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El coronel Luis Alfonso Plazas Vega no debe ser absuelto

  Maureén Maya
  Periodista e investigadora social
   
 

Justicia transicional no equivale a impunidad

En junio del 2012 fue aprobado el Marco jurídico para la paz”, una reforma de justicia transicional con la cual se pretendía dotar al ejecutivo de nuevas herramientas para la paz, como se afirma en la exposición de motivos, adecuar el sistema de justicia a los requerimientos del fin del conflicto armado mediante un acuerdo de paz, y garantizar ciertos  beneficios a los sujetos justiciables garantizando su tránsito a la vida civil.

La posibilidad de que modelo de Justicia Transicional propuesto, también cubra a los militares comprometidos en graves violaciones de los derechos humanos, tendrá que ser analizado tanto en la mesa de negociación de la Habana, Cuba, como por la sociedad en su conjunto; pues el acuerdo de paz no puede convertirse en un mutuo pacto de impunidades, que desconozca los derechos de las víctimas de tantos años de atrocidades e impunidades. El tema, además, tendrá que ser observado con máxima cautela a la luz de la justicia internacional.

Proponer y lograr que los militares sean beneficiados con el Marco para la Paz, no será nada sencillo, menos aun si se considera que los mismos militares han sido reacios a esta propuesta porque consideran que es una afrenta a su dignidad, que es equipararlos a los guerrilleros y porque, también, se verían obligados a confesar sus graves crímenes y alianzas criminales. Al igual que ellos, ciertos sectores del país, observan con preocupación que mientras los guerrilleros de las FARC podrían hacer tránsito a la vida civil y a la actividad política, sin haber asumido su responsabilidad con las víctimas y sin haber cumplido algún tipo de pena (que no inviabilice el acuerdo de paz pero que tampoco se oponga a la  acción de la justicia), los militares incursos en procesos por graves violaciones a los derechos humanos seguirían siendo condenados, como en los contados casos que se han registrado en los últimos años. Pero más allá de ello, el desafío principal del proceso y de las reformas en mora de realizarse, es democratizar el país, garantizar la participación política de todos los sectores nacionales, incluyendo a los desmovilizados (con plenas garantías y evitando a toda costa un nuevo genocidio) y fortalecer la justicia, defendiendo la independencia que poco se observa hoy en día, en las ramas del poder público.

En el país existe cierto consenso, quizás mayoritario, sobre la necesidad de poner fin a la violencia y al prologando conflicto armado interno, y también existe una urgencia por encontrar soluciones jurídicas que ayuden al logro de una transición, lo menos traumática posible para la sociedad, que no termine por condenar los graves crímenes cometidos en el pasado -y en el presente- a la más absoluta impunidad, y que sea consecuente con los estándares internacionales. Una ley de punto final1, de perdón y olvido, como lo enseñan experiencias en otros países, en nada contribuiría al fortalecimiento institucional que reclama el país ni a sentar las bases de una paz firme, estable y duradera; por el contrario terminaría por quebrantar los cimientos de un proceso de paz en marcha y aplazar decisiones profundas que igualmente tendrían que tomarse más adelante, pero a un costo mucho más alto, como sucedió en Argentina.

“El auge de la conciencia humanitaria –como lo señalan María Paula Saffon y Rodrigo Uprimny- y  la reciente evolución de los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, han impuesto la necesidad de proteger los derechos de las víctimas de atrocidades cometidas en el  régimen anterior a la transición. Esto explica que el uso del lenguaje de la justicia transicional se  haya vuelto ineludible en contextos transicionales. De hecho, como el propio término lo indica, la justicia transicional busca dotar a las transiciones de justicia, es decir, enmarcar la política de las transiciones en ciertos estándares jurídicos –en particular aquéllos que se refieren a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. (Saffon, M.P, y Uprimny, R. (2007) Usos y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia. Law in Peace Negotiations, FICJC Publication Series 2 (2007), International Peace Research Institute in Oslo)

La justicia transicional no equivale a impunidad; al contrario, este modelo dispone de mecanismos efectivos para lograr sanciones penales, para reparar a las víctimas, crear comisiones de la verdad que esclarezcan los hechos victimizantes del pasado y  para evitar que dichos crímenes se repitan. Con la Justicia Transicional se pretende tanto reestructurar las instituciones que participaron -o que no impidieron- la práctica sistemática de las violaciones a los derechos humanos como  reconocer los derechos  a verdad, justicia (sanción a los perpetradores) y reparación de las víctimas, promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia.

Los objetivos fundamentales de la Justicia Transicional son garantizar los derechos de las víctimas y fortalecer la democracia, poniendo punto final a la impunidad. Para ello los Estados que se encuentran en procesos de transición deben cumplir a cabalidad con los estándares internacionales en cuanto a la judicialización de las violaciones de derechos humanos del pasado, y deben apoyar los mecanismos propios de esta justicia,  tales como la creación de comisiones de la verdad legítimas e independientes, el diseño de políticas públicas y de planes de reparación para las víctimas, y el desarrollo e implementación de acciones simbólicas orientadas a preservar la memoria del horror padecido. Sus principales mecanismos son: búsqueda de verdad, reparación de las víctimas, justicia penal, memorialización2 y reformas institucionales.

“La justicia transicional se basa en el principio de que las violaciones de los derechos humanos no se pueden tolerar impunemente. Ya sea por medio de procesos domésticos, de un tribunal internacional hibrido o de una corte internacional como la CPI, los perpetradores de graves atrocidades deben someterse a mecanismos de rendición de cuentas que brinden justicia a víctimas y a victimarios.” (ICTJ. (2013) Visión General de la Justicia Transicional)

En el marco de la justicia Transicional se analiza la posibilidad de otorgar beneficios judiciales a los victimarios, sean estos actores legales e ilegales del conflicto, incluso cuando estén comprometidos en violaciones de derechos humanos. Esta posibilidad ha generado un enorme  debate en el país, que hasta ahora empieza a ser analizado con mayor cuidado. Por un lado hay quienes consideran que un proceso de transición debe procurar satisfacciones judiciales, en equidad, a todos los actores del conflicto. Algunos recuerdan con preocupación, que los grupos guerrilleros que se desmovilizaron en el pasado fueron, en su mayoría, objeto de indultos y amnistías, pocos fueron condenados a penas privativas de la libertad; los grupos paramilitares, que se acogieron a la cuestionada Ley 975 o de Justicia y Paz, recibieron penas alternativas que no superaron los ocho años de prisión, incluso por crímenes atroces,3 y mientras tanto, algunos los miembros de la fuerza pública, sentenciados por graves violaciones al DIH, han recibido penas de 30 años de prisión, como en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, condenado, en dos instancias, como coautor mediato del crimen de desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985.

El Congresista Guillermo Rivera, ha señalado que las penas alternativas son accesorias y se predican para la desmovilización de los grupos ilegales. La fuerza pública opera en el marco de la legalidad y en ella no se predica la desmovilización. Todo lo contrario, se predica y se exige una estricta lealtad con el orden democrático que se funda en el respeto a los derechos humanos”.4

Si se considera  que los militares tienen el deber de proteger y garantizar la vida, honra e integridad de los ciudadanos, para lo cual portan las armas del Estado y el uniforme militar, y gozan de la confianza de las instituciones y de la sociedad, y de ciertos privilegios, es lógico entender que los crímenes en los que incurran, así como sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos,  deberían ser sancionadas con mayor severidad.

Sin embargo, hay quienes consideran que ni aun con toda la laxitud que se le quiere dar al Marco legal para la paz, se puede pretender entregar beneficios a todos los “actores del conflicto interno”; porque de hacerlo se estaría desconociendo el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales a este respecto, se estaría revictimizando a las víctimas al negarse nuevamente sus derechos a verdad y justicia, y se estaría consintiendo nuevas impunidades. Tampoco es claro, aún, si el Marco permite la retroactividad en los casos de los militares ya condenados por sus graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, o en el caso de los guerrilleros condenados por estos y otros crímenes.

La actual coyuntura que atraviesa el país, y los costos que tendremos que asumir a fin de consolidar una paz  cierta en el país, exigen de una reflexión más detallada, en la que se asuma, guste o no, que no es posible la exclusión tajante de los militares de los beneficios que propone la Justicia Transicional.  No tanto porque recurran al típico chantaje, a los rumores de ruido de sables o porque intenten, como siempre lo han hecho, sabotear el proceso de paz; sino porque la construcción de un nuevo país, de uno en el cual se logre superar el largo conflicto armado y se cumpla con los postulados propios de Estado Social de Derecho, exige que se conozca toda la verdad de nuestro pasado de violencia y se propongan, vías de reconciliación que no sacrifiquen la justicia. Los beneficios que se otorguen no pueden de ninguna manera ser respuesta a la presión indebida o al chantaje ni pueden ser concedidos de manera gratuita. Si los militares aceptaran acogerse a los principios de oportunidad o penas alternativas,  tendrían que aportar a la verdad, confesar sus crímenes, sus alianzas criminales, combatir efectivamente las mafias que han permeado al Estado y reparar integralmente a las víctimas.  La clave está en la verdad.

En el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega no es posible, ni siquiera admisible desde la justicia internacional o el bloque de constitucionalidad, pensar que podría ser absuelto y liberado de la cómoda pena de privación de la libertad que cumple en un resguardo militar. Si algo ha hecho hasta la fecha es burlar a la justicia, ofender a las víctimas, negar continuamente su responsabilidad y la existencia, ya probada, de los desaparecidos en el operativo de retoma del Palacio de Justicia. Nada, absolutamente nada ha aportado a la verdad sobre el paradero de las personas que fueron secuestradas, retenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas tras la toma en batallones militares ni en otros casos y acciones, pues no es necio suponer que no fue en el Palacio de Justicia donde los militares se estrenaron  en la práctica de los crímenes de lesa humanidad.5

La figura de excarcelación -que hace un par de años empezaba a escucharse en el país- sin levantamiento de las responsabilidades penales tampoco puede ser atendida de manera arbitraria y gratuita. No tendría mayor sentido si con este medida lo que se busca es garantizar el pleno acceso a la verdad de los hechos; si no se propone acabar  la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.

Igualmente, en febrero de 2012, el procurador general, Alejandro Ordóñez, declaró a la Fm Radio que “sí debe haber una iniciativa de perdón para los militares del Palacio de Justicia”6, lo que sin duda alguna, aunque no lo plantee de dicho modo, equivaldría a proponer una ley de punto final.

¿Qué aportes a la justicia y a la verdad ha hecho el coronel Plazas Vega para que deba ser perdonado por crímenes de lesa humanidad que no prescriben y no son indultables? ¿Acaso ha confesado sus múltiples delitos, ha pedido perdón por ellos, ha revelado dónde están los restos de los desaparecidos, ha intentado reparar el irreparable daño causado a estas familias colombianas, incluyendo las de los combatientes del M-19 que también fueron también torturados y desaparecidos? ¿Le ha revelado al país la verdad sobre los procedimientos que seguían, y suelen seguir, los militares, para perseguir, ejecutar y desaparecer personas, o nos ha explicado cómo es que la Escuela de Caballería, más otras dependencias militares, se convirtieron en cementerio clandestino. ¿Ya sabemos cuántos colombianos fueron torturados, asesinados y desaparecidos, en batallones militares, celebres por su accionar criminal como en el caso del Batallón de Inteligencia Charry Solano?

Nada de eso. Desde la reapertura del caso (20 años después de los hechos) Plazas Vega se ha burlado de las víctimas, ha desafiado la justicia y ha perseguido a quienes exigen verdad y justicia. Entonces, ¿a cuenta de qué se pide la absolución de un criminal soberbio, que justifica lo injustificable y que jamás ha dado muestras de remordimiento por las atrocidades cometidas a nombre del Estado colombiano? Si algo ha hecho Plazas Vega durante estos años ha sido atacar el Estado de Derecho, despreciar la Constitución del 91, tildar de terrorista a quien defiende los derechos humanos, estigmatizar a sus contradictores, como en el caso de León Valencia, y exigir la total absolución de su proceso.  Incluso hoy, sigue afirmando, contra todo material probatorio, que no hay desaparecidos y ha expresado un tremendo desprecio por las víctimas. “En el proceso está claro que esos empleados fueron muertos por sus captores, el M-19, en el cuarto piso del palacio, el primer día de los luctuosos hechos generados por esa horda marxista. Otra cosa es que se quiera seguir sepultando la verdad, por oscuros intereses políticos y por la vindicta  del narcotráfico.” 7

Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, después de dos décadas de  lucha por verdad y justicia; lucha que les significó persecuciones, silenciamientos, allanamientos e intimidaciones (que jamás fueron investigadas), lograron que el caso fuese reabierto, que el material probatorio, desde siempre existente - y buena parte de este de público conocimiento-  fuese tenido en cuenta para que se empezaran a cobrar responsabilidades.  Ahora, con el argumento de que todos “actores del conflicto interno” deben beneficiarse de la aplicación de instrumentos de justicia transicional, se quiere reversar una de las pocas condenas ejemplares que se han producido en un país que ostenta uno de los más elevados índices de impunidad en el país.

Si Colombia realmente quiere avanzar hacia la construcción de un país en paz, debe entender que toda negociación y todo acuerdo implica concesiones, pero éstas no pueden darse de manera gratuita y tampoco pueden comprometer la democracia ni los principios que regulan la existencia de un genuino Estado Social de Derecho, y menos aún, puede negar los derechos de las víctimas. Habrá que tragarse algunos sapos, como se suele decir, pero no todos y no a cualquier precio.

Lecciones internacionales

La reciente visita de Antonio Arenales Forno, secretario de la Paz de la Presidencia de la República de Guatemala, al Comité contra la Tortura de la ONU en Suiza, para defender la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto de Guatemala, afirmando además que Guatemala no forma parte de la Convención de Imprescriptibilidad y que el Estatuto de Roma está vigente desde 2012 y que no hubo impunidad respecto a la mayoría de violaciones contempladas en el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el cual carece de efectos jurídicos”, demuestra que las políticas negacionistas acerca del pasado de horror vivido por los pueblos, a través de las cuales se busca blindar de la acción de la justicia a los máximos responsables de graves crímenes de lesa humanidad, no son admitidas por la jurisprudencia y los tratados internacionales. Las desafortunadas declaraciones de Arenales, provocaron la enérgica respuesta del presidente del Comité contra la Tortura, Claudio Grossman. “Me sorprende esta discusión sobre la impunidad. De partida, Guatemala es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana ya estableció la incompatibilidad de las leyes de Amnistía en relación a ciertos crímenes de guerra.”8

“Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a un recurso efectivo. Esto implica el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones y, de ser el caso, la suerte final o el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada” ICTJ. Colombia.

Edición N° 00352 – Semana del 24 al 30 de Mayo de 2013

1 La Ley 23.492 de Punto Final promulgada en Argentina por el presidente Raúl Alfonsín el 24 de diciembre de 1986 (fecha con la cual se intentaba que esta normativa pasará poco advertida por la sociedad tenía como objetivo cesar la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de graves crímenes de lesa humanidad.  La ley, junto con su complementaria, la de Obediencia debida y los indultos realizados por Carlos Menem (1989–1990), fueron anuladas por el Congreso Nacional en 2003 y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia  el 14 de junio de 2005.

2 Centro de Justicia Transicional. “Los memoriales son ceremonias públicas, estructuras o actividades que conmemoran eventos del pasado y las personas involucradas. Su propósito es provocar en el espectador una reacción frente a las experiencias de una población o a la historia de un lugar. […] los memoriales a veces pueden fomentar sentimientos de reconciliación entre los miembros de una esfera pública dividida por el conflicto o por graves injusticias. […] La construcción de un memorial generalmente implica un proceso de interrogación y participación de las memorias colectivas, mientras que visitar un memorial puede ofrecer la oportunidad de aprender  y reflexionar sobre el pasado”. Curso Internacional sobre Comisiones de la Verdad, Villa de Leyva, 11 al 15 de marzo de 2013.

3 El Espectador; “Marco legal para la paz, la clave”. Sección política. Bogotá, 6 de febrero de 2013

4 Revista Semana; 'Justicia y paz' a militares, un complejo debate”. Sección política. Bogotá, octubre 6 de 2011

5 Los libros de investigación Nunca Más y El terrorismo de Estado en Colombia revelan que el accionar criminal del Estado integrado con capas civiles criminales (la "Triple A" y el "MAS"), se aplicó  en territorio de la Brigada VII, bajo la comandancia del General Fernando Gómez Barros (1982-83), el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega como comandante del Batallón "Guías del Casanare" y el Mayor Carlos Meléndez Boada como comandante de la Base de Arauca.  Nunca Más, La década del Genocidio. Capítulo III).  “Según las investigaciones sobre algunos de los crímenes cometidos por esa estructura (paramilitar), adelantadas por el juzgado 1 Superior de Villavicencio y la Procuraduría General de la Nación, el oficial (Luis Alfonso) Plazas Vega junto con los oficiales Gómez Barros y Meléndez Boada, creó y dirigió este grupo paramilitar”. En 1985 operó una estructura paramilitar integrada por civiles y miembros de la Escuela de Caballería, patrocinada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. “Según las declaraciones ante del DAS del oficial retirado y ex paramilitar Oscar de Jesús Echandía Sánchez, el oficial Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería en 1985, creó y dirigió esa estructura paramilitar”. El Terrorismo de Estado, ediciones NCOS, 1992, pág 250.

6 El Espectador; “Marco legal para la paz, la clave”. Sección política. Bogotá, 6 de febrero de 2013

7 Respuesta del coronel Alfonso Plazas Vega a un periodista ex guerrillero. Octubre de 2010.

8 Gamazo, Carolina;  “Guatemala ante la ONU. Arenales Forno defiende en Ginebra que los crímenes de guerra prescribieron y la ONU pide “no barrerlos bajo la mesa”. En Plaza Pública, Guatemala, 24 de mayo de 2013.  El presidente del Comité, quién presidió la Corte IDH de 1996 a 2004, agregó que “desde luego” hay problemas de impunidad con respecto a los delitos cometidos en conflicto armado en Guatemala y a continuación relató la masacre de Dos Erres: la llegada de 58 kaibiles vestidos de guerrilleros a la aldea de La Libertad, Petén, cómo reunieron a los habitantes en dos iglesias y una escuela para su posterior asesinato, cómo fueron matando a todos los menores de edad y arrojando a los más pequeños a un pozo.“De eso estamos hablando… estos son crímenes internacionales, son cosas muy graves que no se barren debajo de la mesa. Estos son temas que están regulados, haya ratificado o no Guatemala la Convención de Imprescriptibilidad. Esto ha sido ya litigado, resuelto, y hay que seguir buscando las responsabilidades”, manifestó. El presidente del Comité se refirió también a las declaraciones de Pérez Molina que siguieron a sentencia. “Planteó: ‘no hay genocidio’. Entiendo que es una elección de carácter político, pero tiene connotaciones de carácter jurídico”, expresó Grossman, y dijo que ese tipo de declaraciones pueden influir en las capacidades para investigar este tipo de crímenes.

 
 
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