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Vida y violencia (ll)

  Jorge Albeiro Gil P.
  jorgeagilp@viva.org.co
   
 

Desde que la burguesía industrial aprobó la Ley 200 en 1936, sobre saneamiento de títulos agrarios y reglamentación de la colonización, el país ha tenido confrontaciones violentas.

Laureano Gómez la atacó la primera Reforma Agraria del siglo veinte, argumentando que era “comunista” y atentatoria contra la propiedad privada.

Posteriormente, la Unión de Izquierda Liberal Revolucionaria, UNIR, dirigida por Jorge Eliécer Gaitán, organizó a los campesinos en sindicatos agrarios y ligas campesinas por sus reivindicaciones y su defensa.

Desde entonces, los colombianos- cuando el 70% vivíamos en el campo-, hemos padecido el azote mortífero de “los chulavitas”, originarios de una vereda de Boyacá,  de “los pájaros”, comandados por el famoso León María Lozano, “El Cóndor” “desde Tuluá, en el centro del Valle del Cauca , de los “chusmeros” ( “Chispas”, “Sangrenegra”)  y hasta de los “servicios secretos” del Estado, desde los calabozos del Servicio de Inteligencia Colombiano – SIC- aplicaron la tortura a los “presos políticos” cuando no se les aplicaba la “ley de fuga”.

En esta  época de barbarie fue asesinados Abelardo Loaiza, en Belén de Umbría (1947), dejando viuda a mi tía Isabel y huérfanos a sus seis hijos; y al poco tiempo en Ansermanuevo, un sicario acabó con la vida de Gonzalo Montoya, dirigente liberal del Tolima; también quedaron en la orfandad  mi tia Graciela y sus cuatro hijos.

  En reacción defensiva del pueblo, se crearon las “Guerrillas del Llano”  al mando de Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza y  Dumar Aljure, con apoyo del Partido Liberal. Hacia 1954, serían amnistiadas y se desmovilizarían. En la zona industrial de Bogotá, Guadalupe Salcedo fue asesinada junto a otros contertulios en 1957.

En 1952, el país fue testigo del incendio de las instalaciones de EL TIEMPO y de EL ESPECTADOR. También fueron asaltadas las residencias de Alfonso López Pumarejo y de Carlos Lleras Restrepo.

El General Rojas Pinilla ordenó clausurar los diarios El Siglo, El Espectador y El Tiempo.

En 1958, Alberto Lleras Camargo ofreció la amnistía a los “bandoleros”, grupos alzados en armas, que actuaban en muchas regiones de colonización, como autodefensas, con influencia de Partido Comunista, fundado en 1930.

En 1961, se aprobó la Ley 135, también de Reforma Agraria, en el marco de la Alianza para el Progreso, como respuesta estratégica del gobierno de John  F. Kennedy a  la influencia en América Latina del triunfo de la Revolución Cubana al mando de Fidel Castro y el Che Guevara.

Desde su posesión, Guillermo León Valencia agitó la bandera de la “pacificación”, pero le tocó ser testigo del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, (1964) y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Carlos Lleras Restrepo se posesionó con el programa de la “Transformación Nacional”, dejando como herencia el impulso a la Reforma Agraria y la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.

Las élites oligárquicas  que han controlado el poder desde el gobierno central, siempre han reaccionado a los intentos de progreso de nuestra economía y de modernización de nuestro modelo de sociedad; impiden por todos los medios (legales e ilegales) nuestro ingreso a la sociedad de las naciones progresistas, cultas, desarrolladas y pacíficas.

El más horroroso cuadro de genocidio, exterminio, odio, saña, barbarie y rudeza ha sido recogido por nuestros pintores Fernando Botero, Alejandro Obregón y muchos otros.

El Conflicto Rural y las masacres

Las Bananeras (1928), Rio Blanco (1950), La Rochela (1987),Ceilán (1956) El Aro, La Granja (1996), El Tigrito, La Paz (1996), El Salado (200), Mapiripán (1997), Mejor Esquina (1989), El Nilo (2001), Trujillo (1990), El Aracatazo (1990), San José de Apartadó (1997), Nudo de Paramillo (1997), La Gabarra (1999), Chengue (2001), Alto Naya (1999)… y muchísimas otras que de todos modos están en las Memorias de más de diez millones de víctimas –individuales y colectivas, como parte del conglomerado social, que hemos sufrido daños morales, materiales, psicológicos, o violaciones graves de nuestra dignidad y de nuestros Derechos Humanos. No sólo desde el 1º de Enero de 1985, como lo pretende limitar la Ley 1448 del 10 de Junio de 2011 que ordena las “medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”  de Colombia.

Un repudiable capítulo de esta realidad espantosa fue el Genocidio de los miembros de la Unión Patriótica –UP-.

El 28 de Mayo de 1985 fruto de los Acuerdos de Paz  suscritos entre el Presidente de la República Belisario Betancur y las FARC- EP-, se creó la UP, como un partido político legal, de convergencia democrática y de oposición.  En su primera campaña electoral logró elegir 5 Senadores, 9 Representantes a la Cámara, 14 Diputados a las Asambleas Departamentales, 351 Concejales y 23 Alcaldes Municipales. La casi totalidad de ellos fueron asesinados, incluyendo a Jaime Pardo Leal y a Bernardo Jaramillo Ossa, sus candidatos a la Presidencia de Colombia.

Entonces, resulta sensato, consecuente y racional calificar a todo este caos: Estado de Cosas Anti-social, y proponer que una Constituyente Social así lo ratifique y decida proponer las reformas estructurales, políticas, económicas, educativas , éticas, culturales y sociales que muy pronto nos permitan vivir, sobrevivir y reír en un país en paz.

Edición N° 00352 – Semana del 24 al 30 de Mayo de 2013
 
 
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