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Tierras y agricultura: indicios para la paz y el desarrollo

  Jaime Alberto Rendón Acevedo
  Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
   
 

La economía colombiana creció el 4.0% en el año 2012, cuando en el 2011 lo había hecho en el 6.6% y el promedio en los últimos doce años ha sido del 4.3%. No obstante, este resultado es aceptable ante un ambiente externo muy complicado por la persistencia de la crisis en los países europeos, pero ante todo, con un panorama interno caracterizado por la incertidumbre sectorial, la caída de los precios internacionales y, en especial, por la revaluación que ha golpeado sin precedentes al sector exportador.

Llama la atención el comportamiento a la baja de algunos sectores, entre los que se destacan la industria manufacturera  que decreció al -0,7% cuando el año anterior había crecido al 5,0%. La construcción pasó de crecer el 10% en el 2011 a un escaso 3,6% en el 2012. La explotación de minas y canteras  que creció el año anterior al 14,4% lo hizo en el 2012 al 5,9%, que aunque relevante, muestra que la locomotora minera no responde a la expectativas creadas.

El sector agropecuario creció el 2.6%, manteniendo el comportamiento modesto  de las últimas dos décadas, (2.2% promedio en los últimos doce años) que lo ha dejado rezagado estructuralmente ante otros sectores de la economía, algo parecido a lo que le ha sucedido a la industria manufacturera.

Resulta paradójico, como casi todo lo que ocurre en este país, que sea precisamente este sector, que ya poco cuenta para las políticas públicas; con una participación muy tenue en los acuerdos de libre comercio, en la negociación de las asimetrías con países de gran alcance de su sector agropecuario; donde poca trascendencia tiene el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, el que se ha convertido en el punto central de los diálogos de paz con las FARC, pero en realidad tiene todo el sentido posible, no sólo porque las FARC históricamente han sido una guerrilla campesina, génesis desvirtuada por años de luchas, conflictos, desplazamientos a población civil y negocios ilícitos entreverados en la guerra, sino porque de este sector depende en realidad buena parte del desarrollo del país.

Ahora bien, el primer gran tema de debate es necesariamente el de la propiedad territorial, volviendo al tema de las paradojas y en contra de lo que algunos piensan, en Colombia si se ha dado una reforma agraria… pero, a la inversa, es decir, una reforma que en vez de haber contribuido a la distribución de la tierra brindando oportunidades concretas a los campesinos, ha consistido en la concentración extrema de la propiedad, proceso mediado por las armas, el despojo y la muerte. De esta manera el índice de Gini para la propiedad en Colombia es del 0.86 (siendo 1 el punto de concentración absoluta).

¿Cómo se manifiesta esto? Pues lo primero es en la propia tenencia de la tierra, es decir, de acuerdo con los estudios que posibilitaron la construcción del Gran Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el apoyo de distintas Universidades, y con el Informe Nacional de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 41% de la propiedad rural está en manos de grandes poseedores (más de 200 hectáreas), es decir, de los 2,4 millones de propietarios, el 3,8% (91.200 personas o empresas) poseen terrenos de mayores de 200 hectáreas; las propiedades entre 20 y 200 hectáreas representan el 40% y el restante 19% corresponde a pequeñas propiedades lo que se podría llamar minifundio y microfundio.

Lo Segundo es en la producción, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE (la Encuesta presenta información para 22 departamentos), el 79.7% del suelo en el país está dedicado a las actividades pecuarias, es decir, 30.000.649 hectáreas se dedican a la ganadería, un cálculo grueso mostraría como la disponibilidad de tierra por cabeza de ganado en el país es de 1.47 hectáreas.

Estas cifras muestra como la ganadería, que es básicamente extensiva, ocupa proporcionalmente la misma tierra que los cientos de miles de campesinos cafeteros que salieron a las vías a demandar protección estatal, producción que se realiza en fincas menores a 2 hectáreas, ya que solo el 5% de los productores de café poseen fincas superiores a 5 hectáreas.

El área destinada al uso agrícola es del 7.9% del territorio, es decir, de los 37.7 millones de hectáreas en los 22 departamentos, solo 2.96 millones se dedican a estos usos, representando los cultivos permanentes la mayor proporción del área sembrada (57.2%) y el 32.3% a cultivos transitorios. Los frutales ocupan el 5.7% y otras hortalizas, que se podrían denominar de consumo corriente el 1%.

Es claro entonces como el país, no solo ha definido su modelo de propiedad sino como ha decidido sobre los usos y la producción, donde los temas de equidad y oportunidades para las familias campesinas han quedado relegados al mercado y este, por fuera incluso de los precios, ha estado mediado por las armas y el despojo.

De esta manera, la producción agropecuaria y en general el desarrollo rural han estado abandonados al sino de la desgracia: las armas, el libre mercado y la falta de políticas públicas decididas a la construcción y consolidación de planes concretos de desarrollo social, acceso a la propiedad y diversificación productiva, han llevado al sector agropecuario en Colombia a no dar cuenta de las necesidades que como sociedad tenemos en cuanto seguridad y soberanía alimentaria, y mucho menos a las propias necesidades de los campesinos que han debido recurrir a la protesta, al paro para que con subsidios se apoye la falta de garantías para poder acceder a unas condiciones de rentabilidad que les permita por lo menos vivir de su negocio.

Pero debe ser el momento de preguntarnos como sociedad hasta cuando se podrá mantener una política de subsidios no solo a los cafeteros, cuyo arreglo del paro le cuesta al país 820 mil millones de pesos, sino los aportes que se le da a los azucareros, calculado en 1.2 Billones de pesos para la producción de Etanol, pero también están los cacaoteros, los arroceros y en fin, la lista podrá aumentarse tanto hasta donde los productores del país decidan probar el aguante del Gobierno Nacional.

Es decir, “el país” acaba de aprobar una reforma tributaria donde no se saben a ciencia cierta los alcances que tendrá en materia de ingresos, pero si es claro que los empresarios colombianos dejarán de pagar al menos 7 billones de pesos producto de los pagos parafiscales. ¿Hasta donde llegará la prudencia o imprudencia fiscal para soportar el embate político de los sectores económicos que estructuralmente han debido soportar el abandono gubernamental y hoy, casi que desesperadamente, se intenta paliar con subsidios o con reducciones sustanciales de impuestos?

Por fuera de los debates sobre si de nuevo se necesita el proteccionismo, lo que realmente es prioritario para el país es definir políticas públicas concretas para el sector industrial y muy especialmente para el sector agropecuario, si se prefiere para lo rural.

El país difícilmente soportará los pesos de mantener las condiciones de ingresos de los productores mientras la situación estructural del sector vaya a la baja, es decir, se deberá incidir en aspectos como la producción, la comercialización, los insumos, el acceso a créditos, la competencia y la internacionalización, además de tener condiciones precisas de accesos a la propiedad e incluso a formas asociativas de la misma, así como del desarrollo social. Todo esto sumado a políticas monetarias y cambiarias que a más de coyunturales, en el caso de la actual revaluación, sean artífices de mecanismos virtuosos de competitividad y no como hoy sucede que, por el contrario, llevan a situaciones desfavorables en el mercado ante productos importados.

Se esperaría que estos sean los temas del primer punto de la agenda, donde el tema de las zonas de reserva campesina es relevante pero no el único y mucho menos el sustancial. Es decir, si bien la Asociación Nacional de Reservas Campesinas aspira a que estás lleguen a ser del orden de 10 millones de hectáreas, hoy oficialmente ocupan 831.000 hectáreas (más de la mitad en Guaviare) y otras 1.25 millones esperan reconocimientos, de los 51 millones de hectáreas del suelo nacional destinados a la parte agropecuaria.

Así que con diálogos o sin diálogos y preferiblemente con acuerdos concretos de paz, el país tendrá, aun a pesar de la ortodoxia dominante, que decidir sobre políticas públicas sectoriales, sobre revitalizar lo rural a través del acceso a la propiedad y con programas productivos, de comercialización, asistencia financiera y técnica que conduzcan a elevar la productividad y hacer de las actividades agropecuarias espacios dignos para la vida humana, no solo de quienes lo habitan sino de un país que en últimas depende del bienestar y desarrollo del campo. Los subsidios son importantes para evitar que los sectores y las familias colapsen, pero no es una política que se pueda soportar fiscalmente en el mediano y largo plazo.

Edición N° 00344 – Semana del 22 de Marzo al 5 de Abril de 2013
 
 
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