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Territorio y paz imperfecta

  Héctor Alonso Moreno
  Profesor asociado – Universidad del Valle
   
 

La distribución territorial del poder  ha sido, entre otros, un factor de discordia a lo largo de la historia de Colombia. No en vano, la República, emergió de las experiencias encontradas de Centralistas y Federalistas. El siglo XIX fue escenario no sólo de disputas violentas por el poder sino de debates académicos sobre lo divino y lo humano, que se vieron reflejadas a manera de ejemplos, en la promulgación de siete constituciones a partir de 1830.

En esa dinámica de confluencia de intereses; el territorio que hoy ocupa Colombia ha transitado en varias ocasiones por modelos de corte federal, que se podrían resumir así: Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811-1819), Confederación Granadina (1858-1861), y de los Estados Unidos de Colombia (1863-1885), experiencias enriquecedoras pero que infortunadamente sumieron al país en cadenas consecutivas de guerras, conspiraciones y venganzas.

Ese culto debate se vio manchado por la sangre de miles de muertos y heridos, escribió el historiador Álvaro Tirado Mejía, al señalar que entre 1830 y 1903 hubo nueve grandes guerras civiles generales, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales, tres golpes de cuartel y una conspiración fracasada. Ese balance obedeció en parte al fraccionamiento de la nación y a la soberanía extrema de los Estados, que conservaron incluso sus propios ejércitos, lo que produjo lo inevitable: enfrentamiento entre ellos.

La decisión de Rafael Núñez de erradicar el modelo  federalista e implantar el centralismo fue en aquel entonces una medida acertada. No obstante los vacíos de la constitución de 1886, debe reconocerse que le dio al país momentos de estabilidad. Al menos permitió la reunificación del territorio y la cohesión de la mayoría de los ciudadanos. Se necesitaba de un Estado central, capaz de ejercer con legitimidad la autoridad y el monopolio de las armas.

Pero, la violencia no cesó del todo a pesar de breves periodos de sosiego. El centralismo conllevó a un abandono de las regiones. El poder político, administrativo y fiscal se concentró en la capital cercenando el potencial de los municipios y de los departamentos. Hechos que obligaron y aún obligan a repensar la distribución del poder, abriéndose paso un proceso lento e incipiente de desconcentración, que desemboco en el modelo de descentralización establecido en la constitución de 1991, que debe no sólo consolidarse sino fortalecerse.

La constitución de 1991 considerada como un tratado de paz  por su origen, por la calidad de los actores involucrados y por las propias circunstancias políticas en las que se desarrolló; permitió construir las lógicas necesarias para que en el presente y futuro, a partir del concepto de una forma de Paz imperfectase deba tratar de enmarcar en un ordenamiento territorial parte de la realidad nacional en las ya consagradas constitucionalmente figuras de provincias y regiones, que permitan la incorporación de amplios sectores sociales y de regiones geográficas que, durante la evolución del país, han vivido por fuera del ámbito de regulación del Estado. Las demandas, las necesidades insatisfechas, el descontento social, que ellas generan, no encuentran todavía la manera adecuada para expresarse. Esto se podría lograr a partir de un modelo de Paz imperfecta, – lo que implica un giro epistemológico en el sentido de pensar la paz desde la paz- como un proceso en permanente construcción, en las que no solo se reconozcan y validen todas las formas de construcción de paz que durante todo el periodo de violencia han desarrollado las comunidades en el campo, y que han permitido la autonomía y la supervivencia de los campesinos en medio de los actores armados, sino también, que se potencien nuevas formas de solución de los conflictos a partir de la experiencia de las propias comunidades. Podríamos agrupar bajo la denominación de paz imperfecta  a todas estas experiencias y estancias en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir, en la que los individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya impedido. (Muñoz Francisco, 2001)

Es a partir entonces del nuevo ordenamiento constitucional del 1991, cuando el debate acerca del territorio vuelve de nuevo a cobrar la majestad que tuvo a los inicios de nuestra era republicana. Las viejas disputas por la tierra siguen estado en el centro del debate, haciendo parte de los orígenes del actual conflicto político armado en el país.

Fue el constituyente colombiano del siglo XX quien amplio significativamente el tema al dejarlo plasmado en varios artículos de la constitución. Al tema del territorio y la autonomía de los pueblos indígenas, así como al artículo transitorio 55 que permitió el avance en el concepto no solo de titulación de tierras a las comunidades negras con la expedición de la ley 70, sino también, en el concepto mismo de lo significa el territorio para dichas comunidades; se suma  el hecho de que en el marco de la nueva constitución política, el gobierno nacional en su momento expidió la ley 160 de 1994, que crea las Zonas de Reserva Campesina, (ZRC) en la cual la titulación de tierras y el concepto de territorio aparecen  tímidamente para solucionar el tema de construir un país de campesinos propietarios.

Hoy en día existen en Colombia estas Zonas de Reserva Campesina, como una novedosa figura de ordenamiento territorial que busca entregarles a campesinos de escasos recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando.

La idea es que agrupaciones de campesinos vivan y trabajen en ellas y que cada uno sea propietario de un terreno.

En este momento, hay seis ZRC ubicadas en Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el Valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo). Estas  ZRC no en vano surgieron y se desarrollan  en zonas de conflicto violento, de lo cual es destacable que en estos territorios, los campesinos han elaborado un sin número de proyectos de vida y experiencias de resistencia al conflicto político armado en el marco de la construcción de experiencias,  que les ha permitido convivir en la dinámica de una constante paz imperfecta. (Negociando y pactando el conflicto de manera pacífica).

Ahora bien, parece ser que en los diálogos de La Habana este tema de las Zonas de Reserva Campesina se está discutiendo a fondo. Sería importante que a partir de esos  diálogos habaneros, también se planteara el tema del desarrollo de aspectos del ordenamiento territorial de la Constitución de 1991 que no han tenido el desarrollo participativo y legislativo necesario,  y que de desarrollarse contribuirían de forma notable a avanzar en el tema de la paz imperfecta a partir de un nuevo enfoque del ordenamiento territorial. Es el caso, como se señaló  anteriormente, de las regiones como entidad territorial consagrada en  el artículo 286 de la Constitución de 1991, que aunque ha tenido trámite legislativo, aún no ha demostrado su eficacia política, debido entre otras razones a la falta de claridad frente a la naturaleza política de la misma. Pues esta forma de ordenamiento territorial podría establecerse y desarrollarse a partir de innumerables acepciones, bien sea, como región económica, región cultural, región administrativa, región lúdica o región política, entre otras. Pero, más allá de sus posibles sentidos interpretativos, lo fundamental es que estas apunten a la construcción de paz y a la ampliación de espacios para la democracia, y a la superación tanto del carácter inconcluso del Estado, como de la crisis política que vive el país.

Edición N° 00345 – Semana del 5 al 11 de Abril de 2013
 
 
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