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La masacre de Segovia: parte de la persecución
y exterminio de la Unión Patriótica

  Carlos Rodríguez Mejía*
  Defensor de derechos humanos, Profesor de la Facultad de Derechos
de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
   
 

La sentencia1 proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el dirigente del Partido Liberal y exparlamentario César Pérez García, “por la comisión del concurso de conductas punibles de concierto para delinquir, homicidio agravado y lesiones personales agravadas en concurso material y heterogéneo, que se consumaron el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia”, constituye , sin lugar a dudas, un importante precedente para establecer la verdad sobre el exterminio al que fue sometido el movimiento político Unión Patriótica (UP).

Antecedentes y contexto

Como se sabe, este movimiento surgió del Acuerdo de la Uribe, celebrado en 1984 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, en el cual se estableció:

El gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral.

El gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponde.

También otorgará el gobierno a las FARC las garantías y libertades que requiera para el proceso de incorporación de sus directivos a la vida política.

En desarrollo de su actividad la UP, conformada por diversos sectores políticos, tales como comunistas, liberales e independientes, participó, con  éxito sin antecedentes para la izquierda en Colombia2, en las contiendas electorales para elegir integrantes del Congreso y, una vez aprobada la elección de alcaldes y gobernadores por voto popular, presentó en 1988 candidaturas para ocupar esos cargos en numerosos municipios y departamentos del país, presentándose como movimiento independiente en unos lugares y en coalición con otros partidos y movimientos en otros.

Fue así, como narra la sentencia, que se logró elegir a la alcaldesa de Segovia, municipio de Antioquia: “En ese escenario político –de dominio y control político  (burocrático incluido) por parte del grupo liberal de César Pérez García3- y pese a la estigmatización del  grupo como un partido vinculado con organizaciones ilegales de izquierda, la Unión Patriótica logró en la primera elección popular de alcaldes en 1988, elegir a Rita Ivonne Tobón Areiza y a siete de trece concejales, y romper la hegemonía del partido liberal que CÉSAR PÉREZ GARCÍA dirigió por años con inocultables réditos políticos, hecho impensable en el concierto de una práctica que por buen tiempo le había negado a fuerzas distintas a las convencionales la posibilidad de acceder al gobierno local”.

Ese triunfo dio lugar a una reacción de quienes hasta ese momento ostentaban el dominio sobre las estructuras de los aparatos municipal y regional, quienes los utilizaban en provecho propio y cuyo control se renovaba periódicamente, en elecciones ganadas con prácticas clientelistas, a las cuales se enfrentó y derrotó el nuevo movimiento. El Estado, pese al compromiso que había adquirido de otorgar plenas garantías, no solo no actuó para impedirlo, sino que agentes suyos contribuyeron a la persecución emprendida contra el movimiento político.

Por eso, la propia decisión judicial, que califica los hechos como un ataque sistemático y generalizado contra la UP, señala:

“(…) según lo ha definido la Sala, un delito de homicidio se cataloga crimen de lesa humanidad, no por la gravedad intrínseca que una conducta de tal naturaleza conlleva o por la importancia individual de la víctima, sino por la sistematicidad de su ejecución que en muchos casos devela una compleja operación criminal, que en este caso tuvo como objetivo el grupo político de la Unión Patriótica.4 En eso no hay duda: la “Masacre de Segovia” no es un acontecimiento que se pueda separar de lo ocurrido en esa época en el contexto nacional, dado que se constituye en un episodio más de un conjunto de acciones que llevaron incluso al asilo a muchos dirigentes con el fin de salvar sus vidas,  entre ellas la misma Rita Ivonne Areiza, ex alcaldesa del municipio escenario de los hechos.

Y trae a colación lo ya constatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos5, cuando estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el asesinato del dirigente Manuel Cepeda Vargas:

Es más, la Corte Interamericana en decisión del 26 de mayo de 2010 se refirió a la sistematicidad del ataque como elemento central de acciones de las que fueron víctimas miembros de la Unión Patriótica, lo cual no deja dudas de la estructura y generalidad del ataque, elemento esencial en la configuración del delito de lesa humanidad6.

Aspectos relevantes de la Sentencia

La decisión de la Sala Penal incorpora elementos que contribuyen a esclarecer lo ocurrido con la Unión Patriótica y que, en la actualidad, cuando se lleva a cabo un proceso para poner fin al conflicto armado interno con la guerrilla de las Farc, cobran especial importancia, no solo por la trascendencia jurídica, sino también por su relevancia política y las lecciones que arroja para la construcción de una paz firme y duradera.

El crimen de lesa humanidad contra la UP:

Desde que la Corte7 asumió este caso, puso de presente que se trataba de un crimen de lesa humanidad, en tanto contenía los elementos definitorios de este crimen internacional:

A su vez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto de 21 de septiembre de 20098, se refirió a los delitos de lesa humanidad  en un análisis de esa categoría, y en un intento por explicarlos, expresó:
“En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque: a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas; b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto; d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales”.

(…)

“Tomando en consideración los anteriores factores relevantes, la Corte no duda en señalar que las graves conductas cometidas por los paramilitares deben enmarcarse, primordialmente, dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad, pues el ataque perpetrado contra la población civil adquirió tales dimensiones de generalidad y sistematicidad, que alteró de manera significativa el orden mismo de civilidad, implicando el desconocimiento de principios fundamentales del orden social imperante”.

Elementos que luego retomó la Sala y los desarrolló en la sentencia:

El manifiesto de ese movimiento de ultraderecha9 y los actos de hostigamiento anteriores, se constituyen en mojones de una política de acoso contra la población civil, auspiciada incluso por agentes estatales que impidieron cualquier posibilidad de legitimación por la desviación de funcionarios que, en lugar de preservar la vida y los espacios democráticos, propiciaron conductas ilícitas bajo equivocadas concepciones de Estado y de Justicia, apoyando a los autores de la masacre, según la judicatura tuvo ocasión de pronunciarse.

(…)

En este margen, por la confluencia de actores de todo orden en la ideación, planificación y ejecución del operativo ilegal, se puede concluir que la acción fue realizada por un colectivo criminal que desde la perspectiva dogmática se cataloga como un grupo armado al margen de la ley. Por lo tanto, ninguna duda cabe de que quienes concurrieron a la ejecución de la “masacre” se concertaron previamente y de esa manera incurrieron en la comisión del delito de concierto para delinquir, conducta reprimida con la mayor severidad mediante disposiciones dictadas en ese momento al amparo del “Estado de Sitio”, en relación con estructuras de sicarios y organizaciones terroristas, precisamente con el fin de enfrentar graves atentados contra la población civil. 10

La vigencia de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad:

La Corte, al asumir este caso se debió enfrentar al hecho de la prescripción del delito, para lo cual, partiendo de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad11, de su Preámbulo y de sus normas, concluyó que era aplicable en Colombia, por tratarse de una norma de derecho internacional imperativo (Ius Cogens), obligatoria para todos los Estados y para todos los miembros de la familia humana12.

Coincidió la Sala Penal con la Corte Interamericana de Derechos Humanos13, que se había pronunciado en el mismo sentido:

(…) la Corte encuentra que hay amplia evidencia para concluir que en 1973, año de la muerte del señor Almonacid Arellano, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del derecho internacional. Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general (Subrayas por fuera del original).

Resulta entonces de capital importancia para Colombia que la Suprema Corte establezca la incorporación de esta norma de derecho internacional, tal como se desprende, además, del Art. 94 de la Constitución, pues se abre la vía para incorporar otras normas consuetudinarias de igual jerarquía orientadas a la protección de la dignidad de los seres humanos14.

La sentencia reconoce la existencia de planes y de organizaciones armadas jerarquizadas para exterminar a la UP:

La decisión judicial establece con claridad que la responsabilidad del exparlamentario Pérez García se da como autor, por hacer parte de la dirección de una organización criminal:

Es decir, el acusado asumió los propósitos que motivaron al grupo ilegal, sobre todo, la persecución que realizaban contra los grupos subversivos, la población que eventualmente los apoyaba y, de manera más concreta, los militantes y partidarios (población civil) de la Unión Patriótica, disidentes de la tradición política impuesta en las regiones por los partidos políticos tradicionales, como es el caso del partido liberal que lideraba César Pérez García en la región de Segovia, de modo que el concierto para delinquir es incuestionable.

(…)

Es más, la consideración que ha hecho la Sala de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Segovia como delitos de lesa humanidad, en atención a que este suceso fue consecuencia de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, supone necesariamente un acuerdo de voluntades que permanece en el tiempo y que afecta la seguridad pública, bien jurídico cuyo riesgo se incrementó por la persistencia de las acciones de este grupo ilegal.

(…)

De otra parte, el contexto en que se produjo la conducta y  la manera como se cumplió el plan, demuestran que se trató de una típica operación de grupos armados al margen de la ley que actúan bajo una unidad de mando jerarquizada en la que no existe, la mayoría de las veces, ni siquiera el más leve contacto entre el ejecutor material y quien imparte la orden (…).

(…) Es más, si se acepta que quien tiene el dominio sobre la organización, o que él u otro en su nombre puede impartir órdenes vinculantes que desembocan en la ejecución de un delito por parte del autor inmediato que hace parte de una estructura ilegal jerarquizada, es posible comprender que las órdenes del “Estado mayor” se cumplen sin que sea necesaria la comunicación directa entre quien imparte la orden y el ejecutor, o que no necesariamente entre quien determina al jefe de una organización y el autor material debe existir una relación directa e inmediata, lo cual explica que alias “Vladimir” haya recibido órdenes de sus superiores sin tener contacto con el determinador de la conducta (Subrayas por fuera del original).

En conclusión, la sentencia ofrece las herramientas jurídicas para esclarecer los crímenes contra la UP, establecer los participantes, su patrón de comportamiento, sus nexos con los organismos del Estado y las motivaciones de su comportamiento.  Es, sin duda, un paso en la lucha contra la impunidad.

Edición N° 00353 – Semana del 31 de Mayo al 6 de Junio de 2013

* Las opiniones expresadas solo comprometen a su autor y no exponen el punto de vista de la Universidad.

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Acta número 148, Única instancia, No. 33118, 15 de mayo de 2013. Salvo que se indique otra fuente, las citas que se insertan en este artículo corresponden a esta decisión judicial.

2 En las elecciones del 9 de marzo de 1986 la UP obtuvo la más alta votación, hasta ese momento, en la historia de los partidos diferentes al Liberal y Conservador: 5 Senadores, 9 Representantes a la Cámara, 14 Diputados, 23 Alcaldes y 351 Concejales.

3 Agregado por fuera del original.

4 “El carácter generalizado del ataque implica que debe ser masivo, frecuente o lo que es igual, dirigido contra una multiplicidad de víctimas, lo cual implica que la víctima es colectiva: el grupo objeto del ataque, de ahí que se emplea la palabra ‘población’, es decir, “el conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división geográfica de ella, o el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una misma área geográfica”, de manera que quienes cometen crímenes contra la humanidad tienen por objetivo a individuos sobre una base colectiva o no individualizada.” Cfr, Sentencia del 14 de agosto de 2012, radicado 36.981

5 Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 21: “En las fuentes disponibles no se encuentran cifras inequívocas sobre el número de personas víctimas de la violencia contra la UP. En 1995 los relatores especiales de Naciones Unidas sobre tortura y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, habían señalado que desde 1985 la UP había perdido ‘a más de 2000 miembros, con inclusión de un senador, tres diputados de la Cámara baja y varios alcaldes y consejeros municipales, todos los cuales han sido asesinados por motivos políticos’… De un documento elaborado en 2008 para el programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la república surge que, en el periodo 1984 1993, 540 homicidios corresponden a miembros de la UP con respecto al total de víctimas fatales y no fatales de violencia política entre 1984 y 1994, pues en promedio, las víctimas de la UP representan el 40% del total; aunque para los años 1986 y 1987 llegaron a representar casi el 60% del total de las víctimas….”

6 Cita de la Corte Interamericana incluida en la Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justcia contra César Pérez García.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto Aprobado acta Nro: 156, Bogotá, D. C., Trece (13) de mayo de dos mil diez (2010), César Pérez García, No. 33.118.

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Providencia de segunda instancia de septiembre 21 de 2009, dentro del proceso que se sigue contra el desmovilizado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ. Radicación: 32.022, págs. 196 y ss.

9 “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”.

10 Entre las razones que se ofrecieron en el decreto 1038 de 1984 para declarar turbado el Orden Público y el Estado de Sitio en todo el territorio nacional de conformidad con el artículo 121 de la Constitución de 1986, se señaló la necesidad de enfrentar actos contra el Orden Constitucional y la Población civil por la operación de grupos armados al margen de la ley. En esa línea, el artículo 7 del decreto 180 de 1988, señaló que el que forme parte de un grupo de sicarios o de una organización terrorista, incurriría por ese solo hecho en una pena de 10 a 15 años de prisión.

11 Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968.

12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto Aprobado acta Nro: 156, ver supra nota 7.

13 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 99. La Corte se apoya también en los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto  y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950, a pedido de la Asamblea General (A/CN.4/34) y en precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos como el caso Kolk and Kislyiy v. Estonia, Judgment of 17 January 2006. Applications Nos. 23052/04 and 24018/04.

14 ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

 
 
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