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Judicialización de la política de las basuras en Bogotá

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

In memoriam de mi amigo
Abraham Rubio Quiroga

Como hemos señalado los problemas que enfrenta la administración de Gustavo Petro Urrego al frente de la Alcaldía de Bogotá tienen que ver con los cambios en el modelo de ciudad que chocan con poderosos intereses de sectores económicos y políticos que no sólo critican las improvisaciones e imprevisiones del gobierno sino que se apoyan en las reales falencias del mismo, pero para defender sus intereses específicos. Así ocurrió como lo señalamos en nuestra columna anterior con los empresarios de las basuras en Bogotá que se acostumbraron a cobrar precios exorbitantes que llevaron una tarifa más elevada que cualquier otra en el país y a una de las más costosas en comparación con el resto de las grandes ciudades de América Latina. Advertíamos que el modelo de ciudad densa y menos segregada socialmente así como la recuperación del centro de la ciudad lo cual demanda el cobro de las plusvalías urbanas chocaba con los intereses de sectores de la banca ligados a la industria de la construcción. Ellos se oponen al cobro de la plusvalía urbana que tiene como propósito el financiamiento de vivienda de interés social.

Dicho y hecho. Mediante un decreto reglamentario de la ley 1537 de 2011 el gobierno nacional pretende meter mano en la definición de los usos del suelo urbano que según el ordenamiento jurídico que rige en el país corresponde determinarlo a los municipios en los Planes de Ordenamiento Territorial. El decreto lo que busca es favorecer a los grandes empresarios de la construcción y del sector financiero que han gozado de todas las prerrogativas lo que ha dejado un enorme déficit de vivienda en los estratos de menores ingresos.  El modelo de privatización de la producción de viviendas de interés social dirigida a los estratos más pobres donde se concentra el agudo déficit habitacional no puede ser resuelto sin la intervención del Estado. Este modelo ha fracasado. Como lo advirtió la Corte Constitucional en el Auto 219 de 2011 se requiere de una intervención del Estado para ofrecer una política de vivienda a las más de 900.000 familias víctimas del desplazamiento forzado. La política definida en la ley 1537 de 2011 es acertada en la medida en que elimina para las víctimas y para los más pobres los requisitos de cuota inicial o de mensualidades, es lo que se ha dado en llamar las 100 mil viviendas gratis, pero, mediante esta ley se pretende subordinar la autonomía de los municipios y hasta ahora tampoco se han definido los criterios de selección de los beneficiarios que atienda a criterios claros y definidos.

El decreto 1921 que definió unos criterios para la asignación de las viviendas ha sido objeto de innumerables críticas por parte de las organizaciones de víctimas y de sectores parlamentarios sin que hasta el momento se hayan atendido adecuadamente sus solicitudes. Para las víctimas del desplazamiento forzado, por ejemplo, deberían tomarse en cuenta la antigüedad de las llamadas cartas cheques que no han podido hacerse efectivas por la inexistencia de oferta real de vivienda en donde ahora residen las víctimas; pero también deberían tenerse en cuenta criterios como el número de hijos privilegiando a aquellas familias con jefatura femenina y con un mayor número de hijos menores de edad o jefaturas masculinas con mayor número de hijos pequeños. Así mismo el plan de las primeras 100 mil viviendas se ha concentrado en las grandes ciudades donde su construcción ha corrido por cuenta de los grandes constructores que no llegan a pequeñas ciudades y ciudades intermedias. Muchos municipios no entraron en el programa pues alegaron con justa razón que no había claros criterios de elección de los beneficiarios y temían que el programa fuera simplemente un instrumento para incrementar la base electoral del gobierno en tránsito de reelección. Esto ya ha ocurrido en programas como Familias en Acción o la llamada Red Juntos.

Pues bien lo que ha desestimulado la iniciación de nuevos proyectos urbanísticos en Bogotá es el cobro por primera vez de una plusvalía urbana que tiene como destino conseguir los recursos para desarrollar el ambicioso programa de 70 mil viviendas de interés social. La alharaca del ministro Germán Vargas Lleras sobre la pérdida de 40 mil empleos en el sector de la construcción, sobre la parálisis del sector de la construcción en la ciudad, busca esconder una política para beneficiar a los terratenientes urbanos que en nuestras ciudades son los principales aliados de los grandes constructores y del sector financiero. En efecto en el Distrito la Administración de Gustavo Petro ha señalado que los porcentajes que deben pagar las nuevas construcciones privadas es del 20% del total de la construcción en metros cuadrados y el decreto Vargas Lleras reduce este 20% a los terrenos que van a ser urbanizados. Con ello se privilegia por supuesto a los terratenientes urbanos y a los grandes conglomerados de la construcción. Una cosa es que sobre un edificio como el Bacatá en Bogotá de 65 pisos se aplique el 20% a toda el área construida (114.000 m2)  y otra cosa es que se haga sobre el terreno en que se asienta el edificio, (4.332 m2). En estos temas lleva razón el Alcalde en contra del Gobierno Nacional en cabeza del ministro Vargas Lleras.

Un tema adicional es el que tiene que ver con la judicialización del alcalde Gustavo Petro por la política implementada para transformar el modelo de atención, recolección y aprovechamiento de las basuras en el Distrito. Es indudable que se cometieron equivocaciones para implementar el modelo como lo señalamos en nuestra pasada columna, pero, ello no es en sí causal de delito. Alguien recordó recientemente un dicho atribuido al expresidente de la República César Gaviria sobre el derecho al chamboneo con lo cual quería señalar que en materia de políticas públicas no se puede presumir la mala fe o el detrimento patrimonial. El problema no es que se abran investigaciones sino que en ellas prime el criterio político y la presión mediática al servicio de intereses particulares. Un modelo como el puesto en marcha en Bogotá deberá ser evaluado al cabo de unos cuántos años en términos de costo de las tarifas, incorporación de la población recicladora, descontaminación ambiental y aprovechamiento de los residuos. Ello no debe eludir el problema de la responsabilidad política que debe asumir la administración por sus errores, pero, no debe judicializarse un tema que reviste contenidos políticos y técnicos que solo en el largo plazo pueden ser debidamente evaluados. La politización de la justicia es un riesgo y más de la justicia disciplinaria en manos de un procurador general, Alejandro Ordóñez, que la administra de acuerdo con sus muy particulares convicciones políticas y religiosas. Amanecerá y veremos sobre lo que pase en este nuevo frente de batalla que tendrá que asumir el Alcalde Petro citado ya a una indagación preliminar en la Fiscalía General y con una investigación abierta en la Procuraduría General de la Nación.

Unas palabras finales sobre las dificultades del proceso de negociación con las FARC. En éstas mismas páginas advertimos que la negociación sin unos acuerdos de cese al fuego se prestaría a innumerables problemas y a presiones indebidas en la negociación misma. Es lo que está ocurriendo en un ambiente de polarización en que los halcones que tienen una presencia muy grande en las Fuerzas Armadas Gubernamentales han impuesto al gobierno la política de negociar en medio del conflicto. Las FARC que asumieron una tregua unilateral han reiniciado sus operativos militares ofensivos. Recrudecen sus acciones en el sur del país en donde han ocasionado bajas a las Fuerzas Armadas y de Policía y según la información de los medios de comunicación han tomado como rehenes en abierta violación del DIH, a dos integrantes de la Policía Nacional en el Valle del Cauca y han secuestrado trabajadores de multinacionales. Quiénes hemos sostenido la necesidad de un proceso de negociación no podemos dejar de condenar el secuestro y la toma de rehenes en todas sus formas y exigir la liberación de los secuestrados. Pero, al mismo tiempo nos parece y así lo reiteramos que debería pactarse unos acuerdos mínimos que eviten la polarización y el crecimiento de la confrontación. Este acuerdo podría ser protempore, es decir, limitado en el tiempo para ver la real voluntad de paz de las FARC. No hacerlo insistimos le generara muchos problemas al proceso y de esos problemas hará bandera la extrema derecha, a la cabeza de la cual se encuentra muy activo el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Edición N° 00337 – Semana del 1º al 7 de Febrero de 2013
 
 
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