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En Medellín, la empresa de desarrollo urbano ensaya una nueva forma de desplazamiento forzado: no con balas sino con billetes

  Federico Aguilar Acosta
  Director- Periódico La Tuerca
   
 

El desplazamiento forzado de población es un delito de “lesa humanidad” que ha llenado de horror y sufrimiento a miles de colombianos por la acción de grupos guerrilleros y paramilitares. Esta violación de Derechos Humanos en todas sus concepciones ha sido condenada por el mundo entero y el actual Gobierno ha hecho énfasis en el retorno de los desplazados.

El desplazamiento a veces se hace no con plomo si no con plata, la bala es remplazada  con billetes y esa amenaza se cierne hoy sobre miles de personas en Medellín que habitan desde mediados del siglo pasado en el Barrio Naranjal donde se pretende hacer un Plan de Renovación Urbana para que los pudientes lleguen y los pobres se tengan que ir.

Cuando el actual Presidente realizaba su campaña, vino por primera vez a Medellín explicó su propuesta de PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA que es permitirle a los que nada tienen acceder al progreso y al desarrollo en condiciones de equidad, por eso no entendemos que en Medellín la Empresa de Desarrollo Urbana (EDU) pretenda hacer una renovación urbana excluyendo a los que ocupan hoy con su trabajo o su vivienda este territorio barrial, no tiene ninguna presentación generar progreso para los que ya lo tienen todo y quitarles a los que no tienen nada, sus oportunidades de vivir mejor al no darle cabida al anhelo plasmado en la consigna: EN NARANJAL ESTAMOS Y EN NARANJAL NOS QUEDAMOS. El forcejeo empezó en 1.990 cuando el Concejo Municipal promulgó el acuerdo 39 declarando este lugar como residencial, desconociendo la actividad geoeconómica que aquí se venía desempeñando desde principios de los años 50. Hace 20 años se produjo por parte de la administración de Luis Alfredo Ramos, en esa época alcalde de Medellín, el primer ataque a Naranjal cuando intentaron sacarnos de este barrio con la leguleyada de que aquí no se permitían talleres de mecánica automotriz, desde entonces la comunidad tomó conciencia de que sólo mediante la unidad, la organización y la solidaridad sería posible participar activamente en la defensa de los derechos e intereses a través de la participación y la creación de organizaciones comunitarias.

La posición seria y coherente de los líderes del sector quienes desde 1993 no se han opuesto al progreso y al desarrollo y a la renovación del barrio, siempre y cuando sus actuales moradores no salgan siendo víctimas del progreso sino beneficiarios. “Del pastel nos debe tocar una tajada”.

Actualmente se cierne sobre propietarios de los predios, inquilinos de los mismos que viven aquí o tienen su negocio, y las personas que con su trabajo atienden sus necesidades y le aportan a la ciudad su conocimiento, la amenaza de ser desplazados a lugares que no les ofrecen las garantías que tienen aquí para que sus negocios o actividades sigan siendo rentables, los condenan a la miseria y a la desesperanza desarraigándolos, esto constituye una clara violación a los Derechos Humanos cuando lo que se pretende no es una obra de beneficio común sino la construcción de apartamentos a los que sólo tienen acceso personas con alto poder económico, construidos por empresas particulares.

Nuestra Constitución, establece que somos “Un Estado social de derecho” y es por lo tanto obligación del Estado la protección de la vida, honra y bienes de quienes aceptamos el contrato social que acordamos los colombianos. La ley de leyes establece que la protección es para todos y no únicamente para quienes tienen el poder económico los cuales se enriquecerán más, mientras a esta comunidad la condenan a la miseria.

La terquedad de un funcionario de la Empresa de Desarrollo Urbano, convertido en FUNCIONARIO ESTORBO, no ha permitido ni siquiera estudiar y menos aceptar la propuesta de la comunidad hecha a través de la Organización Popular de Vivienda OPV - Corpovinar que ha sido avalada técnica y financieramente por profesionales como totalmente viable. Pero, el temor a que si se reubican en Naranjal se les daña el negocio de vender apartamentos con precios superiores a los 200 millones de pesos.

Los errores y atropellos contra los moradores de Naranjal básicamente son:

1. En la compra de predios: ofrecimiento de un precio inferior incluso al del avalúo catastral que es el 60% del valor comercial de los mismos y la amenaza de expropiación si no se acepta ese despojo de  las propiedades, las cuales fueron sub-valoradas. Esto equivale a arrebatarle a sus propietarios los predios de los cuales son legítimamente dueños mediante coacción y amenaza.

2. Rechazo a una propuesta viable, justa y razonable para que una sola manzana de las 11 que están incluidas en este proyecto sea destinada a la reubicación de moradores bien sean estos residentes o comerciantes, acogiendo la propuesta de la OPV CORPOVINAR. Esto incluso permite cumplir los compromisos de reubicarnos aquí mismo en el sector y rebajar las inversiones que tendría que hacer la EDU, al hacerlo en lugares lejanos al barrio. La EDU ha olvidado su responsabilidad social desconociendo los más elementales derechos y se ha convertido en la  comisionista de constructores y financieros, pues éste plan está planteado únicamente en beneficio de particulares.

3. No se han definido las condiciones en que se hará la reubicación en lo referente a precios, financiación diseño y construcción y cronograma de ejecución del CENTRO AUTOMOTRIZ NARANJAL para reubicar a los que prestan servicio al vehículo liviano, ni para la CENTRAL DE VEHICULOS PESADOS donde serán trasladados los del vehículo pesado que por sus condiciones han aceptado que se haga en otro lugar, ni del CAC-11 (Centro de acopio de la comuna 11) donde se realicen las labores de recuperación de residuos sólidos, ni de las VIS y la VIP que ordena la ley 388/97 y se desconocen a los empresarios dedicados a actividades diferentes a las de reciclaje y mecánica.

4. La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, ha minimizado y desconocido los alcances de lo establecido en materia de protección social en el decreto municipal 1309/08, en el objetivo Nº 8 del POT y en el artículo 119 de la ley 388/97 y el artículo 39 de la ley 9/89 y sólo busca comprar nuestros predios a menos de un millón de pesos M2, cuando en forma descarada ya han venido ofreciendo apartamentos en estos terrenos que legalmente no son de su propiedad a más de $ 3.500.000 el M2, como quien dice: “ensillando, sin tener la bestia”.

Estos ciudadanos colombianos y ocupantes del sector en su calidad de residentes, empresarios y trabajadores esperan que sean protegidos de la amenaza de este DESPLAZAMIENTO FORZADO y que se actúe con justicia y equidad, no condenando al pobre a ser más pobre sino dándole oportunidades de salir de sus condiciones de vulnerabilidad.

Como comunidad han tocado las puertas del Presidente de la República, de su Ministro de Vivienda, del Procurador General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Corte Constitucional, de las autoridades municipales que tienen que ver con este proyecto y de las organizaciones nacionales y extranjeras defensoras de los Derechos Humanos y de los medios de comunicación para que se pronuncien acerca de estas cuestiones; no se permita este atropello arropado en la “legalidad”. Que la Prosperidad Democrática sea para los pobres, sea para esta comunidad.

Edición N° 00339 – Semana del 15 al 21 de Febrero de 2013
 
 
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