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Reinventar la democracia

  Héctor Alonso Moreno
  Profesor Asociado – Universidad del Valle
   
 

Una característica cualitativa del siglo XIX colombiano con respecto a la construcción del Estado- Nación, fue el hecho que después de cada guerra civil los generales hacendatarios victoriosos les imponían a los generales terratenientes derrotados una nueva Constitución. Lo anterior es un elemento históricamente muy importante que ha permitido establecer una clara diferenciación entre esas épocas de vencedores y vencidos con respecto al espíritu de lo que fue la nueva constitución de 1991: fruto de consensos políticos y con la participación de actores provenientes de  acuerdos de paz.

Hoy es claro en Colombia, independiente de los argumentos políticos de los grupos alzados en armas que sustentan su accionar político-militar en factores socioeconómicos o en el carácter de clase de la violencia, que no es posible desde ningún punto de vista un triunfo militar de los insurrectos, ni mucho menos, imponer una nueva Constitución; como quiera que la base social guerrillera está bastante reducida, en particular a un sector agrario, y gran parte de su agenda está incorporada a los grupos políticos legales. De otro lado, el respaldo o la solidaridad de sectores de la obrería urbana, de la sociedad civil, de la academia y de muchos sectores en general, frente a los sueños de una revolución armada; están hoy reducidos a una mínima y marginal expresión.

Lo más importante desde el punto de vista político e histórico es que en el mundo contemporáneo ninguna ideología merece una guerra; en éste sentido, la lucha armada en Colombia hoy día no tiene ninguna razón política; mucho menos, en un país como el nuestro que está cansado de tanto dolor y desangre. Si no se tiene una razón política que le dé un sustento, una base social y una base histórica, ese alzamiento armado es un fracaso. El avance democrático que generó la nueva Constitución política colombiana de 1991 clausura por completo cualquier base política respetable que pudiera tener el levantamiento armado y por lo tanto, así dure 60 años mas ese alzamiento como ha sucedido y no ha terminado aún, está condenado a desaparecer porque no tiene una base política sólida.

Por lo tanto, el planteamiento para un buen final de las negociaciones que se están dando en la Habana debe ser sobre la base de acordar Paz por mayor democracia. En un modelo de esta naturaleza se debe permitir  la identificación de unas claves que posibiliten: 1. Despejar el camino hacia la resolución y superación de las causas estructurales que legitiman el accionar violento de los insurgentes. 2. Avanzar hacia la reconstrucción del tejido social y político deteriorado por tantos años de confrontación armada. 3 Permitir el avance en el posconflicto hacia la reconciliación integral de los colombianos.

Cuando se afirma que el modelo ideal es el de Paz por mayor democracia, se parte del hecho que en Colombia hace un poco más de 20 años se avanzó en una gran reforma constitucional producto de un proceso de paz que permitió la elaboración de un texto constitucional para profundizar la democracia, que a mi juicio, apenas está en pleno desarrollo y con algunas falencias seguramente sobre todo en lo que tiene que ver, de manera particular, con los procesos de democratización política y con el respeto y desarrollo de los Derechos Humanos y las garantías ciudadanas. En tal sentido, un proceso de paz con las guerrillas actuales deberá inscribirse, entre otros, en un marco de continuidad de la profundización y sostenibilidad del concepto de democracia, en tanto, ésta debe expresar todo lo que tiene que ver con la voluntad  de creación de bienestar individual y colectivo de la sociedad en general  pues ese es el espíritu que se plantea y que se trata  de alcanzar con la Constitución de 1991.

No hay que olvidar, que los avances democráticos de la Constitución de 1991 reflejaron también la composición heterogénea de la constituyente. Aproximadamente el 50% de los integrantes de la constituyente no representaban el viejo Estado concebido por las élites políticas. Contrariamente, representaban un constitucionalismo de nuevo tipo, transformador, un constitucionalismo desde abajo como quiera que estos constituyentes provinieran de las entrañas del conflicto político, social y armado de los últimos años en el país. Se vivía entonces al interior de la constituyente un gran torrente transformador y a fin de imponer la voluntad constituyente de los sectores populares que logró finalmente conquistas trascendentales que contribuyeron a hacer de la Constitución de 1991 una bitácora de paz.

Es preciso afirmar que la democracia como el logro fundamental de la humanidad en cuanto a la forma ideal de Gobierno que otorga el mayor numero de derechos, de satisfacción y felicidad posible, ha sido la que ha permitido mediante el diálogo y la negociación superar los momentos de guerra y conflictos internos en la mayoría de los países, ya sea, incorporando los grupos armados a las lógicas del poder o profundizando la democracia representativa con un gran marco de garantías electorales a la oposición en el tránsito de la guerra a la política. Esta característica fundamental de la democracia de los modernos, se basa en el principio de acuerdo con el cual,  el disenso cuando sea mantenido dentro de ciertos límites que son establecidos por las llamadas reglas del juego, no es destructivo, sino necesario; una sociedad en la que el disenso no esté permitido es una sociedad muerta o destinada a morir. (Bobbio, 1992:48).

Ahora bien, como se sabe, la democracia es una forma de gobierno en constante evolución, es decir, no ha sido una invención inmutable, ha tenido una serie de transformaciones a lo largo de la historia política y como tal puede ser inventada y reinventada de manera independiente donde quiera que se den condiciones adecuadas (Dahl, 1999:15).

De tal manera que si en Colombia existe un histórico déficit democrático que ha estimulado tantos años de violencia política, es posible entonces recurrir a la reinvención de la democracia para superar el conflicto político armado y lograr una paz estable a partir de un Estado fuerte. Entendido el concepto de Estado fuerte como aquel Estado que es legitimado por la ciudadanía y que pueda dar soluciones institucionales en función de los principios que orientan la gestión y la administración publica según el ordenamiento de la Constitución de 1991. Un Estado que tenga la capacidad de desarrollar las grandes transformaciones que mejoren la llamada “calidad de la democracia”, dejando atrás la exclusión y la marginalidad política, social y económica de amplios sectores de la población.

Ese es el punto común en el que deben coincidir y al cual se debe llegar después de un diálogo de negociación con los alzados en armas. Esto quiere decir que se debe trabajar con la suposición de que la transición a la democracia no puede refrendar el actual sistema económico y social. Hay que imaginar caminos que permitan la ampliación de la democracia en el marco del actual ordenamiento constitucional.

Edición N° 00337 – Semana del 1º al 7 de Febrero de 2013
 
 
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