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El nuevo modelo de ciudad: difícil derrotar al de las privatizaciones

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Ante la propuesta de la revocatoria del alcalde Gustavo Petro y el debate de las basuras en Bogotá, pienso que ni los medios de comunicación, ni la opinión pública han enfrentado los problemas de fondo de las transformaciones que se han puesto en marcha en Bogotá. Me propongo a examinar en tres artículos los grandes dilemas a los que se enfrenta la administración de Gustavo Petro. El primero, es éste donde abordo el marco teórico y político de las transformaciones que se proponen, en el segundo me referiré al esquema de manejo de las basuras y en el tercero, a los “eficientes” organismos de control: Procuraduría, Fiscalía y Defensoría que quieren linchar al Alcalde y estos ¿qué hicieron y qué hacen con el desgobierno de Uribe?

El debate público sobre el nuevo modelo de recolección, reciclaje y disposición final de las basuras es apenas una parte, quizás la parte más pequeña en términos de valor que envuelve el debate sobre el nuevo modelo de ciudad propuesto en el plan de desarrollo por Gustavo Petro y aprobado por abrumadora mayoría en el concejo de la ciudad como Plan de Desarrollo para la ciudad 2012-2016, Bogotá Humana.

Los tres ejes propuestos en dicho plan de desarrollo (1) la reducción de la segregación social y la discriminación: el ser humano como el centro de las preocupaciones del desarrollo, (2) el territorio que enfrenta la variabilidad climática y se organiza alrededor del agua y (3) la defensa y fortalecimiento de lo público, marcan un paso adelante en la fijación de los objetivos de política pública para la construcción de una ciudad más humana y más democrática. Hay que recordar que durante los últimos años en el mundo y en Colombia en general  y en Bogotá en particular, se puso en marcha un modelo neoclásico de mínima participación del gobierno de la ciudad en la provisión de los servicios públicos, la reducción de la intervención del gobierno a la regulación de los actores privados, la no intervención en términos de industrialización de la ciudad o de limitación a la expansión y crecimiento horizontal de la ciudad y de su área conurbada, la entrega a los privados (curadurías urbanas) para el otorgamiento de las licencias de construcción, en fin, un modelo en el cual todos los méritos y las virtudes estaban del lado de los actores privados y todos los defectos del lado del sector público. La ideologización de la discusión impidió un debate a fondo de los problemas del sector público clientelizado y corrupto, herencia del modelo de gobiernos nombrados a dedo y que sólo fue cambiado por la reforma constitucional de 1986 y la elección popular de los alcaldes en 1988.

Es verdad que la ciudad avanzó durante los últimos 20 años desde la administración de Jaime Castro en varios aspectos fundamentales tales como el fortalecimiento de sus finanzas públicas, avances significativos en la cobertura en materia de educación, salud, atención a la población vulnerable, y defensa en materia de espacio público como la puesta en marcha de la red de parques distritales y la red de bibliotecas públicas, pero, al mismo tiempo continuó el rezago en materia de movilidad urbana, segregación social del espacio construido, precarización del empleo, desindustrialización de la ciudad, baja oferta de vivienda de interés social, deterioro ambiental (atrasos considerables en el plan de saneamiento básico del río Bogotá, escasa protección de los cerros, deterioro ambiental por contaminación, etc.). Precisamente donde acierta el programa de gobierno del alcalde Petro es que reivindica lo que los estudiosos de la ciudad de la era del neoliberalismo recomiendan hoy. “Regular y orientar el desarrollo de la ciudad de forma tal que pudiera ofrecer a todos los habitantes los bienes y servicios que necesita para vivir, trabajar, educarse, ocupar el ocio, movilizarse, ser atendido (salud, pobreza, etc.), sentirse seguro, ser reconocido por los otros y poder interactuar en el espacio público. Son los valores funcionales y éticos orientadores del urbanismo, por lo menos sobre el papel. Y la segunda razón, menos evidente pero muy presente en la mayoría de los urbanistas más cualificados: contribuir a promover mediante el urbanismo las reformas sociales que hicieran la ciudad (la sociedad) más justa y solidaria y a los ciudadanos más libres y felices”1.

Los estudios más recientes sobre la ciudad como aquellos que sirvieron de base para la formulación de una política pública económica para la ciudad (decreto 064 de 2011) dejaron un diagnóstico muy completo sobre el situación fiscal de la ciudad, en que se destaca la necesidad que la ciudad comience a cobrar la plusvalía urbana puesto que la gran reforma fiscal del año de 1992 y 1993 ya se ha agotado y se requieren con urgencia nuevos recursos, dejo claro el proceso de terciarización de la ciudad y la desindustrialización de la misma, el atraso en la movilidad y la necesidad de construir un sistema integrado de transporte en que se privilegie el transporte público sobre el vehículo privado, la necesidad de formalizar el empleo y reducir el subempleo y la informalidad, en que el propio distrito reforme su planta de personal y sean enganchados los trabajadores precarizados que dejaron las reformas de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa frente a las cuáles no se hizo nada en las administraciones de Luís Eduardo Garzón y Samuel Moreno, la necesidad de trabajar frente a la crisis ambiental de la ciudad, la necesidad de avanzar en la educación preescolar y de mantener la universalidad y gratuidad de la educación media y básica así como en mejorar y mantener los avances logrados en atención a la población desplazada que llega a la ciudad y a la población vulnerable. Todo ello llamaba a una revisión profunda de la concepción y los límites que las teorías neoclásicas le han impreso al gobierno de la ciudad.

Y precisamente el Plan de Desarrollo de la administración de Gustavo Petro contempla apuestas y propuestas de política pública en éstas materias. Muchos de los problemas que enfrenta tienen que ver con las nuevas funciones y atribuciones que quiere imprimirle al gobierno de la ciudad. El cobro de la plusvalía urbana fue aprobado en el Plan de Desarrollo para tratar de obtener los recursos nuevos que requiere la ciudad para el financiamiento de las grandes obras de infraestructura en materia de movilidad y para la construcción de vivienda de interés social, el plan contempla la densificación de la ciudad, lo que los urbanistas llaman la ciudad compacta que resulta mucho más funcional y más integrada socialmente. Pero ello choca con la oposición de los terratenientes urbanos y del sector financiero ligado a la industria de la construcción que se apropian privadamente de la plusvalía que se crea socialmente. Ya los hemos oído diciendo que la construcción ha tenido una caída muy fuerte y que los tiburones financieros ligados a la construcción de la vivienda suntuaria se irán de la ciudad como resultado de que el gobierno de Petro ha decidido el cobro de la plusvalía urbana. Al prohibir la venta de agua en bloque el gobierno de Bogotá quiere promover la protección de la sábana y limitar el crecimiento en la periferia, pero, también se ha dicho que es una salida autoritaria que afecta sus relaciones con el departamento y con los municipios que forman el área conurbada de la misma.

Se ha dicho que la propuesta de construir un sistema masivo que complemente el metro pesado y que se ha dado en llamar el tranvía por la carrera séptima es improvisada y ahora que con recursos de la Corporación Andina de Fomento, CAF, se inician los estudios de prefactibilidad para este sistema complementario que se construiría en 36 meses, esos medios de comunicación, casi todos, guardan silencio y ahora se quejan de que el propio Petro no alcanzará a inaugurarlo si terminará su período en medio de las investigaciones abiertas por la Fiscalía y por la Procuraduría por la implementación del nuevo modelo de atención a las basuras en la ciudad.

Edición N° 00335 – Semana del 18 al 24 de Enero de 2013

1 Borja, Jordi. Ciudades, una ecuación imposible. Pág. 298. Icaria&Antrazyt, Barcelona, septiembre 2012.

 
 
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