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El caso de Crisanto Gómez: ¿Juicio con todas las garantías?

  Carlos Rodríguez Mejía
  Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás
– Consultor y defensor de Derechos Humanos*
   
 

La noticia difundida en la semana que acaba de pasar, acerca de la condena por parte de la Sala Penal del tribunal Superior de Villavicencio, al campesino Crisanto Gómez, célebre por haber sido la persona que tuvo a su cargo al hijo de la Sra. Clara Rojas, nacido mientras ella estaba secuestrada por las FARC y quien había sido absuelto en primera instancia, pone de presente un tema, casi olvidado y en todo caso no mencionado por los distintos comentaristas de los medios que se han referido a este hecho, y es el del juicio con todas las garantías que ordena la Constitución colombiana.

Cuando se discutió la reforma propuesta por el gobierno anterior para introducir en Colombia lo que se denomina el sistema acusatorio en materia penal, que finalmente terminó en la aprobación del Acto Legislativo No. 3 de 2002, a la propuesta gubernamental que caracterizaba el juicio, además de público, como oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio y concentrado, se agregó, a iniciativa del entonces representante Gustavo Petro, “y con todas las garantías”1.

Quedó entonces establecido un rasero superior, mayor que el establecido en los instrumentos de derechos humanos que rigen en Colombia. En efecto, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establecen que un procesado en cuestiones penales debe gozar de “garantías mínimas”2, y ambos tratados las enumeran. En Colombia, los derechos de los procesados son mayores a esos mínimos establecidos en las normas internacionales, pues, se insiste, así lo determina expresamente la Constitución: todas las garantías.

Ahora bien, tanto el texto constitucional como las convenciones internacionales que acabamos de mencionar y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que se integran al ordenamiento interno colombiano con la misma jerarquía de la Constitución, establecen el derecho de toda persona que sea condenada a que este sea revisado por un juez o tribunal superior. No es lo mismo que la regla general de la doble instancia, sino una especial para las sentencias que condenen a una persona.

Veamos los textos:

La CADH reconoce el derecho de toda persona "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" (Art. 8. 2. h de la CADH); por su parte el PIDCP es más explícito, pues establece, en favor de “toda persona acusada de un delito” el “derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley” (Art. 14. 5 del PIDCP)3.

Por su parte, el texto constitucional colombiano en el Art. 29, inciso 4, recoge este derecho de impugnar la sentencia condenatoria, cuando establece: “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

El caso concreto de Crisanto Gómez:

Este ciudadano fue absuelto en primera instancia, sentencia que fue recurrida por la Fiscalía y la parte civil ante el Tribunal Superior de Villavicencio. Al desatar el recurso el Tribunal varió la calificación jurídica y lo condenó a una pena de 33 años de cárcel4. Contra esta decisión solo procede el recurso de casación.

Inexistencia de un recurso para revisar integralmente el fallo condenatorio por parte de un juez o tribunal superior:

La casación es un recurso extraordinario que tiene unos objetivos precisos, pero que no autoriza a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a realizar “un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior5”. El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establece su finalidad en los siguientes términos:

ARTÍCULO 180. FINALIDAD. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.

Claramente no está prevista como una instancia para revisar de manera integral el fallo y, por lo tanto, no se ajusta a las normas del texto constitucional ni de los instrumentos de protección de los derechos transcritas anteriormente6.

Ausencia de juico con todas las garantías:

En la segunda instancia no se practican pruebas. El Tribunal revisa lo realizado por el juez de primera instancia y enmienda los errores que según su criterio se hubiesen cometido por este. El Tribunal no realiza un juicio, es decir, no hay inmediación, ni contradicción ni audiencia pública oral. Las pruebas, como dice la norma procesal, son las que se hayan producido o incorporado “en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento”7.

Dicho de otra forma, la condena se ha producido sin que se hubiese dado un juicio público, oral, concentrado, con inmediación de las pruebas por el juez de conocimiento y sin posibilidad de contradicción por parte del acusado, es decir, sin todas las garantías como manda la Constitución. Los magistrados han fallado sin realizar un juicio, solo ateniéndose a la revisión de lo actuado ante el juez de conocimiento.

En España, donde existe también una disposición constitucional (Art. 24.2) que establece la exigencia del proceso penal con “todas las garantías”, el Tribunal Constitucional ha señalado “que cuando en un recurso de apelación el tribunal superior decide analizar las pruebas y realizar una nueva valoración, debe realizar un juicio oral, en la medida en la que se plantea la cuestión de “si en el contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), entre las que se integra la exigencia de inmediación y contradicción, puede encontrarse un límite para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación, y si tal posible límite se ha respetado en este caso”8.

Conclusión:

La condena de Crisanto Gómez, tal como se ha informado en los medios de comunicación, es una sentencia que desconoce la Constitución colombiana y normas internacionales que se han incorporado al ordenamiento nacional con la misma jerarquía de la Constitución. El ciudadano Gómez tiene derecho a que su caso sea revisado integralmente por un Tribunal superior y si se llega a la conclusión de que su caso no ha sido fallado adecuadamente en la primera instancia que lo absolvió, debe celebrarse un nuevo juicio, ante el juez de conocimiento, con las garantías previstas en el Art. 250 inciso 4 de la Constitución colombiana.

Edición N° 00348 – Semana del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2013

* Las opiniones expuestas en este escrito solo comprometen al autor y no reflejan el punto de vista de la Universidad.

1 Art. 250.4 de la Constitución dice: "(...) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: (...) 4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías".

2 Convención Americana sobre Derecho Humanos: Art. 8. (…) “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas (…)” y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14. (…) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas (…).

3 La Corte Interamericana ha interpretado esta norma en diversas sentencias. Véase, entre varias, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 148 al 168. Igualmente el Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la disposición del PIDCP, entre otros en O.N.U., Comité de Derechos Humanos, M. Sineiro Fernández c. España (1007/2001), dictamen de 7 de agosto de 2003, párr. 7 y 8; y O.N.U., Comité de Derechos Humanos, C. Gómez Vásquez c. España (701/1996), dictamen de 20 de julio de 2000, párr. 11.1.

4 El Tiempo, 26 de abril de 2013, pág. 4.

5 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, ver supra, nota 3, Párr. 167:      En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado (Subrayado fuera del original).

6 El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso de Cesáreo Gómez Vásquez Vs. España, ver supra nota 3, expresó: 11.1. No obstante el Comité pone de manifiesto que al margen de la nomenclatura dada al recurso en cuestión éste ha de cumplir con los elementos que exige el Pacto (…) El Comité concluye que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia sentencia de casación citada en el punto 3.2, limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14, del Pacto. Por consiguiente, al autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto (Subrayado por fuera del original).

7 Código de Procedimiento Penal, Art. 16: INMEDIACIÓN. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

8 Sentencia 167/2002, de 18 de septiembre.

 
 
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