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Pensiones, equidad y dignidad

  Jaime Alberto Rendón Acevedo
  Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
   
 

Este país no deja de sorprendernos. No solo se tiene un alto nivel de pobreza que supera el promedio de la región, una corrupción que desborda cualquier fantasía, una desigualdad que es, tal vez, la peor de nuestras vergüenzas; sino que 1032 pensionados reciben unos beneficios exagerados ante la precariedad del resto del país. Y ante esto, ante semejante ignominia, donde la Corte Constitucional debió reaccionar para eliminar tal despropósito, no han faltado quienes reaccionen, como por ejemplo el Procurador General, reclamando la defensa de los derechos adquiridos, derechos que fueron adjudicados a magistrados y congresistas gracias a sus mismos oficios, o de estos que incluso piensan defenderse en los tribunales internacionales.

Como bien se sabe, la Corte Constitucional fijó un techo a las pensiones que están por encima de lo permitido, es decir, no está permitido acceder en el régimen de prima media a mesadas superiores a los 25 salarios mínimos, equivalentes a $14.737.500 de este año. Esto quiere decir que 1032 pensionados deberán someterse a partir del 1 de julio a que sus pensiones sean revisadas a la baja sin que puedan, en ningún momento excederse del tope que todas las personas deben de asumir.

Hasta ahora se han generado algunos cálculos, bastante moderados por cierto, frente a los ahorros que esta medida le va a generar al fisco. Unas cuentas sencillas permitirían especular frente a las cifras. Si existen, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo 1032 pensiones de este tipo y la base de liquidación del sueldo promedio que ganan los congresistas y magistrados es de 23 millones de pesos (se liquidan por el 75% del mayor salario del último año), se tiene que se generarían ahorros en un período de 25 años a precios de hoy, cercanos al billón de pesos, eso solo teniendo en cuenta a los actuales pensionados.

Los ahorros producto de esta disposición deberán destinarse a la ampliación de la cobertura actual y a la financiación de los subsidios para los aportes pensionales a los ingresos bajos. Si bien este dato puede considerarse económicamente no significativo, aspecto que es relativo, la decisión tiene no solo implicaciones financieras, son más dicientes sus manifestaciones políticas y éticas.

El fallo de la Corte no solo es histórico sino trascendental, será necesario retomarlo para hacer de él una carta de discusión, de aprendizaje para la democracia, para entender como debe ser la justicia en un país que aspira a terminar el conflicto armado, una pesadilla que nos ha impedido saber que es vivir en paz.

La Sentencia se soporta en argumentos como la obligatoriedad de tener en la equidad la condición para evitar que sistemas de privilegios propicien aún mayores desigualdades a las ya existentes en el país. Esto dará pie para que posteriormente se revisen otros de los llamados sistemas especiales. Igualmente la Corte hace hincapié en la correspondencia entre los aportes realizados al sistema pensional y las mesadas recibidas, liquidadas de manera homogénea para todas las personas, de acuerdo a factores salariales y prestacionales, sin tener en cuenta otros conceptos no contemplados por la Ley, como se estila hacerlo en los regímenes especiales.

Otro de los puntos esenciales que abordó la Sentencia de la Corte es la eliminación de los llamados carruseles, las pensiones deberán liquidarse de acuerdo con el promedio salarial de los últimos 10 años (esto en el régimen de prima media). Esto dejará sin piso los “paseos millonarios” que se solían hacer por altos cargos ya que la pensión se liquidaba con el sueldo más alto del último año.

Por último, y en esto el país deberá enfrentar discusiones mayores, la Corte sentenció que “cuando un servidor público o un particular se aprovecha de una norma jurídica para obtener ventajas particulares que rompen la equidad y defraudan el sistema de seguridad social, está abusando del derecho y actuando con fraude a la ley, situación que no puede generar un justo título ni derecho adquirido legalmente”. Si es así se deberían de esperar acciones de tipo fiscal y penal.

Interesante planteamiento, en oposición abierta al Procurador, a los ex congresistas, a los ex magistrados y a todos aquellos que estando en condición de privilegios obtenidos, a partir de cualquier proceso legal, se han puesto por encima de una sociedad cuyo Estado no ha sido capaz de garantizarle a los adultos mayores unas condiciones dignas para su vejez.

Se objeta entonces falta de seguridad jurídica, atropellos y violación a derechos adquiridos. Mal tiene que estar esta, nuestra sociedad, cuyos dirigentes se levantan a reclamar sus derechos de privilegios por encima de aquellos a quienes se deben y dicen representar. Aquellos que no logran acceder a una pensión y cuando lo hacen difícilmente pasa de dos salarios mínimos: que es lo que recibe el 68.1% de los pensionados del país, a su vez estos representan el 30% de las personas en edad de jubilación, así es que el 70% se encuentra por fuera de cualquier beneficio pensional.

Incomprensible también la posición del resto, de todos nosotros, que con el silencio y el propio voto legitimamos un actuar vergonzoso: La inmoralidad de una parte de la dirigencia nacional que desde las posiciones más conservadoras utilizan el erario público para su enriquecimiento. Que sea este el momento para apoyar decididamente el fallo de la Corte Constitucional y hacer de esta coyuntura, una oportunidad para concebir la equidad y la justicia distributiva como propósitos máximos de la política pública.

Edición N° 00351 – Semana del 17 al 23 de Mayo de 2013
 
 
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