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El nuevo modelo de tratamiento de las basuras en Bogotá:
el vía crucis de Petro

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Como expresamos en nuestra columna pasada las transformaciones que se han puesto en marcha en la ciudad de Bogotá han puesto en el centro del debate la propia continuidad de Gustavo Petro al frente de los destinos de la ciudad. El representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, del Partido de la Unidad Nacional ha comenzado la recolección de firmas para impulsar la revocatoria del alcalde de la ciudad y los problemas que tuvo su administración para poner en marcha el nuevo modelo de recolección y tratamiento de las basuras están siendo investigadas preliminarmente por parte de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General, la primera en materia disciplinaria y la segunda en materia penal.

El nuevo esquema de basuras puesto en marcha en medio de muchas dificultades por la administración de Gustavo Petro busca según sus propias palabras tres objetivos: (1) responder a las órdenes de la Corte Constitucional para involucrar a los recicladores en el nuevo esquema de prestación del servicio, esta comunidad, menospreciada y estigmatizada socialmente, fue reivindicada por la Corte Constitucional en la Sentencia 724/2003 en que ordenó a la administración distrital realizar acciones afirmativas a favor de la población recicladora; (2) poner en marcha una reestructuración del esquema vigente hasta el momento, que tiene como objetivo final la creación de un sistema mixto en que un nuevo operador público llegue al 52% del total del territorio distrital; (3) parte del sistema supone la puesta en marcha de un sistema de reciclaje que deben hacer la propias familias bogotanas para el aprovechamiento de las basuras que se resume en la consigna de Bogotá basuras cero y que al mismo tiempo debe significar una rebaja de la tarifa, la más costosa del país y una de las más caras en las ciudades de Latinoamérica.

Estos tres objetivos demandaban una labor de reorganización institucional en que el objetivo tendría que haber sido desde el comienzo la creación de una empresa que el Alcalde provisionalmente decidió que fuera Aguas de Bogotá para que ésta empresa adscrita a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, fuera la encargada de la recolección en aquellas zonas en que el Distrito asume directamente la recolección de las basuras. Supone entonces romper el esquema vigente desde que se suprimió y liquidó la Empresa Distrital de Basuras, EDIS, por el colapso y la crisis de una empresa totalmente clientelizada que se enquistó en la ciudad y en que unos sindicatos aunados a los intereses de los concejales de turno condujeron a una crisis muy notoria y profunda en la prestación del servicio. Desde entonces el Distrito dividió a la ciudad en seis zonas y se entregó mediante un sistema de licitación pública a operadores privados tanto la recolección de basuras como la poda de árboles y el mantenimiento de las zonas verdes en dichas zonas. La última licitación se realizó en el año 2003 y se hizo por un lapso de siete años, es decir su fecha de vencimiento era el año 2010.

En la medida en que no se habían cumplido las órdenes de la Corte Constitucional de incorporar a los recicladores en el esquema y ante la prórroga de los contratos vigentes con los cuatro operadores que habían ganado la licitación en el año 2003, el Tribunal Constitucional dejó sin piso esa nueva licitación y ordenó al gobierno distrital mediante el Auto 275 de 2011 que se debería poner en marcha un nuevo esquema en que se contemplara el reciclaje de las basuras y el aprovechamiento de las mismas incorporando en el proceso a la población recicladora de oficio. El auto en cuestión fue proferido el 19 de diciembre de 2011. La nueva administración tomó posesión el 1 de enero de 2012. Los contratos con los operadores privados se vencían el 17 de diciembre de 2012. Ante esta situación el equipo de gobierno de Petro estaba en la obligación de replantear el modelo para cumplir con la orden de la Corte Constitucional y para ello contaba con 11 meses y medio. Ello suponía en el esquema de la nueva administración que como ya se indicó quería que una parte del servicio lo asumiera una nueva empresa pública un plan para poner en marcha esta nueva empresa pública. Y allí como ha sido señalado comienzan los problemas para la administración distrital que debería haber planificado muy bien los alcances de intervención del Distrito así como la renegociación de los contratos con los operadores privados en aquellas zonas de la ciudad que no tendrían al operador público. Hubo improvisación no cabe la menor duda y muchos de los supuestos en que se basaba la puesta en marcha de la propuesta no se dieron.

En primer término la organización de la nueva empresa pública que requería enganchar personal, adquirir por la vía del arrendamiento o la compra equipos compactadores y barredoras para las calles, debería haberse hecho en tiempos reales. Ello no sucedió y la Alcaldía ante la oposición de las empresas privadas finalmente tuvo que renegociar y la parte de la ciudad que escogió para entrar a operar el 18% del total tuvo que hacerlo con muy pocos equipos de camiones compactadores y tuvo que recurrir a volquetas. La ciudad tuvo problemas para la recolección durante los días 18, 19 y 20 y sólo el día 21 de diciembre, después de una renegociación parcial con los operadores privados, la situación se normalizó. El costo político para la administración fue enorme. Independientemente de las responsabilidades políticas al interior de la administración es claro que hubo imprevisión y que un esquema acertado ha tenido un primer tropiezo.

Un segundo tropezón lo vivió la administración por los problemas derivados de la contratación acelerada de un equipo de compactadores que no llegaron en el mejor estado y que sufrieron de los trámites burocráticos que una importación de vehículos ya usados implicaba. Un plato servido para el amarillismo de los grandes medios de comunicación que se regodearon mostrando las imágenes de los camiones compactadores importados de los Estados Unidos. El culpable para los medios de comunicación era indudablemente el alcalde y su equipo de gobierno.

Ahora bien, la Alcaldía ha reconocido los problemas de improvisación tardíamente y las responsabilidades administrativas dentro del equipo de gobierno no han sido asumidas, por lo menos hasta el momento de escribir estas notas. Hay que señalar que hubo, como se ha señalado acertadamente, unas desafortunadas intervenciones de la Alta Comisionada presidencial para Bogotá así como de la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento Básico, que anunciaron la defensa de la libre competencia en la prestación del servicio público de aseo que como lo ha señalado acertadamente María Claudia Romero no pasa de ser un mito. “Finalmente, varios de estos actores –gobierno nacional, Procuraduría, Contraloría, Superintendencia de Industria y Comercio- intentaron manipular ideológicamente el argumento de una presunta violación al principio de la libre competencia. Otro equivoco que dio pie a confusión y a distorsiones.

La libre competencia en el sistema de aseo de Bogotá es un mito; lo que existía antes del llamado “nuevo esquema de aseo” tampoco era libre competencia. En estricto sentido, esta habría existido si el manejo de las basuras se gestionara como los operadores de la telefonía celular: es decir, si cada ciudadano tuviera la posibilidad de elegir libremente el operador que le presta el servicio.

¿Cómo podría imaginarse que por la misma cuadra de la ciudad pasaran al día tres vehículos recolectores de distintas empresas compitiendo por las mismas bolsas? ¿Qué impactos tendría este sistema en términos ambientales, de movilidad, y de calidad de vida? Además, ¿Cómo se atenderían las necesidades públicas tales como la limpieza de las calles, la poda de los árboles y céspedes, entre otros?

Otra lección que se desprende de este asunto es justamente la imperiosa necesidad de que el sistema de aseo de una ciudad sea concebido en función de su tamaño, de la distribución geográfica y de la población: no existen modelos aplicables universalmente” 1

Así pues la puesta en marcha de un esquema a nuestro juicio acertado ha chocado con innumerables dificultades que son todas ellas producto de la imprevisión. En primer término la alcaldía debería saber que revertir un proceso de privatización en un servicio público esencial es complicado porque se han generado muchos y variados intereses privados que defenderán a muerte el negocio como en efecto sucedió tanto por parte de los empresarios privados que dejaron de recoger las basuras desde el día 17 a las seis de la tarde pretextando erróneamente que no podrían descargar las basuras en el relleno sanitario de doña Juana pues el distrito les había prohibido hacerlo, con ello el atraso con que el Distrito inició la recolección a las seis de la mañana del día 18 ya tenía un retraso de doce horas. El ignorar que los intereses privados han permeado a las estructuras del Estado en todos los niveles y principalmente en los organismos nacionales que son los defensores del modelo privatizador. Y la ausencia de planificación para la consecución de los vehículos necesarios y adecuados así como del personal idóneo para asumir la gestión de una nueva empresa pública. Mucho voluntarismo y poca racionalidad pública.

Todo ello ha afectado de manera significativa la propuesta de reciclaje y de organización de un sistema mixto que a todas luces es el más adecuado para la ciudad. Después de la crisis el gobierno de la ciudad debe marchar sin prisa pero sin pausa a organizar de manera adecuada el esquema de nuevo modelo de aseo, pero, además debe empeñarse en realizar una amplia pedagogía ciudadana sobre sus ventajas y conveniencias. Parcialmente la administración ha logrado algunos de sus objetivos. En estas semanas debe consolidar la prestación del servicio en el 42% del territorio distrital y consolidar la rebaja de la tarifa en un 8% lo cual contribuirá con una agresiva campaña pedagógica a cambiar la percepción que dejó el amargo trago del día 18 de diciembre. Pero, la lección debe ser asumida por el conjunto de la administración comenzando por el Alcalde Mayor  de la ciudad, hay que jalarle a la planeación real y en  tiempos reales. De no hacerlo, los enemigos del proyecto de la Bogotá Humana tendrán argumentos para tratar de impedir el logro de los objetivos que se buscan que son los que la ciudad requiere.

Edición N° 00336 – Semana del 25 de Enero al 1º de Febrero de 2013

1 Romero, María Claudia. Las basuras como política: del dicho al hecho. Razón Pública Enero 17 de 2013.

 
 
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