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Falencias de la ley 1537 de 2012, frente al derecho
a la vivienda digna de la población de desplazada

  Gabriel Bustamante Peña
  Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

La expedición de la ley 1537 del 20 de junio de 2012, por medio de la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, a pesar de sus falencias y obstáculos en materia de víctimas y coordinación territorial, constituye un avance importante en el debate y construcción de las nueva política pública de vivienda para las poblaciones vulnerables.

Esta ley, abre nuevamente la discusión sobre las reformas que deberán hacerse necesariamente a los programas de vivienda de interés social y de interés prioritario en el país, si se quiere avanzar hacia un marco incluyente en materia de hábitat y vivienda, romper con la enorme brecha de miseria y desigualdad, y cerrar el desproporcionado déficit de vivienda, que afecta especialmente a los sectores más pobres de la sociedad.

En este sentido, la ley 1537 de 2012, a pesar del poco impacto, tanto cuantitativo (número de viviendas frente al déficit1 ), como cualitativo (calidad de las viviendas y el hábitat) tiene su mayor acierto en el reconocimiento tácito del fracaso de la política de vivienda que, por más de 20 años, se ha sentado sobre entregar la oferta y el acceso de este derecho humano fundamental al mercado. Entrega, además acompañada de desacertadas medidas de incentivos, exenciones y garantías destinadas a beneficiar a sectores de la construcción y al sistema financiero, más no a los ciudadanos menos favorecidos.

Política que ha impedido la posibilidad de acceso al derecho a la vivienda y el hábitat digno por parte de los pobres, y que excluye a las víctimas del desplazamiento forzado, que, como comprueban diversos estudios, son los más vulnerables entre los vulnerables. Víctimas para las cuales no existe una política de vivienda diferencial, a pesar de los requerimientos de la Corte Constitucional al respecto, aspecto que la ley 1537 de 2012, no solo no contempla, sino que contradice.

La ley 1537 de 2012 pudo ser una excelente extensión al proceso de goce efectivo del derecho a la vivienda para la población desplazada, ampliándole sus beneficios a una parte de la población pobre en general (cien mil familias en principio). Lo anterior, porque la ley tomó gran parte de las soluciones planteadas para superar la política fallida de vivienda para los desplazados y dar cumplimiento a las órdenes de la Corte, y plasmó una política garantista para la población más pobre del país.

Mejor dicho, la Corte al tumbar la política pública de vivienda de interés social, y ordenar al Gobierno reformularla para cumplir los estándares internacionales de vivienda digna para los desplazados, implícitamente dejó al gobierno ante la disyuntiva de tener la obligación de construir una nueva política para la población desplazada, acorde a la dignidad humana, y dejar otra política indigna para la población pobre, o reformularla también.

La ley 1537 de 2012, pareció en un principio responder a esta necesaria ampliación, para los pobres en general, de estándares de calidad y de goce efectivo de derechos en materia de vivienda, derivados de la jurisprudencia constitucional para los desplazados. Sin embargo, la promulgación de la ley y su prioritaria y atropellada aplicación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, congelaron en la práctica la política pública diferencial, exclusiva y pertinente para hacer frente a la grave problemática habitacional de la población desplazada, y dejaron a un lado un proceso de construcción participativa y de tutela constitucional que venía desde el 2004, para volver a la situación anterior, tan criticada por la Corte, de colocar a las víctimas como una población más dentro de los pobres o vulnerables en las políticas de vivienda.

En el nivel nacional, la abrupta implementación de la ley 1537 trajo como consecuencia que el Ministerio de Vivienda suspendiera las convocatorias de proyectos de vivienda urbana para población desplazada, y se abandonara, en la práctica, el cumplimiento de las órdenes de la Corte para la superación del estado de cosas inconstitucional, en el goce efectivo del derecho a la vivienda para las víctimas.

En un lapso de tiempo supremamente corto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pasó de exponer a la Corte, a las organizaciones de desplazados, a los entes territoriales, a los órganos de control y a las organizaciones de derechos humanos su nueva política de vivienda, exclusiva y pertinente para la población desplazada (a finales del mes de febrero de 2012), a suspender la aplicación de dicha política y retroceder en la superación del estado de cosas inconstitucional, concentrándose en la aplicación arrolladora e inconsulta de la ley 1537, donde simplemente se estipulan unos cupos preferentes para la población desplazada.

Y en el nivel local, donde alcaldías y gobernaciones, que venían por órdenes de la Corte en un proceso de construcción colectiva de la política de vivienda en sus planes integrales de atención, PIU, los cuales fueron integrados a sus planes de desarrollo y, que en algunos casos, estaban ya involucrados en procesos de modificaciones urbanísticas para integrar a las víctimas socio-espacialmente a las ciudades, bajo un modelo de cooperación con la Nación2 , tuvieron que suspender toda la estrategia territorial de cumplimiento de la T-025 y de aplicación de la ley de víctimas en materia de vivienda, para correr a conseguir lotes urbanizados, y entregarlos al Ministerio, so pena de caer en la picota pública por no ser capaces de implementar el programa de las “cien mil viviendas gratis” del gobierno nacional en sus territorios.

Edición N° 00335 – Semana del 18 al 24 de Enero de 2013

1 En Colombia el déficit para la población vulnerable se estima en cerca de dos millones de viviendas.

2 Como es el caso de Bogotá, que incluyó la meta de 40.000 viviendas para las víctimas en su Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, con base en la nueva política de vivienda para la población desplazada del gobierno nacional, y cuya principal apuesta de integración urbanística y social es la re densificación del centro ampliado, como modelo de inclusión económica y social para las víctimas.

 
 
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