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Justicia en Colombia: de carruseles y cruceros

  José Hilario López Rincón
  Abogado Corporación por la Dignidad Humana
   
 

Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien.
Marco Anneo Lucano

No puede hablarse de Estado Social de Derecho y mucho menos de Democracia, si la Justicia es un bien inalcanzable para todos, o si ella es amañada o si no cuenta con independencia. ¿Y qué decir cuando esas tres plagas la carcomen sin descanso? La Democracia es un remedo y el Estado Social de Derecho una entelequia.

La impunidad en Colombia es un asunto estructural: En 2010, a raíz de la visita realizada por el Relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, encontró que los índices de impunidad en esa clase de crímenes era del 98.5%. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, Colombia ocupa el quinto lugar en impunidad frente a casos de periodistas asesinados. Y según estudio sobre “La impunidad en el sistema penal acusatorio”1, realizado en el período enero 2005 a mayo 2008, el índice de impunidad absoluta y alto riesgo de impunidad es del 43.1%.

Se habla de justicia amañada, cuando se aplica de manera mañosa, torcida, arreglada o tardía. Por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia condene penalmente a un honorable congresista por vínculos con los paramilitares y la Procuraduría lo absuelva, disciplinariamente, por los mismos hechos. Por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia condene a una congresista por cohecho y, hasta la fecha, los otros cohechadores no hayan recibido la sanción que les corresponde.

Y se dice que la justicia no tiene independencia, cuando es manoseada por las otras ramas del poder público o por los grupos económicos y cuando los jueces venden su majestad y su dignidad (la de la justicia por supuesto) por una cuatrimoto, por un rolex, o un paseo en yate.

La falta de independencia de la justicia colombiana también es una falla de orden estructural, se encuentra en las propias bases de la Constitución Política, que irónicamente habla de autonomía e independencia pero la realidad es totalmente distinta. No es autónoma porque presupuestalmente depende de las migajas que le bote el OmniPoder Ejecutivo. No es independiente porque los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado son escogidos por la respectiva Corporación “de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura” (Constitución Política, artículo 231).

¿Y quién nombra a los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura? Según el artículo 254 de la misma Constitución, el Consejo Superior de la Judicatura se halla dividido en dos salas: la Administrativa y la Jurisdiccional Disciplinaria. A los Magistrados de la Sala Jurisdiccional y Disciplinaria los elige el honorable Congreso de la República de ternas enviadas por el Gobierno, es decir el Presidente. ¿En dónde está la independencia, cuando Ejecutivo y Legislativo meten sus manos y sus intereses en la designación de los Jueces de mayor jerarquía?

Estamos frente a un carrusel: el Gobierno terna a los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y son elegidos por el Congreso, en consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura es de origen político, basta ver quiénes llegan a esa Corporación. Y desde ese origen es que cuadran las listas para escoger a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

El asunto se enreda, o se aclara, cuando los congresistas deben ser juzgados. ¿Quién juzga a los honorables congresistas?, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, los elegidos juzgan a sus electores. ¿Y quién juzga a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura? ¡La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes! En las mismas palabras, los electores juzgan a sus elegidos.

Ejemplo claro de la perversidad de ese carrusel de autonomía e independencia se pudo ver por estos días. En 2011 el país conoció el llamado “carrusel de las pensiones”: Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, se dijo, nombraron a amigos y allegados como Magistrados para que en cortos períodos, elevaran sus pensiones. Inclusive en noviembre de 2012, la Contraloría General de la Nación formuló imputación de responsabilidad fiscal a algunos de esos suertudos  Magistrados.

A su turno, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes inició la investigación por los delitos que presumiblemente se cometieron. Los electores investigando a sus elegidos.

Ahora se ha sabido que uno de los miembros de la Comisión de Acusaciones consideró que esa Comisión se inhibía de iniciar investigación en contra de los Magistrados Angelino Lizcano Rivera, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón. Los electores absolviendo a sus elegidos.

Contradictoriamente, el Representante Constantino Rodríguez, presidente de la Comisión aseveró que el expediente por el llamado carrusel de las pensiones no ha sido archivado. ¿Quién dice la verdad?

Las situaciones planteadas dejan ver sin mayor esfuerzo que en Colombia, el concepto de justicia, como principio ético de una sociedad, está ligado a los intereses de quienes formulan y aprueban las leyes, en armonía con el modelo capitalista. Los círculos de poder se entrelazan solidariamente para mantenerse en el poder: yo te elijo, tú me eliges; yo te absuelvo, tú me absuelves.

Y entretanto, el grueso de la población se limita a ver a la Justicia de lejos, inalcanzable, de paseo por el Caribe en yate.

Edición N° 00353 – Semana del 31 de Mayo al 6 de Junio de 2013

1 Rivera Sneider y Barreto Luis H.

 
 
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