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¿Ahora cómo hago para cumplir?

  Henrik López
  Profesor Universitario
   
 

Para muchos, se trata de dos duros golpes a la Procuraduría General de la Nación y, en la actual coyuntura, al procurador Ordóñez: la pérdida de competencia para realizar el concurso de méritos para los personeros y la prohibición de calificar a los procuradores judiciales como empleados de libre nombramiento y remoción. Estas dos decisiones tienen tanto de largo como de ancho. Desde la óptica del ‘poder’ de la Procuraduría, se trata de un durísimo golpe, pues pierde inherencia en el control disciplinario y de derechos humanos a nivel local y se reduce la influencia personal del Procurador General en el control de los procesos judiciales.

En relación con el primer punto, que es el que mayores cuestiones genera, es indudable que la decisión tiene enormes consecuencias sobre la autonomía territorial. Si bien el que la Procuraduría diseñara los concursos de méritos, en principio, no afecta dicha autonomía, si implicaba una fuerte reducción a la misma, así como una intromisión en asuntos locales. En efecto, en ejercicio de las potestades relativas a este asunto, el Procurador emitió la circular No. 40 del 27 de diciembre de 2011, en la que ordenaba a los procuradores regionales, provinciales y distritales que estuviesen vigilantes al proceso de elección de personeros. En principio, nuevamente, ello no tiene mayores implicaciones. No obstante, cuando se advierte que el concurso es diseñado por la Procuraduría y que sus agentes –de libre nombramiento- son sus vigilantes, la vigilancia se transforma en un control sobre el ejercicio de las funciones constitucionales de los concejos municipales. Al margen del ámbito normativo, ¿cómo apartarse de ‘sutiles’ directrices del procurador, cuando éste es quién vigila? Puede ser que hilemos delgado, pero ¿para qué, entonces, es el poder?

Ahora bien, la cosa no es de color rosa. Si bien es claro que quienes compartimos la idea de reforzar la autonomía local, celebramos que se minimice la inherencia nacional en sus asuntos, también es cierto que el actual estado de cosas (el mismo que se vive hace rato), obliga a estar atentos. ¿En cuántos municipios la elección de personeros se realizará de manera transparente? ¿En cuántos municipios los concejales están en situación real (no jurídica) de poder emitir su voto de manera autónoma? ¿Cuántos municipios cuentan con los medios para diseñar un concurso de méritos de manera correcta (esto es, buscando al candidato idóneo)? ¿Cuántas elecciones no estarán determinadas por grupos violentos o por los caciques políticos? Seamos realistas, el riesgo existe y hará falta algún medio, de asistencia y de vigilancia, para estas actividades. Bien pudiera ser, dada su trascendencia, que organizaciones como MOE participen de la vigilancia.

El segundo punto es más pacífico, creo. La participación del Ministerio Público en los procesos judiciales es una figura singular de Colombia. Tiene un propósito claro: la defensa de los derechos humanos y fundamentales dentro del proceso. Para que ello sea realidad, es necesario garantizar la independencia del funcionario frente a sus superiores funcionales. Esto, por cuanto la defensa de tales bienes no puede estar sujeta a las particulares concepciones que el ‘jefe de turno’ tenga sobre un u otro aspecto, como por ejemplo, el alcance de la jurisprudencia constitucional en materia de aborto.

Más aún, el Ministerio Público dentro del proceso judicial –sea penal, civil, laboral, penal o administrativo-, debe ser un interviniente aliado del orden jurídico y que, dada la tendencia adversarial de los procedimientos judiciales colombianos, apoye al juez ante las dificultades, limitaciones y prejuicios que se expresan en la defensa (o falta de defensa) de los intereses de las partes. En este sentido, su compromiso es con la defensa del orden jurídico y no puede convertirse en una voz que exprese un interés ajeno al proceso, como lo es el del Procurador General de la Nación.

De manera global, puede sostenerse que las decisiones de la Corte Constitucional reducen las oportunidades de ‘clientelización’ de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, al igual que puede ocurrir con la Contraloría o la Fiscalía, es un ente enorme, con numerosos cargos ‘apetitosos’. Son así, no sólo por la remuneración, sino principalmente por la influencia que ejercen sobre poderes y actividades locales, regionales o nacionales. Así, incidir en el diseño de los concursos de méritos de los personeros es una oportunidad para extender la influencia –sea de la Procuraduría (o del Procurador) o de un político al cual se le deba un ‘favor’-sobre los asuntos locales. Lo mismo puede decirse en sede judicial. ¿Cómo desconocer el interés partidista o clientelista en poder incidir en la suerte de procesos judiciales? Por ejemplo, ¿para apoyar  o atacar una determinada tesis en sede penal? ¿Para minar un proceso contrario a los intereses de un grupo político o al cacique de turno?

¡Sí!, el Procurador ha perdido poder. La pregunta obligada es ¿cómo se cumplirán los compromisos adquiridos luego del largo lobby que permitió su reelección? ¿Será que se realinearán los intereses protegidos por el Sr. Procurador?

Edición N° 00342 – Semana del 8 al 14 de Marzo de 2013
 
 
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