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¿Qué está pasando en Córdoba?

  Víctor Negrete Barrera
  Centro de Estudios Sociales y Políticos – Universidad del Sinú
   
 

Señales desapercibidas

El jolgorio de las celebraciones con la llegada del nuevo año opacó algunas señales de preocupación por la situación de pobreza, inseguridad e inequidad que vive el departamento. Las autoridades, como es usual en estas y otras fechas, dijeron que el orden público estaba controlado y existía una relativa tranquilidad, sin entrar en detalles. En Montería y otras cabeceras municipales la percepción era  más precisa: los medios de comunicación daban cuenta de uno u otro muerto sin indicar causas ni datos de los autores; muchas personas de distintos niveles y ocupaciones expresaban sus inquietudes en reuniones con amigos y familiares por la persistencia de robos, atracos, extorsión, fleteos y amenazas. Por conversaciones, encuentros fortuitos y llamadas telefónicas nos enteramos de hechos graves que suceden en el campo y no trascienden. En general, de acuerdo con los registros anotados, el departamento mejoró sus índices de seguridad y bienestar respecto al año anterior. Lo más destacado para la prensa nacional fue el caso de los jóvenes encontrados decapitados, llamados los cabezas mochas, todavía  sin esclarecer del todo.

La presencia de la realidad

A mediados del mes de enero una serie de hechos violentos y amenazantes empezaron a sacarnos con brusquedad del letargo en que todavía nos encontrábamos. La lista, incompleta por supuesto, es la siguiente: 1. La incursión de un grupo armado ilegal desconocido en la vereda Santa Isabel del Manso en el alto Sinú, municipio de Tierralta. Con datos todavía incompletos los organismos de seguridad hablaron de desplazados, desaparecidos, heridos  y un muerto. 2. El desplazamiento de campesinos e indígenas de los ríos Verde, Manso y Esmeralda hacia las cabeceras de Valencia y Tierralta. 3. Los constantes reclamos por inseguridad (ataques con piedras a conductores y pasajeros, quema de vehículo y ocupación de vías) de las empresas prestadoras del servicio del transporte público en Montería. 4. Invasiones a predios en varios lugares de Montería. 5. Amenazas a  periodistas y docentes. 6. Los 25 homicidios aproximadamente ocurridos en enero, por encima del correspondiente el año anterior. Las autoridades aseguran que es producto de enfrentamientos entre bandas criminales y por lo tanto las investigaciones son más lentas de lo ordinario. 7. El peligro en que se encuentran los líderes de la restitución de tierras por amenazas de  actores diversos opuestos al proceso, al tiempo que el gobierno  les restringió o suspendió sus  esquemas de seguridad lo que ha ocasionado  deserción o desplazamiento en ellos. 8. El lanzamiento de una granada a una vivienda en Ciénaga de Oro con saldo de dos heridos. 9. La denuncia pública que hizo el coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras, Rodrigo Torres, al indicar que “por falta de garantías no se ha comenzado el proceso de acompañamiento a las víctimas en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelibano”. Sobre el particular el gobernador Alejandro Lyons agregó que “desde el año pasado dijimos y resaltamos que en muchos de los lugares donde se adelantan procesos de restitución había presencia de bandas criminales y delincuencia”. 10. El bombardeo al campamento a  orillas del río Esmeralda en Tierralta donde se encontraba Luis Durango Úsuga, alias Jacobo Arango, jefe del frente 5 de las FARC y miembro del Estado Mayor Central. 11. El continuo aumento de  violencia sexual. 12. La inconformidad manifiesta de mototaxistas, victimas, desplazados y desmovilizados.

¿En los puntos críticos qué sucede?

Uno de los varios puntos críticos de orden público que tiene el departamento es la olvidada y emblemática Zona de Ubicación en Tierralta, lugar donde adelantaron el proceso de negociación Gobierno-Autodefensas Unidas de Colombia que finalizó con la desmovilización parcial de las estructuras armadas ilegales. La Zona, con un área de 368 kilómetros cuadrados, estuvo conformada por los corregimientos Nueva Granada, Santafé Ralito, Bonito Viento, El Caramelo, Marta Gordal y San Felipe Cadillo. Para efecto del presente trabajo averiguamos la situación en que se encuentran los tres primeros, situados en el centro de la Zona.

Su población aproximada es de 2.870 habitantes. El agua que consumen no es potable, la toman de pozos de fincas o patios y no la hierven; sólo el 10% cuenta con letrinas; en Santafé Ralito hay un puesto de salud pero no todos los días asisten médicos y enfermeras; en Santafé Ralito y Bonito Viento funcionan los niveles de educación hasta el grado 11 y en Nueva Granada preescolar y básica primaria con un total de 1.170 estudiantes; no disponen de espacios recreativos y deportivos adecuados; las viviendas son con techo de palma, piso de tierra y paredes de tablas o bahareque, totalmente inseguras, por lo general son dos cuartos, sala y cocina, un baño afuera  hecho con cualquier material que tape, lo que hace de puerta y el desaguadero; las vías permanecen en mal estado, sobre todo en invierno; el 90% de los nativos  no tienen tierra donde sembrar, así que la mayoría son jornaleros ocasionales y el resto la consigue arrendada, a medias o para domesticarla con una o dos cosechas de maíz, arroz o yuca y dejarla sembrada con pasto; los pequeños propietarios prefieren sembrar plátano; los pueblos, sean veredas o corregimientos, no tienen ninguna posibilidad de crecer porque están rodeados de fincas ganaderas que ni siquiera les venden la leche. Después de un receso largo están volviendo las peleas de gallos, los campeonatos de futbol y sofbol y fiestas familiares; las visitas de familiares son escasas; de noche duermen un poco más tranquilos y los muchachos y muchachas pueden lucir modas raras sin temor a castigos.

 Desde finales del año pasado los habitantes de la Zona están sorprendidos con la llegada a El Caramelo de maquinaria, técnicos y obreros del interior del país. La sorpresa fue mayor cuando se enteraron que eran de la Empresa Colombiana de Petróleo, Ecopetrol, adelantando exploraciones en busca de petróleo. Mientras algunos esperan que ofrezcan empleos,  mejoren algún servicio o apoyen iniciativas de la población, la empresa rehabilitó la carretera  El Caramelo-Manta Gordal-Severinera, hizo mantenimiento a la de Santafé Ralito- El Caramelo y montó una base del ejército.

Fuente: El Meridiano de Córdoba

Aunque ya los muertos no son tantos, el miedo nos sigue acompañando

La Policía tiene puestos instalados en Santafé Ralito y Los Volcanes, el Ejército patrulla con frecuencia y ahora tiene base en El Caramelo. El otro actor en la Zona son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En los pueblos mantienen entre cuatro o cinco miembros, casi siempre de la Zona o del Urabá antioqueño. Permanecen en casas de familiares, amigos, colaboradores o en fincas. Hacen labores del campo en motos y caballos; reciben quejas, resuelven problemas, controlan robos y conflictos entre vecinos; vigilan el comportamiento de la gente, las visitas y llegadas de extraños; expulsan a quienes consideran sospechosos o enemigos; ajustician a los traidores y enemigos que le hacen daño a la organización, como sucedió en Pueblo Cedro y Los Volcanes; en las noches patrullan con armas cortas y celulares y a cualquier hora y lugar hacen labores de reclutamiento, en los tres municipios por ejemplo fueron reclutados 16 muchachos en los dos últimos años.

El grupo se reúne con pequeños, medianos  y grandes propietarios de tierras y negocios y líderes comunitarios tres o cuatro veces al año, dependiendo de las circunstancias. Por los grandes acuden los administradores de las fincas. Las reuniones usualmente las realizan de la siguiente manera: se presentan como organización, justifican por qué están en la ilegalidad, dan a conocer su plataforma política, aclaran sus nexos con otros grupos (diferencias y aproximaciones), servicios que ofrecen, lo interesante del trabajo comunitario, no se consideran narcotraficantes, reciben pagos o impuestos por protección o permitir cultivos en los territorios que controlan, piden colaboración a los finqueros “para adelantar proyectos ante el gobierno para beneficio de las comunidades”, explican quiénes son sus enemigos, evitan causar muertes, advierten a las comunidades estar pendientes de personas extrañas y de “malandros de la comunidad”, piden que sean las organizaciones comunitarias las que denuncien ante ellos cualquier irregularidad, aseguran “tener presencia en todas las comunidades y estar informados de todo lo que pasa”, reconocen los hechos y acciones que cometen, los mandatarios donde tienen presencia cumplen con sus funciones, les brindan seguridad a las comunidades, están contra la corrupción,  apoyan el desarrollo comunitario y la educación gratuita, la colaboración económica que solicitan no es vacuna ni obligatoria.

Por todo lo anterior la pregunta de muchos es: ¿qué está pasando en Córdoba?

Edición N° 00339 – Semana del 15 al 21 de Febrero de 2013
 
 
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