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Por una política y sistema de salud que proteja
la vida y la salud de los y las trabajadoras

  Mauricio Torres-Tovar
  Médico – Salubrista ocupacional
   
 

"Todo trabajo debería hacerse con el mínimum posible de peligro para la salud y la vida del trabajador. ¡Cuán lejos estamos de realizar este sencillo principio de justicia! Para ponerle en práctica hay dos dificultades muy graves: la ignorancia y el egoísmo."
Concepción Arenal
El Pauperismo, cap. VIII, 1897

28 de abril: Día mundial en memoria de las victimas en el trabajo

El 28 de abril se estableció como el día mundial de las víctimas del trabajo a finales de los 80, como una iniciativa de los sindicatos canadienses y estadounidenses, para denunciar y conmemorar la muerte de 28 trabajadores producto de un accidente laboral ocurrido en 1987 en Bridgeport (Connecticut, Estados Unidos). Se trata de una fecha para recordar a las y los trabajadores muertos, para luchar por los vivos y debe rebatir la cultura que  culpabiliza a las propias víctimas1, y reconocer cuáles son las causas reales y estructurales que las provocan para transformarlas.

Sin lugar a dudas la fecha sigue siendo enormemente relevante dada la precarización de las condiciones laborales en el mundo, que lleva a cientos de miles de trabajadoras/es a exponerse a condiciones de trabajo inseguras e insalubres, que producen sufrimiento, enfermedad, accidentes y muertes para miles. Un doloroso reflejo de esta situación es el reciente accidente en Bangladesh, producto de la caída de un edificio de fabricas textiles, donde laboraban más de 2.000 trabajadores/as, que provocó la muerte de más de 100 de ellas/os y más de 1.000 heridos. No bastó que días previos se llamara la atención sobre la situación de peligro producto de unas grietas. Ni los empresarios ni las instituciones estatales tomaron las medidas requeridas. La vida de los y las  trabajadoras se sigue despreciando.

La situación es totalmente dramática, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, cada año 2.3 millones de trabajadoras/es mueren por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.

En Colombia, donde no contamos con un sistema de información solido y confiable en materia de notificación de eventos de salud de origen laboral, según el reporte del Gremio de las Aseguradoras – Fasecolda, en el año 2009 ocurrieron 410.410 accidentes declarados de origen laboral, provocando 588 muertes; mientras que en el 2010 los accidentes de trabajo reconocidos fueron 442.689, que provocaron 489 muertes. En estos dos años solo fueron reconocidas dos muertes a consecuencia de enfermedad laboral2.

¿Cómo evitar esta epidemia de muerte que produce las condiciones de trabajo?

Surge necesariamente esta pregunta frente a este grave panorama.

Lo primero que es urgente y necesario hacer es configurar una cultura que no naturalice la muerte en el trabajo, que no la entienda como algo que tenía que pasar, designio de Dios, que ya estaba “planillada”. No. La sociedad debe establecer la muerte producto de las condiciones de trabajo como un rotundo intolerable, entendiendo que es completamente prevenible y evitable.

De otro lado, los diversos actores sociales e institucionales deben jugar un papel clave para el control de esta epidemia.

El Estado debe generar una política de Estado, que respondiendo al  actual contexto del mundo del trabajo fragmentado y precario, garantice el derecho a la salud en el mundo del trabajo, para todas y todos los trabajadores, tanto formales como informales. Esto implica contar con una institucionalidad que desarrolle estrategias de promoción de la salud laboral y prevención de la accidentalidad y enfermedad profesional; mecanismo adecuados de inspección, vigilancia y control en los sitios de trabajo que eviten situaciones peligrosas e insalubres; redes de atención en salud oportunos y de calidad para los casos de accidentes y enfermedades y mecanismo de protección económica para incapacidades, indemnizaciones y pensiones.

Para esto se requiere un sistema de salud integrado, centrado en la promoción, la prevención y el bienestar, que atienda por igual a la población formal e informal de la economía y que tenga un modelo de atención basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud que acerca el sistema de salud a donde vive y trabaja la gente, que es donde están sus problemas cotidianos, para entenderlos adecuadamente y contribuir a resolverlos.

Los empresarios deben asumir su responsabilidad y dar prioridad al bienestar, salud y vida de los y las trabajadoras y no a la acumulación de ganancias. Esto implica que exista una política empresarial que desarrolle un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con suficientes recursos financieros para desarrollarlo, con adecuado talento humano y con la participación de los y las trabajadoras en su diseño e implementación. Los empresarios deben asumir una postura ética acorde con los tratados internacionales del derecho a la salud y deben impulsar las orientaciones que la OIT da en materia de seguridad y salud en el trabajo a través de convenciones y resoluciones.

Los y las trabajadoras y sus organizaciones, bien sean sindicatos, asociaciones, cooperativas, deben establecer políticas de salud laboral, con un fuerte componente educativo que permita configurar una cultura en donde los y las trabajadoras entiendan que son los y las protagonistas de su propia salud y que solo la acción organizada posibilitará, a partir de procesos de exigibilidad y movilización, presionar para que el Estado establezca y desarrolle una política de Estado en materia del derecho a la salud laboral, que los empresarios atiendan su deber de generar condiciones de trabajo dignas, sanas y seguras y que los y las trabajadoras realicen acciones para la protección de su propia salud.

¿Y en Colombia en que andamos?

Colombia no ha vivido una historia de protección de la salud en el mundo del trabajo. A pesar de la trayectoria de lucha obrera en el país que ha incorporado el tema de la salud, solo algunos sectores de trabajadores han logrado forzar al Estado y a empresarios para tener políticas de salud laboral que los protejan adecuadamente.

El Sistema de Seguridad Social que nos rige desde 1993, no diseñó una política de protección de la salud para el conjunto de la población laboral, sino exclusivamente para los sectores formales de la economía, y bajo una perspectiva asistencialista e indemnizatoria, al no tener como eje la promoción y la prevención en el mundo del trabajo.

La reciente reforma hecha al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la Ley 1562 de 2012, no resuelve la desprotección en materia de salud laboral del grueso de la población informal de la economía, ni tampoco da un salto que coloque como centro del sistema a la promoción y prevención, por encima de la atención y reparación económica.

Tampoco, los proyectos de ley presentados por el gobierno nacional para la reforma del sistema de salud tocan y resuelven este asunto. De un lado, el proyecto de ley estatutaria reconoce la salud como un derecho humano, de manera genérica sin establecer especificadas, dándole como contenido un plan único de salud, que palabra más, palabras menos, es el paquete de servicios medico-asistenciales que se han venido recibiendo vía POS y que para nada incluye aspectos referidos con las condiciones de trabajo.

De otro lado, el proyecto de ley ordinaria para nada refiere al tema de riesgos laborales y mantiene fragmentado el componente de enfermedad común del de origen laboral, sosteniendo un conjunto de inequidades propias de esta fragmentación, como el hecho de que los eventos de origen común (muchos de los cuales son de origen laboral pero no reconocidos) tienen un paquete de servicio más reducido, incapacidades con menor remuneración y pensiones de menor monto.

Por su parte, el proyecto de ley ordinaria alterno presentado por diversos sectores sociales, académicos, gremiales y políticos, articulados en la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud – ANSA, si va en otra dirección, al proponer crear un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, que se distancia del actual modelo del negocio con la enfermedad, por lo que deroga la ley 100 en sus componentes de salud y riesgos profesionales, y las leyes 1122 de 2007 y la ley 1438 de 2011, que intentaron ajustes sin salirse de ese modelo3.

El financiamiento de este sistema integraría los recursos parafiscales provenientes de las cotizaciones a la seguridad social en salud, riesgos laborales4 y accidentes de tránsito con los recursos fiscales del orden nacional y territorial, que conformarían un fondo publico único para la utilización directa en la contratación de servicios de salud, sin ningún tipo de intermediarios (razón para que desaparezcan las EPS); con una Central Única de Recaudo para la Seguridad Social en Salud5.

Esta propuesta integraría en un solo sistema de salud la atención de los eventos en salud tanto de origen común como de origen laboral, en donde el acceso a servicios sería a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud (pública y privada sin ánimo de lucro) que se configurarían en Redes Integradas de Servicios de Salud ubicadas en donde trabaja y vive la gente, con líneas de atención en Atención Primaria Integral en Salud (general y de salud ocupacional), en servicios especializados ambulatorios (general y de salud ocupacional); en servicios de hospitalización (general y de salud ocupacional), en servicios de urgencias médicas, y servicios de vigilancia en salud pública, diagnósticos, farmacéuticos y de rehabilitación6.

Esta iniciativa podría superar la fragmentación e inequidades establecidas por el modelo de ley 100 y superar la lógica asistencialista y mercantil, al colocar como eje central la salud de la población general y la laboral.

Adicionalmente habría que decir que este nuevo sistema de salud debería establecer una red de servicios básicos de salud ocupacional encaminados a asesorar a las empresas y a los trabajadores independientes e informales en el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo, la vigilancia epidemiológica ocupacional y la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el marco de una estrategia de entornos de trabajo saludables7 y establecer claramente las prestaciones económicas derivadas de los accidentes, enfermedades, invalideces y muertes, que permita superar las inequidades entre las de origen común y laboral. A su vez, este Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud debería estar articulado a una política de Estado en materia de protección y garantía del derecho a la salud en el mundo del trabajo.

Es un deber ético

Hay ideas, hay iniciativas, pero se requiere articularlas a un amplio debate público y a una mayor movilización social, para superar el pauperismo descrito por Concepción Arenal hace más de un siglo, que haga realidad que todo trabajo se realice sin peligro para proteger la vida y la salud de los y las trabajadoras. Que la conmemoración del 28 de abril sirva para hacer realidad este propósito ético, hacer justicia a las y los trabajadores muertos y proteger a los vivos.

Edición N° 00348 – Semana del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2013

1 Cárcoba, Ángel. 28 de abril: Día Mundial de las víctimas del trabajo en tiempos de crisis. http://redproteger.com.ar/safetyblog/?p=8718

2 Estas estadísticas solo son de lo ocurrido en la economía formal, porque no hay cifras de lo que le ocurre a los y las trabajadoras del sector informal, que son más del 50% de la población económicamente activa en el país, dado que el aseguramiento en riesgos laborales en Colombia solo ha venido siendo para el sector de la economía formal.

3 Hernández, Mario. Un sistema universal para enfrentar la crisis de la salud. Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA). Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR). Bogotá, abril 10 de 2013.

4 Es decir, mantiene las responsabilidades de los empresarios en materia de riesgos laborales, que deben seguir cotizando para estas contingencias.

5 Proyecto de Ley N° 233. “Por la cual se crea el Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud”.

6 Ídem.

7 Idea planteada por Jairo Ernesto Luna, Médico Especialista en Salud Ocupacional, teniendo como referencia los desarrollos hechos desde la Secretaria Distrital de Salud, en la puesta en operación por varios años de la estrategia de entornos saludables de trabajo para las unidades de trabajo informal.

 
 
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