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Ministro de Salud, defiende un modelo fracasado
y criminal con los pacientes

  Álvaro Efrén Córdoba Obando
  Director regional Antioquia, Corporación Viva la Ciudadanía dirantioquia@viva.org.co
   
 

Un poco menos que absorto y decepcionado quedó el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el pasado 14 de diciembre al escuchar la tan anunciada y esperada intervención del ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe, cuando en respuesta a los vehementes reclamos de distintos actores del sector para que tome el liderazgo del sistema y lidere los profundos cambios que requiere el modelo en crisis para abrirle paso a un proceso de transición hacia otro que le devuelva la dignidad a los ciudadanos, la confianza y credibilidad al Gobierno y una perspectiva esperanzadora y saludable para todos.

Desde distintos ámbitos y sectores de la salud se mostraron evidencias irrefutables sobre la perversidad de la intermediación financiera y la situación de emergencia de la red pública debido a los recursos que adeudan las EPS el manejo indebido a los recobros en el Fosyga. Como excelente economista representante de las corrientes neoliberales el Ministro expuso con justificados argumentos para el Gobierno y el establecimiento el proyecto de ley que tiende a condicionar y limitar la herramienta de la Tutela para reclamar el derecho fundamental a la salud, despreciando cualquier debate sobre las alternativas legislativas que cursan en el Congreso y cerrando su intervención con una frase lapidaria “Estamos demandando más salud que la que podemos Pagar”, sin ningún asomo de vergüenza y respeto por el nivel académico del auditorio, la condición de los pacientes, la angustiosa solicitud de los gerentes de hospitales y clínicas públicas o la indolente y cínica intervención de los industriales, negociantes e intermediadores privados de los recursos públicos para la salud.

Frente a los contundentes argumentos presentados por Néstor Álvarez de la Asociación de Pacientes de Alto costo, de la Asociación colombiana de Clínicas y Hospitales – ACHC, por medio de su representante Juan Carlos Giraldo, de la Asociación colombiana de Empresas Sociales del Estado e IPS Públicas – ACESI, a través de Olga Lucía Zuluaga de la Junta Médica Nacional, por medio de Germán Fernández de la Federación Médica Colombiana – FMC y de Saúl Franco en nombre de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T 760 de 2008, entre otros, el Gobierno Nacional representado en el ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe, arguyendo sofismas fundamentados y supuestos datos objetivos de análisis estadísticos, trató de demostrar que el sistema tiene algunas falencias expresadas en el flujo de los recursos, desconociendo el comportamiento alevoso de algunos de los actores y reclamando la responsabilidad de todos sin asumir la obligación constitucional y legal de retomar la rectoría, revisar las políticas gubernamentales y hacer los cambios que urgen para evitar problemas de mayor gravedad y conflictos sociales de mayor proporción.

No hay acuerdo, ni mucho menos un consenso en la comprensión del verdadero origen de la crisis del sistema, por lo tanto, Gobierno y agentes privados evaden la responsabilidad y evitan el debate que pone los dedos en la llaga para llamar un compromiso mancomunado para el diseño de un nuevo modelo de salud en Colombia, inspirados y comprometidos todos en torno el concepto y el enfoque de salud como derecho fundamental antes que una actividad comercial; un modelo alternativo al neoliberalismo y su expresión más abyecta en el sistema de salud y de la seguridad social en Colombia. No valieron las evidencias sobre la situación de hospitales y clínicas, el incremento de las enfermedades curables con planes de prevención básicos, la prevalencia de enfermedades crónicas controlables y las grandes sumas de dinero que los aseguradores adeudan a los prestadores de servicios y las entidades territoriales. El Ministro trató de convencer al auditorio de la necesidad y la conveniencia de incluir en la legislación un entramado, complejo y confuso de barreras y procedimientos para limitar el uso del mecanismo de la Tutela para la exigencia, garantía, protección y mantenimiento del derecho fundamental a la salud sobre el supuesto de que hay que salvar a los intermediarios financieros sin recuperar el recurso pública, antes que salvar la vida y cuidar la salud de los colombianos.

Resulta indignante escuchar a representantes de los aseguradores como el representante de SURA – EPS quien con datos estadísticos parciales y amañados pretendió en tono casi de chantaje al Gobierno y los representantes de los gremios y asociaciones, justificar el sistema actual en razón de una aparente acumulado de experiencia y conocimiento en torno a la situación general de la salud en Colombia, de una “capacidad técnica probada” y de una “eficiencia administrativa” sin comparación ni lugar a dudas.

La escasa ausencia de ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los sindicatos y usuarios víctimas del sistema, de los medios de comunicaciones masivos y alternativos, dan cuenta de que es un problema que no convoca a la mayoría de los colombianos, aunque lo padezcan y sufran en su gran mayoría. Por lo tanto, surge la pregunta como desafío pedagógico y político sobre la capacidad de las organizaciones y actores para informar y educar a la ciudadanía en torno a sus derechos; la corresponsabilidad en la defensa y lucha por su aplicación y garantía efectiva. Una acción pedagógica que acompañe y complemente el trabajo académico investigativo, la incidencia y el lobby ante los tomadores de decisión y la movilización ciudadana permanente, apelando a la ciudadanía activa, la desobediencia civil y el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y control social a la gestión pública como los derechos de petición, la tutela, la acción popular; la acción de cumplimiento, usando de manera creativa y efectiva las tecnologías y redes de comunicación e información para provocar y convocar gran movimiento de indignación nacional contra las mafias del sistema de salud.

Mientras cada uno de los sectores involucrados no logren ponerse de acuerdo sobre las verdaderas causas del problema, no hay perspectivas cercanas de resolver de una vez por todas la crisis de la salud en Colombia y por lo tanto evitar la enfermedad y la muerte por culpa de la ineficiencia administrativa y las mafias que cooptaron el Estado, pervirtieron las instituciones y se apropiaron de los recursos para el cuidado de la salud de todos los colombianos, tanto del régimen subsidiado como del contributivo sin que nadie haga algo para detener la expoliación del presupuesto público nacional.

Por lo tanto, la salida no puede estar sino en la movilización ciudadana que haga evidente la crisis del sistema, denuncie a los responsables de la misma y presione al Gobierno, al Congreso y a los organismos de control, incluidas la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para poner fin a un sistema que engendró un monstruo de inmensas proporciones que además de generar el mayor desfalco a la nación ha cobrado cientos de miles de muertos por el afán de lucro criminal de aseguradores y agentes intermediarios de los recursos destinados para el cuidado de la salud de todos los colombianos.

Edición N° 00334 – Semana del 21 al 27 de Diciembre de 2012
 
 
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