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El reemplazo de Sierra Porto en la Corte Constitucional

  Nelson Camilo Sánchez
  Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia
   
 

No obstante su larga y fructífera carrera, llena de logros jurídicos, Humberto Sierra Porto es abiertamente reconocido en el país como el magistrado que redactó la sentencia que impidió que en nuestro país se instalara un sistema de reelección presidencial indefinida. Una decisión valiente de una corte de justicia que con la legitimidad y probidad de sus decisiones se enfrentaba –por decirlo de alguna manera – a un fervor político mayoritario. En ese momento histórico la Corte no decepcionó. La contundencia de su fallo evitó una crisis institucional que hubiera podido causar una decisión controversial o poco sustentada. Sin duda, la participación de Sierra Porto (hoy en día magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) fue crucial para la defensa de nuestra democracia.

Esos son los zapatos que hoy en día buscan llenar tres candidatos que han sido recientemente elegidos por el Consejo de Estado para reemplazar a Sierra Porto en la Corte Constitucional. Dicha terna está integrada por reconocidas figuras jurídicas del país: Marta Lucía Zamora, una respetada penalista con una amplia trayectoria en la Fiscalía General de la Nación; Alberto Rojas, especialista en derecho procesal y que también cuenta con un amplio recorrido en entidades de control del Estado; y Alejandro Linares, un especialista en derecho corporativo afiliado a una prestigiosa firma de abogados.

Pero, no sólo reemplazan una figura, quien sea elegido integrará un tribunal con una larga trayectoria y una posición única en el entramado institucional del país. Comprender la entidad de estos retos es la cuota inicial para aspirar a este cargo.

¿Qué significa esta elección para la Corte?

Debido a la labor que ejerce, un tribunal constitucional requiere ser integrado por juristas que garanticen un difícil, pero importante balance. Por un lado las diversas posiciones ideológicas de la sociedad deberían estar representadas en el tribunal, el debate a partir de los diversos puntos de vista es el que permite que las decisiones colectivas sean enriquecedoras y respondan de mejor manera a los objetivos que se proponen.

Por el otro, experiencias profesionales variadas son importantes para alimentar las deliberaciones y fortalecer así las decisiones. Es por esto que es deseable que profesionales de diversas ramas y con trayectorias profesionales distintas integren un tribunal de este tipo: personas que vengan de la rama judicial, de la práctica profesional, de la academia, etc.

Este pluralismo tiene a su base dos condiciones fundamentales.  En primer lugar, si bien es necesario - y saludable - reconocer que las tendencias ideológicas son y serán siempre parte de las decisiones de un juez, pero más allá de sus propias posiciones, la de quien interpreta la Constitución tiene que comprometerse con los valores y principios que su Constitución defiende. Ese debe ser su derrotero axiológico fundamental.

Allí radica uno de los retos que se enfrentan en esta elección. Desde la instauración de la Corte, el balance ideológico de su composición no ha sido radicalmente alterado. Lo cual no quiere decir que se haya mantenido. Durante años recientes, especialmente desde la renuncia del ex magistrado Juan Carlos Henao, tendencias ideológicas más cercanas al conservatismo se han fortalecido. Vale la pena recordar que con la elección de Luis Guillermo Guerrero se preveía que una silla tradicionalmente ocupada por tendencias liberales pasaría a una posición conservadora. Y Guerrero hasta ahora ha demostrado con sus posturas y decisiones este cambio. Algo que pone en peligro, por ejemplo, conquistas tan importantes para la inclusión democrática y el respeto a las minorías como la jurisprudencia de la Corte sobre igualdad de personas con orientación sexual diversa.

En segundo lugar, quien integre un tribunal constitucional debe garantizar una experticia jurídica  que vaya más allá de la aplicación de una rama del derecho, y debe comprometerse con la interpretación global de la Constitución como programa político y con sus herramientas para hacerlo efectivo. De allí que el conocimiento en derecho constitucional es fundamental. Especialmente en un país en donde la producción jurídica constitucional ha sido una labor rigurosa y prolífica, no solo por la interpretación de las normas y derechos, sino por su creatividad a la hora de plantear mecanismos para hacer realidad tales derechos y para hacer seguimiento a las políticas públicas.

Ninguno de los tres candidatos tiene al derecho constitucional como su principal tema de su experticia. De hecho, los constitucionalistas han ido disminuyendo en esta Corte. Lo cual es un motivo de preocupación, pues en este momento existen tendencias que buscan poner en tela de juicio instrumentos utilizados por la Corte para la protección de los derechos, o plantean discusiones procesales constitucionales difíciles y si no se conocen a profundidad estos temas se podrían producir enormes retrocesos en la protección de derechos.

Uno de ellos es las facultades de seguimiento de la Corte a sus propias decisiones, particularmente a través de figuras como la de la sala de seguimiento a la sentencia sobre desplazamiento forzado y el seguimiento a la sentencia del sistema de salud. Estos mecanismos, que han sido objeto incluso de felicitaciones académicas y políticas a nivel mundial podrían desaparecer si la Corte actual no entiende y defiende su entidad y sus alcances.

Un segundo tema procesal es cómo responder a los reiterados ataques a la legitimidad y a la jurisprudencia de la Corte promovidos por la Procuraduría General de la Nación a través de la interposición continua de solicitudes de nulidad sobre sentencias de tutela que no comulgan con la visión moral y religiosa de quien dirige dicho órgano. Hasta ahora la Corte se ha mantenido férrea en no permitir que se mal utilice este mecanismo procesal para retrotraer sus decisiones. Algo a lo que debe comprometerse quien llegue a ocupar el cargo que dejó Sierra Porto.

En tercer lugar, el compromiso con el conocimiento de los procesos de la Corte es vital para impedir que vía incumplimiento soterrado de las sentencias, la jurisprudencia de la Corte se quede solamente en el papel. Hoy en día instituciones privadas y públicas han recurrido a diversas estrategias para “hacerle la vuelta” a las decisiones de la Corte. El cumplimiento de sentencias como las de pensiones para parejas del mismo sexo o las relacionadas con el aborto se ha convertido en una lucha constante y muchas veces de filigrana jurídica. La nueva o el nuevo integrante de la Corte debe estar al tanto de estos artilugios procesales.

La pelota en la cancha del Congreso

Ahora tiene la palabra el Senado de la república. Esta elección llega a un Congreso que por sus dinámicas electorales propias está hoy en día más preocupado por sus elecciones y reelecciones que por otra cosa. Pero esta elección debe trascender a cualquier interés político o partidista, pues garantiza la continuidad de la legitimidad de una de las instituciones base de nuestro sistema de derecho.

El Senado debe ponerse a la tarea de garantizar un proceso de escrutinio de candidatos serio, abierto y deliberativo. Uno que permita entrar a estudiar con profundidad cuál sería la posición de cada uno de los candidatos frente a los retos institucionales mencionados. Particularmente, se debe garantizar un sistema de escrutinio que avale un test de compromiso con la ideología de la Constitución y otro, con el compromiso y conocimiento de los mecanismos de protección de derechos creados por la Corte Constitucional. Quien mejor demuestre que tiene las ideas y herramientas jurídicas para fortalecer a la Corte en los dos frentes debería ser quien resulte elegido.

Edición N° 00343 – Semana del 15 al 21 de Marzo de 2013
 
 
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