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Santos en la encrucijada: la verdad del Estado y los D.H.

  Miguel A. Herrera Zgaib
  Profesor Asociado – Unal, Director Grupo Presidencialismo y Participación presid.y.partic@gmail.com
   
 

Preliminares

“El Estado colombiano no niega que haya dos casos de desaparecidos que son la señora Irma Franco y el señor Rodríguez…” Adriana Guillén, directora de la Agencia para la Defensa del Estado.

Faltando ocho días para vencer el término de contestación de la demanda ante la Corte Interamericana de D.H, la Agencia de Defensa del Estado tuvo que enfrentar la renuncia intempestiva del abogado penalista, Jorge Enrique Ibáñez, y en su remplazo fue contratado Rafael Nieto Loaiza, hijo del destacado internacionalista conservador Rafael Nieto Navia, y quien goza de la estima de las FF.AA. Lo ocurrido pone en calzas prietas al jefe supremo de los cuerpos armados de Colombia.

La ética de la profesión

“…Sobre otros desaparecidos existe un manto de duda sobre lo que realmente pasó”. Adriana Guillén.

Rafael Nieto escribió una contestación de 340 páginas, en la que hubo un empastelamiento del escrito que éste elaboró para el caso de Santo Domingo, 2 páginas, que tuvo que retirar del expediente. La demanda fue preparada y presentada en 3 días. Y esto fue publicitado en el diario El Espectador, y ayer debatido el episodio en el programa de radio Hora 20, de la cadena Caracol.

Este episodio ha ocurrido durante la nueva dirección de Adriana Guillén, quien remplazó al hoy ministro Carrillo, uno de los adalides de la 7 papeleta que impulsó en los medios universitarios la constituyente, después del asesinato de Luis Carlos Galán, un episodio atribuido en su autoría intelectual al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Ella arguye que Ibáñez renunció por razones personales, pero "La silla vacía" recoge el disgusto de los comandantes de la cúpula militar por su estrategia de defensa. Adriana estuvo en aquella reunión aclaratoria, y allí, la comandancia propuso que hubiera un co-agente, Rafael Nieto Loaiza.

El Ministerio de Defensa y la Justicia

“La prueba del cabo Édgar Villamizar aún esta en discusión.” Jaime Granados, defensor del coronel Alfonso Plazas Vega en el caso del Palacio de Justicia.

El Ministerio de Defensa está en la preparación de la defensa, y "exige"  que se niegue la existencia de desaparecidos, excepción ella del caso de la guerrillera Irma Franco del M-19; y tampoco la agencia para la defensa del Estado niega los acontecimientos de la "desaparición" de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

El agente defensor estatal contestó la demanda, reproduciendo apartes de otra documentación que él mismo utilizó en otro caso tristemente célebre en materia de violación de D.H la sentencia en el caso de Santo Domingo.

En su estrategia reconoce en los dos casos arriba indicados que Franco y Urán salieron con vida, pero no hay prueba que fueron víctimas de acciones del Estado y sus aparatos represivos. Además, se va a sostener que ya fueron reparados por vía contencioso administrativa.

Él porfía que en materia internacional no se aplican los criterios de la justicia contencioso-administrativa, y los procesos penales que sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia no se han fallado de modo definitivo.

El actual ministro del interior,  Fernando Carrillo, ha guardado silencio sobre el episodio, sobre la injerencia del poder militar por encima de cualquiera otra institución, para borrar la responsabilidad en el abominable caso del Palacio de Justicia, que no se resuelve todavía.

“Redireccionar” la impunidad

“…Una de las bases que tienen todos los abogados del país en procesos internacionales es reconocer solo los fallos internos en los que las decisiones sean definitivas. Rafael Nieto Loaiza, abogado del Estado.  El Tiempo, 21 de febrero 2013, p. 4.

El agente Nieto Loaiza, hace 15 años tiene una posición de negar los hechos de responsabilidad de las fuerzas del Estado en el episodio del Palacio de Justicia. En eso consiste el “redireccionar”; y la salida de Jorge Enrique Ibáñez, quien defendió los intereses del Estado en el caso de la masacre de Santo Domingo, impuesta por la alta Comandancia Militar. En entrevista de Darío Arizmendi con el internacionalista Ibáñez, el pasado 21 de febrero, dio detalles de su separación del caso, porque parte de la oficialidad activa y retiro vetó su nombre. Así se lo comentó el general Alejandro Navas.

De este modo, después de dos años, el Gobierno de la prosperidad democrática, el presidente Santos guarda silencio, cuando la encuesta reciente muestra cómo se califica su gestión falsamente salomónica de hacer justicia, yéndose por la línea de la medianía. La justicia ha sido la más perjudicada, la más desprestigiada de las ramas del poder público.

Lo fue antes con la reforma de la justicia hundida, porque estaba tachonada de nuevos privilegios e impunidad que fueron claramente probados. Lo ha sido luego con respecto al asunto de las pensiones que premian la negligencia de los altos magistrados del Estado, y ahora, se vuelve a rajar, pretendiendo tapar el sol con las manos. Y en lo que tiene que ver con el fuero militar queda también prístino como las FF.AA quieren “protegerse” a toda costa con la complicidad de dos gobiernos, el actual y el inmediatamente pasado.

El riesgo está en que va a echar por la borda, ante las instancias internacionales, la tela de credibilidad que en materia de D.H, se mantuvo en parte con las condenas administrativas en número de 15 por las "desapariciones" y torturas en que incurrieron agentes estatales.

El mismo 20 de febrero, el abogado Jorge Franco, hermano de la exguerrillera Irma Franco, torturada y desaparecida, recordó en entrevista que le hiciera la Radio Nacional, cómo el mismo coronel Plaza Vega declaró al respecto de este caso, y cómo quedó claro en el expediente judicial quiénes fueron los militares responsables de este crimen de Estado, y cómo fueron distinguidos por su acción por la propia institución para completar.

Éste es un asunto que viene desde los tiempos del procurador Carlos Jiménez Gómez, quien mostró cómo había sido roto la cadena de custodia y las evidencias de lo ocurrido dentro del Palacio de Justicia por las "fuerzas del (des)orden".

Años después produjo el exilio forzoso de Hernando Valencia Villa, quien había trabajado en la Procuraduría de Alfonso Gómez, por el asunto de las desapariciones. Y luego terminó con el asesinato del abogado de los desaparecidos del Palacio, Eduardo Umaña Mendoza, en la propia casa paterna. Un crimen más que se mantiene aún en la impunidad.

El Procurador actual guarda silencio hasta el día de hoy, sobre estos episodios "torcidos" en la conducta estatal frente a los D.H; y en su locuacidad habitual lo que, en cambio,  ha puesto a flote en la farándula de "Bocas", para estos días,  es que pudo ser objeto de un atentado, del cual nada sabía hasta la fecha. Mientras el mayor y más flagrante atentado a la verdad y a la justicia universal se perpetra en sus narices sin que si inmute.

Pero, quien no puede seguir haciendo mutis por el foro, o buscando el apoyo de J.J. Rendón, o cualquier otro mago publicista es Juan Manuel Santos. Urge que él haga un viraje inmediato en todo lo que tiene que ver con la justicia, y tiene que “darse la pela” con las fuerzas militares, como a su modo lo viene haciendo a medias con su rival Álvaro Uribe. De lo contrario, su gestión "reformista", cada vez más, descubrirá en público la otra cara, y con ello el liberalismo de la "tercera vía" que dice practicar se hundirá irremediablemente.

Edición N° 00340 – Semana del 22 al 28 de Febrero de 2013
 
 
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