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Impunidad como política de Estado

  José Hilario López Rincón
  Abogado Corporación por la Dignidad Humana
   
 

La injusticia, siempre mala, es horrible ejercida contra un desdichado.
Concepción Arenal1

En el caso colombiano, en relación con los militares investigados y condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad y graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la impunidad tiene que ver, no solo con la falta de voluntad del Estado para investigar e imponer penas, sino con la misma falta de voluntad para garantizar que efectivamente las penas impuestas no se conviertan en una nueva burla al Estado de Derecho, en otro crimen moral contra los familiares de las víctimas.

Según cifras de la Fiscalía, citadas por eltiempo.com en ocasión de la reciente visita, no propiamente de cortesía, de la Corte Penal Internacional, en solo casos de ejecuciones extrajudiciales “están siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros 4.354 uniformados”. Desde 2008, cuando se conocieron las primeras noticias de la máquina de la muerte, con la cual el Estado colombiano pretendía afrontar y efectivamente afrontó la guerra contrainsurgente, se han dictado 639 condenas.

Significa que los niveles de impunidad, en términos cuantitativos, bordean el 87%, pero, en términos psicosociales, éticos y morales, socavan la entraña colectiva y exaltan el terrorismo de Estado como método para acallar a una sociedad y doblegarla ideológicamente, ante el poder de los victimarios, a partir del silencio, la resignación y la desesperanza, pero también de la indiferencia y la complacencia.

En Colombia, históricamente, la casta militar ha sido uno de los soportes del sistema político fraguado por las oligarquías gobernantes, para hacernos creer que vivimos en la alegoría de la democracia, en el mismísimo paraíso. Fueron el báculo del Frente Nacional (l958-1974) y, en adelante, el aparato torturante de Turbay Ayala (1978-1982), la mano firme y el corazón paramilitar de Uribe Vélez (2002 – 2010).

La casta política siempre ha estado en deuda con la casta militar. La relación entre ellas es similar a la del usurero y el deudor, el jíbaro y el drogadicto. En ese contexto es fácil comprender lo que está ocurriendo en los mal llamados Centros de Reclusión Militares (CRM) o, más acorde con la realidad, Centros de Recreación Militares.

En 2011 la revista Semana denunció los escandalosos privilegios que gozaban los militares hospedados allí, no detenidos, particularmente en el Tolemaida Resort o Tolemaida Spa Club.

Sin embargo, nada ocurrió. La Procuraduría General de la Nación, ángel guardián de la moralidad pública, consideró que la impunidad no viola los mandamientos de sus creencias religiosas y la corrupción, “reducida a sus justas proporciones”, hace menos daño que la protección de los derechos de las minorías.

Apenas ahora, que la revista Semana ha vuelto a develar el menú de favores al servicio de militares criminales, la Procuraduría ha anunciado investigaciones en contra del exdirector del CRM, coronel Juan Ricardo Silva.

La impunidad que impera en los CRM respecto de militares condenados por violaciones de derechos humanos, es sistemática y expresa, una política de Estado y la voluntad de la clase política en deuda con la clase militar: la impunidad como deuda de Estado.

No de otra manera se explican las advertencias de algunos de los huéspedes de Tolemaida: si nos trasladan, contaremos las irregularidades del CRM y del Batallón 13 de Bogotá y hablaremos de los vínculos de coroneles y generales en los “actos de guerra”.

La impunidad, como prebenda para militares violadores de Derechos Humanos, se refleja también en la recién aprobada reforma al fuero militar. No bastan los hoteles con fachada de centros de reclusión. Se requiere la patente que garantice, que en adelante, los crímenes de lesa humanidad serán simples contravenciones de policía, investigadas por los propios militares. Los jueces civiles no entienden de tácticas de guerra sucia – ¿existen guerras limpias?-, ni de estrategias criminales.

La situación planteada, la estrecha relación entre crímenes de lesa humanidad, fuero militar e impunidad no perturban al Cancerbero General de la Nación, pero sí preocupan a la Corte Penal Internacional; como presente de su visita nos dejan la advertencia que revisarán la reforma del fuero militar para establecer cómo incide en los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Edición N° 00348 – Semana del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2013

1 Escritora y activista social española (1820 - 1893). Estudió Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idiomas, en Madrid, por encima de los obstáculos de la época. Para poder asistir a clases se vio obligada a disfrazarse de hombre.

 
 
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