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Los ajustes necesarios en el proceso de negociación con las FARC

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

El proceso de negociaciones en La Habana sigue avanzando según ha indicado el propio  presidente de la República Juan Manuel Santos. Las cartas se han puesto sobre la mesa en relación con el tema agrario al cual nos referimos en la pasada edición de este semanario. Son 10 puntos propuestos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que han defeccionado a las tendencias más radicales del movimiento agrario en el país, pero, que han dejado ver que dichas guerrillas están asumiendo con realismo el proceso de la negociación. Estamos lejos de la revolución por decreto. En la mesa hay una realidad de correlación de fuerzas en el terreno militar y político que han dejado como resultado hasta ahora una agenda realista, limitada y circunscrita a temas de la agenda nacional que sin abocar los temas más acuciantes de la misma como el tema del modelo económico, la concentración del ingreso y de la renta, la marginalidad que ocupan las políticas sociales por parte del actual Gobierno, sin embargo, asumen dos de los temas más importantes de esa agenda nacional, por una parte el tema de la concentración de la propiedad agraria y el desamparo en que se encuentra la economía campesina y por otro lado el tema del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito.

Así mismo de la manera como se aborde el tema de las reformas políticas dependerá mucho no sólo el futuro de las FARC como proyecto político sino el futuro de las transformaciones políticas y de los realinderamientos políticos en el mapa que resultará al final de este proceso. Es evidente que las FARC pueden contribuir al logro de reformas que el establecimiento dominante se ha negado a realizar hasta el momento. Allí hay temas centrales como los territorios campesinos y el poder que se ejerce en ellos que ya han planteado en los 10 puntos de discusión sobre el tema agrario, esto tendrá que ser visto desde la perspectiva de la descentralización que ha sido duramente golpeada por los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos con la disminución de los recursos de las transferencias para educación y salud con los actos legislativos No 1 de 2001 y 4 de 2007, con el recorte a las funciones y atribuciones de los departamentos y municipios así como con la reforma al sistema de asignación de las regalías. Todos estos golpes han lesionado la carta de 1991 en uno de sus aspectos más progresistas que fue el de la descentralización municipal. El tema del sistema electoral debería ser objeto de discusión y eventualmente de un acuerdo político. El actual Consejo Nacional Electoral, CNE, no es garantía de transparencia e imparcialidad toda vez que su conformación es una extensión de los partidos políticos que ha sido incapaz de resolver los problemas más acuciantes del sistema electoral como el fraude, el constreñimiento a los electores, la compra y venta de votos, todo ello debería ser transformado en el sentido de un verdadero tribunal de justicia electoral. Lo propio debería pensarse con los organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que deberían ser ocupadas por los partidos de la oposición o por lo menos por personas idóneas que no pertenezcan a los partidos de la coalición de gobierno. Algunos críticos del proceso se preguntarán y porqué éstos temas deberán discutirse en la mesa de negociaciones y la respuesta es simple. Las   FARC al abandonar la lucha armada ingresarán a la lucha electoral y se reinsertarán a la vida civil y como tales deberán pactar garantías para sus derechos y para su participación en política.

Hemos dicho que el proceso que ha marchado aparentemente bien hasta ahora debería introducir cambios en su proceso de desarrollo. El primero como lo ha anotado recientemente Armando Novoa García es que el Gobierno debería dotarse de una política de Estado para la Paz. Hasta ahora el proceso compete al Gobierno y no se han creado ni espacios ni instrumentos que permitan que los partidos y los movimientos sociales de oposición al gobierno o críticos con el mismo puedan conocer y al mismo tiempo manifestar su apoyo al proceso. Novoa ha llamado a esto un Acuerdo Nacional por la Paz que debería involucrar a las corrientes críticas del gobierno pero que han manifestado su apoyo al proceso. Esta tarea a nuestro modo de ver es sumamente urgente. El país necesita una política estatal para la paz en que todos los que estamos de acuerdo aún sin ser gobiernistas encontremos un lugar para manifestar nuestro apoyo, nuestras observaciones y nuestras criticas al proceso.

Tampoco se ha reactivado la resquebraja institucionalidad para la paz que fue totalmente abandonada durante el Gobierno de Uribe. Es urgente la convocatoria del Consejo Nacional de Paz, su renovación y su puesta a tono con la realidad del país. Lo propio debería hacerse con los Consejos Municipales y Departamentales de Paz, espacios necesarios para la participación de gobernadores y alcaldes y de sectores representativos de la sociedad  civil en el territorio. Este proceso de Paz será muy distinto a los anteriores. Por la presencia de las FARC en el territorio será un proceso con impactos regionales y en dónde el poder municipal y departamental también deberá hacer parte del proceso de la negociación en aquellas regiones que tienen una importante presencia de la guerrilla. Allí deberían debatirse temas como si combatientes de la guerrilla eventualmente podrían ser incorporados a la fuerza pública y la creación de territorios de paz para incorporar dichos territorios al dominio del Estado lo que requiere necesariamente el desarrollo de inversión pública en infraestructura de transporte, redistribución de la propiedad agraria, zonas de reserva campesina, asistencia técnica, crédito, mercadeo, etc.

Un tercer tema es el del secretismo con el que se han manejado las negociaciones hasta ahora. Este secretismo ha sido útil para alejar los micrófonos de los delegados en la mesa de negociaciones, pero, el precio ha sido muy alto y el gobierno y la guerrilla deben resolver la pregunta obligada y es, si es posible y hasta cuándo mantener en secreto los acuerdos lo que trae como consecuencia el poco apoyo  ciudadano y el poco entusiasmo con el que la ciudadanía observa el proceso de negociación. Esto es normal. Muy pocos apoyan lo que no se sabe. El Presidente tranquiliza de vez en cuando a la opinión pública señalando que la mesa va bien y otras veces sale a regañar a las FARC como la demora por no entregar a los policías y soldados retenidos por la guerrilla. Debería haber una información periódica de la Mesa de Negociación al país en que conjuntamente se informará de los avances y también de las dificultades. El proceso requiere apoyo social, movilización popular para aislar a los enemigos de la Paz que en cambio son muy activos en su oposición al proceso y utilizan todas las falencias de información para oponerse y para anunciar que el fracaso del proceso está cada vez más cerca. En esta materia el oportunismo de Uribe es de un cinismo manifiesto. Así mismo el gobierno debería tener un vocero público en el gabinete que por sus funciones debería ser el ministro del Interior que debería defender el proceso entre otros de los ataques infundados que muchas veces realiza el ministro Pinzón de la cartera de Defensa.

Al final del proceso seguramente habrá un mecanismo de refrendación popular de los acuerdos sea por la vía de una consulta popular o de un referendo. Pero, con el secretismo de las negociaciones será muy difícil movilizar masivamente a la ciudadanía a las urnas. El Gobierno debe así mismo pensar seriamente en la disminución de la confrontación y de la negociación en medio del conflicto así como es urgente acelerar el proceso iniciado con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estas son algunas de las observaciones a un proceso que podrá marcar la historia futura del país por su importancia.

Edición N° 00339 – Semana del 15 al 21 de Febrero de 2013
 
 
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