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De las armas a las urnas

  Héctor Alonso Moreno Parra
  Profesor asociado – Universidad del Valle
   
 

En días pasados culminó con éxito el encuentro nacional sobre participación política a pedido de la mesa de La Habana y coordinado por la Universidad Nacional con el auspicio del PNUD. Debemos entender la importancia de tal encuentro y sus conclusiones en el entendido de que si así lo decidió la mesa de diálogo es por que lo requiere. Es muy importante que el país valore que la actividad guerrillera no es otra cosa que la política con armas y que la culminación de su accionar político-militar debe permitir la continuidad de su dinámica política a partir del silencio de los fusiles en el marco de una actividad política legal con garantías democráticas.

El tránsito de las armas a la política por parte de los movimientos guerrilleros no es una novedad en los procesos de pacificación en el mundo. En América Latina, este fenómeno reivindicatorio se ha dado casi en la totalidad de países que han sufrido un conflicto político armado: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Venezuela, etc., en momentos históricos determinados y bajo características particulares en cada una de esas naciones. En unos casos, la transición se ha propiciado como producto del fin del conflicto armado como el caso del Salvador en 1992 y en otros casos como producto del triunfo revolucionario como en Nicaragua en 1979.

En Colombia las guerrillas han hecho el tránsito a terceras fuerzas políticas electorales producto de cese al fuego y negociaciones finales de acuerdos de paz o de hechos a partir de la firma de treguas que han permitido como en el caso de las FARC, participar activamente en la fundación y consolidación de una fuerza política alternativa como lo fue la Unión Patriótica producto de la tregua de 1984. La otra experiencia fue la de la AD-M19 como resultado del tránsito de la guerra a la política de las guerrillas del M-19 después de un proceso de paz definitivo con esa insurgencia en 1990.

El caso del M-19 es el de una guerrilla que se puede afirmar que también la mutación de guerrillas en movimientos políticos se produjo en nuestro país en condiciones de relativa fortaleza militar y débil legitimidad política de éstas; no implicó el fin de la guerra como quiera que sólo una parte del heterogéneo universo insurgente abandonó las armas para incorporarse a la lucha política legal.

Este proceso del tránsito de la guerra a la política con la construcción de organizaciones políticas autónomas de tercería en el marco de una paz imperfecta, se inició en Colombia a partir de la propuesta de construcción de paz después del triunfo del presidente Belisario Betancourt. La experiencia colombiana ha demostrado que estos procesos deben estar blindados de suficientes garantías para el ejercicio legal de la política. Los cerca de tres mil muertos de la Unión Patriótica y la falta de garantías electorales y políticas por la ausencia de un estatuto de la oposición que garantice el disenso político en Colombia, fueron algunos de los elementos que contribuyeron a que estas fuerzas políticas hoy día no participen de la actividad política de oposición. En los países en donde se ha dado procesos de paz exitosos como el Salvador y Nicaragua se han hecho profundas reformas políticas y electorales; se han establecido garantías que han permitido que las fuerzas guerrilleras convertidas hoy en partidos políticos sean gobierno actualmente. Tal es el caso del FMLN en el Salvador que accedió al poder en el 2009 y el Sandinismo en Nicaragua que hoy día dirige el exguerrillero Daniel Ortega.

Es preciso entonces que en el marco de las conversaciones de La Habana se pueda adelantar la discusión acerca de la urgencia de una gran reforma política que permita reconstruir un modelo de democracia multipartidista inclusiva con reglas del juego claras, y que garanticen la vida política de los disensos y de las minorías políticas. Con circunscripciones especiales electorales no sólo de minorías, sino también de Paz. Una reforma política que permita estructurar un modelo partidista en la cual se exprese con claridad ideológica la derecha, el centro y la izquierda. Modelo político en el cual también debe quedar explícito que la muerte no hace parte de la actividad política como riesgo profesional y que tampoco exista la menor posibilidad de ser cooptado con dádivas o canonjías al establecimiento político mayoritario. Es decir, hay que trabajar por construir un nuevo modelo político de profundo respeto a la actividad política de las diferentes formaciones ideológicas en el marco del fortalecimiento de la democracia. Hay que reinventar la política.

Edición N° 00349 – Semana del 03 al 09 de Mayo de 2013
 
 
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