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No porque sea lícito es correcto

  Henrik López
  Profesor Universitario
   
 

La elección de dignatarios de las altas cortes es un asunto que no para en llevar a reflexiones sobre la rama judicial y sobre el Estado en general. El más reciente es la designación de Pedro Alonso Sanabria como presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Se ha señalado al magistrado Sanabria de ser un politiquero, de tener vínculos con DMG y haber participado en el carrusel de las pensiones en la rama judicial. Todo está en veremos, pues es objeto de investigación (posiblemente de prescripción y archivo) por parte de la H. Comisión de Acusaciones. Es decir, por el momento sigue imperando la presunción de inocencia sobre esta persona. Entonces ¿por qué ha levantado ampolla su designación como presidente del Consejo Superior de la Judicatura?

Las garantías del Estado de constitucional de derecho pueden tener efectos insospechados. Algunos, perversos. Buena parte de la discusión jurídica del siglo XX y de los comienzos del siglo XXI, ha girado en torno a la relación entre moral y derecho. Gracias al positivismo se ha abandonado la idea de que ley y moral han de coincidir y que todo derecho injusto no es derecho. También subsiste el punto de los límites del derecho injusto, esto es, ¿qué hacer con el derecho absolutamente o radicalmente injusto? Pero la garantía de que nadie será juzgado jurídicamente por los actos que se estiman injustos o inmorales, como por ejemplo, ser discriminado por su orientación sexual o por apoyar una determinada ideología, ha llevado a que la relación entre moral y derecho se invierta. Al parecer para muchos si algo es lícito, es moral o, peor todavía, que si no se ha probado la ilicitud, no es posible reproche alguno.

Esta postura lleva a banalizar cargos, como ocurre con el de presidente de una corporación judicial o de una de las cámaras legislativas. Cualquiera que sea miembro de la corporación tiene derecho a esa dignidad. Poco importa si se trata de una persona señalada por su conducta, mientras no esté judicializada, tiene el derecho y podrá aspirar. En algunos casos, el tener el derecho equivale a la certeza de que en algún momento será dignatario. Es como si el cargo de, por ejemplo, magistrado, implicara el de ser presidente de la respectiva corporación.

El presidente de una corporación judicial, como alguna de las altas cortes o del Consejo Superior de la Judicatura implica ser el vocero principal de la corporación y, dentro de las particularidades de cada una de ellas, ser su ‘director’. En suma, es la cabeza visible y su gestión incidirá en la buena o mala marcha del órgano.

Pero la gestión de las entidades como las corporaciones judiciales no se limita a la función administrativa. No se trata de ser simplemente un buen gestor. También es ser una ‘buena cara visible’, una que exprese lo mejor de la corporación; que genere confianza en los ciudadanos.

El que un ciudadano que ocupa un cargo público no genere confianza en la ciudadanía no es un problema jurídico. En principio, no es causal de su exclusión de la actividad pública, pues no existe una relación directa entre la buena gestión y la confianza. Claro, una mala o buena gestión aumentará o disminuirá la confianza depositada en la persona, pero si no logra la confianza, nada obsta para que permanezca en el cargo.

Con todo, la falta de confianza si genera un daño irreparable al órgano. Por ejemplo, un presidente de la república sobre el cual pese la sospecha de participar en actos ilícitos, pero no probados, genera una imagen profundamente negativa sobre el cargo de presidente y sobre la imagen de la casa presidencial. Lo mismo ocurre con otros cargos. Así, si existe una fuerte sospecha de que el procurador privilegia una determinada visión religiosa, se minará la confianza en la debida defensa de los derechos humanos y fundamentales de los colombianos por parte del ministerio público.

Más grave es la situación cuando la desconfianza habita en la dirección de las altas cortes. La situación de injusticia material que viven miles de ciudadanos, sumado a los altos niveles de impunidad y arbitrariedad, la convivencia con fiscales y jueces mediocres, se torna intolerable cuando, además de todo, se tiene la imagen de que quienes están a la cabeza de ese monstruo llamado ‘justicia’, no son dignos de confianza.

La designación de Sanabria como presidente del Consejo Superior de la Judicatura tiene ese tufillo. Sin condena, no cabe calificación alguna de haber delinquido. Pero la falta de condena no es porque hubiese triunfado la verdad en juicio, sino por la ausencia de un juicio. Ha sido ‘disculpado’ por la comisión de acusaciones; la cual, es un hecho notorio, no tiene la mejor imagen en el país.

En este escenario, y dados los señalamientos que pesan sobre la rama judicial ¿por qué lo eligieron? ¿Qué intereses se movieron? ¿Era, acaso, su turno? O, peor aún, ¿“le regalaron la presidencia en una caja de cereales”?

Mantener la dignidad de las altas instituciones del  país demanda, no sólo que no lleguen personas inhabilitadas por sus conductas; sino también personas sin tacha. No se trata aquí de volver a las épocas de la ‘tacha moral’, sino de reconocer que si existen sombras sobre el comportamiento de una persona, señalamientos serios de vínculos con actividades delictivas o indicios serios de comportamientos corruptos, la persona no puede ser premiada.

Ser presidente de una corporación judicial es un privilegio. Como tal, no se somete a un juicio de igualdad, dado que no todos podemos aspirar al mismo. Por ello, el privilegio debe respetarse y demandarse no sólo el comportamiento lícito, sino también uno correcto. Ese es el costo de acceder a los privilegios: una mayor carga que los demás ciudadanos; en este caso, dado que lo jurídico es igual para todos, deberá estar atado a sus virtudes.

Como se ha señalado en otras columnas, este es el gran defecto de la rama judicial y del Estado colombiano. Las virtudes son despachadas al baúl de los recuerdos. El mérito profesional no es escudriñado, sino que constatado a partir de simples títulos; el mérito personal ni siquiera es considerado, pues tantos tienen rabo de paja. El país, como ocurre en otros tantos, se ha quedado con la ilusión de que si es lícito, todo está bien. Olvidan que aunque sea lícito, puede no ser correcto. ¿Habrá alguno pensado en la relación entre corrección y legitimidad? No está por demás pensar en ello, sobre todo ante el proceso de paz.

Edición N° 00338 – Semana del 8 al 14 de Febrero de 2013
 
 
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