Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

La ley estatutaria de la jurisdicción penal militar:
avanza en el camino de la impunidad

  Carlos Rodríguez Mejía
  Profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá,
Consultor y defensor de Derechos Humanos°
   
 

Como recordarán los lectores de Caja de Herramientas, edición virtual, durante el año anterior escribimos una serie de artículos sobre la reforma constitucional promovida por el Gobierno en relación con la jurisdicción penal militar. En lo publicado alertamos sobre el rumbo de dicha propuesta, contraria los principios del Estado de derecho –en particular a la independencia y autonomía de las ramas del poder-, su enfrentamiento con el derecho a la igualdad y su oposición a la búsqueda de justicia o para las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario (DIH).  Basamos nuestros argumentos en las normas y estándares del derecho internacional y en las normas del texto constitucional colombiano.

Pese a que nuestras opiniones no fueron aisladas y que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los Relatores y titulares de la mayoría de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los derechos humanos, ambos organismos de la ONU, se pronunciaron en contra de la reforma, esta fue aprobada mediante el Acto Legislativo 2 de 20121. La reforma ya ha sido demandada ante la Corte Constitucional, tanto por vicios en el procedimiento para su adopción, como porque el Congreso excedió sus facultades de reforma y sustituyó cláusulas definitorias de la Constitución por otras totalmente contrarias, lo cual no es una reforma sino un cambio de Constitución vedado para el Congreso2.

Ahora, el Gobierno ha presentado un proyecto de Ley Estatutaria, anunciada en el Acto Legislativo, que, según expresa su Art. 1:

Objeto y ámbito de aplicación. El objeto de esta ley es desarrollar los artículos 116 y 221 de la Constitución Política, con el fin de establecer reglas para la investigación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en el marco del derecho internacional humanitario; el desarrollo de los principios de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar; el funcionamiento de la comisión técnica de coordinación y la organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales. El contenido de esta ley, excepto donde se diga expresamente lo contrario, se aplicará exclusivamente a los miembros de la Fuerza Pública.

Es un proyecto de ley extenso, de 98 artículos, que ameritará más un comentario, pero que de entrada genera preocupaciones serias sobre el rumbo que mantiene y profundiza, respecto al Acto Legislativo, en el sentido de promover la impunidad y de impedir a las víctimas acceder a mecanismos judiciales de protección efectivos para restablecer los derechos que puedan ser conculcados o afectados por la acción de la fuerza pública.

El derecho humanitario en versión criolla

Lo primero que advierte el lector es que el derecho humanitario que dice asumir el texto, no es el derecho que rige en el ámbito internacional. Por un lado las normas humanitarias protegen a la población civil y a quienes no pueden o no quieren continuar combatiendo y a los bienes civiles y aquellos que están vinculados al patrimonio cultural, o que entrañan fuerzas peligrosas (una represa, por ejemplo) y al personal y bienes relacionados con los cultos religiosos y la misión médica. En últimas, partiendo de la dignidad de los seres humanos, su objetivo es el de disminuir los sufrimientos de los seres humanos que viven en zonas de conflicto armado, sea este de carácter internacional –entre Estados- o sin ese carácter, vale decir, dentro del territorio de u n Estado3.

Como dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, “Las normas del  derecho internacional humanitario […] se basan en el respeto debido a la persona humana y a su dignidad, refrendan el principio de la asistencia desinteresada y prestada sin discriminación a las víctimas, al hombre (o a la mujer) que, herido, prisionero o naufrago, sin defensa alguna, ya no es enemigo  sino un ser que sufre”4.

El Art. 7 del proyecto establece: Las reglas de derecho internacional humanitario enunciadas en este título se aplicarán exclusivamente a la investigación, acusación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública5. Pretende dejar por fuera a los combatientes de los grupos insurgentes, ya que no les reconoce esa condición, pero sin embargo si aplica el derecho internacional humanitario que solo rige, como se ha dicho, para los conflictos armados, sean ellos entre estados o dentro del territorio de un Estado.

Adicionalmente las normas humanitarias se han desarrollado consuetudinariamente, como resultado de prácticas generalizadas de los Estados, aceptadas por estos como normas jurídicas obligatorias y expresan prescripciones imperativas, que no pueden ser derogadas sino por normas ulteriores de igual jerarquía6. Como establece el propio Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, “Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública (…)7”, lo que implica, entre otras cosas, que la protección debida no puede limitarse solo a una parte, sino a todas las personas que intervienen en el enfrentamiento.

Ahora bien, es cierto como se dice en el proyecto, que “los participantes directos en las hostilidades y los miembros de grupos armados no son prisioneros de guerra y están sometidos al derecho penal nacional”, pero no es correcto ni consistente con el derecho humanitario concebido, como se ha dicho, para defender la dignidad de las personas, que esto los deje por fuera de las prescripciones humanitarias.

Ya en artículos anteriores, publicados en Caja y a los que se ha hecho referencia al comienzo de este documento, insistimos en que la protección de los derechos fundamentales y libertades fundamentales establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario no son órdenes excluyentes, sino complementarios.

La Corte Internacional de Justicia, en la Opinión Consultiva acerca de las consecuencias legales de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado ha dicho que:

“106. De manera más general, la Corte estima que la protección ofrecida por los instrumentos que rigen los derechos humanos no se interrumpe en caso de conflicto armado, salvo por el efecto de las cláusulas derogatorias que figuran en el artículo 4 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. En las relaciones entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos pueden  presentarse, entonces, tres situaciones: algunos derechos pueden ser materia exclusiva del derecho internacional humanitario; otros pueden ser relevantes exclusivamente para los derechos humanos y, otros, por último, pueden ser objeto de interés simultáneamente para estas dos ramas del derecho internacional (…)”8.

En conclusión, lo propuesto en materia de derecho internacional humanitario en el proyecto presentado por el Gobierno al Congreso, no está acorde con las normas humanitarias que rigen en el derecho internacional general.

En entregas sucesivas, abordaremos otras cuestiones sumamente preocupantes de este proyecto de ley Estatutaria.

Edición N° 00346 – Semana del 12 al 18 de Abril de 2013

° Las opiniones expresadas en este artículo no comprometen a la Universidad, solo expresan el punto de vista del autor.

1 Publicado, Diario Oficial No. 48.657 de 28 de diciembre de 2012.

2 A la fecha de hoy aparecen 5 demandas incoadas ante la Corte Constitucional, así: la D 0009529, rechazada; la D 0009572, inadmitida, aunque el Auto no se encuentra ejecutoriado, la D 0009578 y la D 0009552, ambas en trámite y la D 0009596 pendiente de reparto.

3 Cf. Carlos Rodríguez Mejía y Gustavo Gallón, Aplicación del derecho humanitario en Colombia, posibilidades y dificultades, en Comisión Colombiana de Juristas, Colombia derechos humanos y derecho humanitario: 1996, serie informes anuales, Bogotá, 1997, pág. 199 y s.s.

4 En ibídem, Comité Internacional de la Cruz Roja, Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de  1949, Ginebra, 1986, página 3.

5 También en otras normas del proyecto, como el Art. 14. Es una cuestión reiterada a todo lo largo de la propuesta de ley Estatutaria.

6 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ley 32 de 1985) establece: Art. 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

7 En el preámbulo del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949.

8 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004, p. 136 , par, 106 (traducción no oficial)

 
 
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