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Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural: ¿son las herramientas adecuadas para promover y fortalecer los cambios que anuncian para el campo?

  Víctor Negrete Barrera
  Fundación del Sinú y Universidad del Sinú
   
 

Hay cambios

Estamos de acuerdo: el campo, lo rural en otras palabras, empieza a recuperar su importancia después de largo tiempo de atropellos y desconocimiento. A pesar de lo polémico y peligroso que es hablar sobre tierra y desarrollo rural en el país, el interés por estos temas avanza con la aprobación de leyes, discusión de proyectos, organización de eventos masivos, apertura de oficinas de atención y reparación de víctimas y restitución de tierras, elaboración de estudios y análisis de miles de propuestas por los gremios, juntas de expertos, investigadores, líderes y los representantes del gobierno y las FARC reunidos en La Habana. Las propuestas son de todo tipo y alcance, la mayoría de ellas por fortuna alejada de los radicalismos de derecha e izquierda. Aun así, la oposición que despiertan en ciertos grupos y sectores preocupa y asusta.

Preparando herramientas

El gobierno dice estar dispuesto a hacer realidad los cambios que promete y para ello prepara sus mejores herramientas. Una de ellas, fundamental, con la que aspira a ejecutar sus políticas y programas en los municipios son los Consejos municipales de desarrollo rural (CMDR). Estos, próximos a cumplir veinte años, fueron creados por la ley 101 de 1993, concebidos por las concepciones democráticas de la Constitución de 1991. La ley los define como “instancias superiores de concertación sobre asuntos considerados prioritarios para el desarrollo rural del país”. Y enfatiza que “en estos consejos la comunidad podrá decidir sobre la orientación, aplicación y priorización de los recursos de inversión pública nacional, departamental y municipal, debatir los problemas sociales, políticos, económicos y culturales así como concertar con el gobierno municipal y las demás instituciones del Estado las soluciones y los proyectos que promuevan el desarrollo rural, la organización social y la convivencia ciudadana”.

El gobierno nacional envió la primera directiva presidencial en junio de 1996 a los ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, gerentes y directores de establecimientos públicos nacionales, gobernadores y alcaldes, entre otros, para convocarlos a apoyar, impulsar  y promover la consolidación de los CMDR o las instancias que hagan sus veces. La más reciente carta la firmó el ministro Juan Camilo Restrepo a mediados de 2011. Les solicitó a los gobernadores y alcaldes que creen e impulsen las instancias de concertación CMDR y los Consejos seccionales de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de desarrollo rural (CONSEA), este último  de la incumbencia de la gobernación.

El escenario ideal

Veamos a manera de ejemplo, cómo funcionaría un CMDR que cumple las funciones asignadas por la ley. Es una reunión ordinaria celebrada cada dos meses del CMDR que participó activamente en la elaboración del Plan de desarrollo municipal. Están presentes a la hora fijada el señor alcalde, parte de su gabinete y el director de la Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (UMATA); funcionarios departamentales y nacionales que tienen que ver con el sector; con frecuencia participan representantes de la gobernación, el gobierno nacional, empresa privada, universidades y organismos de cooperación internacional. Hacen presencia todos los representantes de los grupos y sectores que conforman el CMDR, vinculados tanto a lo productivo como a lo social. Los directivos son líderes reconocidos, bien preparados, ordenados y responsables. El acta leída es precisa, bien elaborada, sin errores, recoge las exposiciones de los participantes, sus propuestas, discusiones, compromisos y plan de trabajo. Como todos o la gran mayoría conoce el Plan de desarrollo, los recursos y obras que contiene, la participación es amplia, documentada y crítica. Existe participación y control sobre la inversión. El gobierno municipal rinde cuentas de lo hecho, explica sus acciones, desaciertos, omisiones y los planes que posee. Todos son conscientes de la necesidad de evaluar y hacer seguimiento. Las preguntas, aclaraciones e inquietudes son numerosas. Al final, todos tienen la percepción que hubo avances, han tomado nota de lo importante y conversan con entusiasmo sobre determinados puntos. A pesar de las diferencias entre los  sectores y grupos que asisten funciona la tolerancia, la superación de los conflictos y la firme disposición de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Parece que la realidad es otra

Tengo entendido que muy pocos CMDR funcionan como el descrito anteriormente. La gran mayoría presentan fallas en cuanto a su composición, por lo regular predominan las acciones comunales y es notoria la ausencia de medianos y grandes productores, jóvenes, victimas, indígenas, docentes, campesinos con y sin tierra, entre otros; no hay regularidad en las reuniones; las actas, sean de creación, reactivación o de reuniones no aparecen o están mal elaboradas; los directivos son personas desconocidas, sin la preparación y experiencias adecuadas, sin planes de trabajo ni vínculos de concertación con la administración municipal ni logros que mostrar, subordinados a los intereses de los grupos políticos locales.

Los cambios que están en marcha dependen de la existencia y capacidad de los CMDR en los municipios, el CONSA en el departamento y el Consejo nacional de secretarios de agricultura (CONSA) en la nación. En la mayoría de los departamentos los dos primeros no funcionan o no coordinan, quebrándose  la articulación con el gobierno nacional.

Ante estos hechos surgen varias preguntas: 1. ¿Por qué el gobierno decidió que las herramientas más eficaces para impulsar los cambios en el campo son los CMDR y el CONSEA? 2. ¿El gobierno nacional evaluó la realidad de los CMDR Y CONSEA en el país? 3. En caso lo haya hecho ¿cómo piensa promover, crear o reactivar estas herramientas a corto plazo para que cumplan con seriedad las funciones que les corresponden? 4. Si en algunos lugares no es posible su creación o funcionamiento ¿qué organizaciones o instancias los reemplazarán?

El caso Córdoba

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) adelantan el proyecto Desarrollo rural integral con enfoque territorial en seis municipios del suroriente de Córdoba y seis del bajo Cauca antioqueño. Uno de los propósitos es averiguar hasta qué punto es posible adelantar procesos de desarrollo rural en comunidades pobres con presencia de conflictos rurales y armados como sucede en los municipios seleccionados.

La encuesta. Con el fin de indagar el grado de conocimientos sobre los CMDR que tenían las personas asistentes a las reuniones convocadas, adelantaron una encuesta en cuatro de los seis municipios, con los siguientes resultados:

De acuerdo con las respuestas a las preguntas 1, 2 y 3, la mayoría sabe que son los CMDR y quienes hacen parte de ellos. Incluso, dicen conocer para qué sirven pero no los utilizan y la prueba es que no se sabe de peticiones, proyectos o recomendaciones que hayan formulado a alguna institución u obras realizadas.  Las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 indican que entre el 44% y el 76% de los asistentes no saben el papel que cumplen la Gobernación y el Incoder en cuanto al desarrollo rural ni la relación que tienen con el CONSEA y CONSA. En las respuestas a las preguntas 7 y 8 la mayoría afirman que los Planes de desarrollo de los municipios si contienen inversiones en el sector agropecuario aunque aseguran que no participaron en su elaboración. Las respuestas a las preguntas 9, 10 y 11 muestran que aproximadamente el 50% de los encuestados no está enterado si la organización que representa hace parte de los CMDR, si hay otra u otras organizaciones que hagan parte de ellos ni cuándo se reúnen.

¿Qué hacer entonces?

Con este balance queda claro que los CMDR de la zona no están en capacidad de ser las instancias de concertación que se necesitan para hacer frente a los cambios y oposiciones que estamos viviendo. Es urgente la adopción de un plan de reestructuración y fortalecimiento que involucre a la gobernación, las alcaldías, el gobierno nacional, las asociaciones de productores y de acción social, los gremios y los organismos de cooperación internacional. Hay algunos hechos a favor de este plan: existen cierto número de organizaciones activas, consolidadas y con logros a mostrar; algunas redes, aunque pocas, que cuentan con experiencias y deseos de superación e instancias oficiales, empresariales y religiosas que desde hace muchos años trabajan con organizaciones de base. Además de la voluntad política de los mandatarios y funcionarios, es de importancia vital contar con organizaciones fuertes, líderes y bases preparadas, con acompañamiento de gremios, iglesias y organismos de cooperación internacional. ¿Será posible en un departamento como Córdoba?

Edición N° 00336 – Semana del 25 de Enero al 1º de Febrero de 2013
 
 
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