niveles de desigualdad, pobreza e indigencia, factores que como lo señala Stiglitz, hacen que el sistema económico sea menos estable y menos eficiente, que haya menor crecimiento económico y que se ponga en peligro la democracia.3

Un modelo así, es bastante sensible al comportamiento de la economía global, y si en estos últimos años no nos hemos visto afectados por la crisis económica de los Estados Unidos y de Europa, ha sido porque nuestras principales exportaciones, petróleo y carbón básicamente, siguen teniendo una fuerte demanda en los mercados internacionales, y porque el mercado interno ha sostenido la demanda de productos manufacturados y de servicios.

La alternativa es apostarle a un modelo de desarrollo que ponga el énfasis en las personas, en el trabajo, en la educación y el conocimiento, en el desarrollo de la infraestructura y de las tecnologías. En este modelo es clave mejorar los ingresos de los trabajadores, por su incidencia en el consumo de hogares y en el PIB, y por el efecto positivo que tienen sobre la demanda de productos y servicios, lo que estimula el crecimiento y crea condiciones para que las empresas mejoren su productividad y se disminuya la informalidad.

Edición N° 00332 – Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2012

1 Tasa global de participación (TGP): relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET). Este indicador refleja la presión  de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral y cuya fórmula es la siguiente: TGP = (PEA/PET) * 100. DANE, Metodología Encuesta de Hogares, 2009

2 Desigualdad extrema. Revista Semana, Noviembre 3 de 2011

3 Stiglitz, Joseph E. El precio de la desigualdad. Taurus. 2012.

 
 
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