Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

El proceso de transición del conflicto a la paz

  Luis I. Sandoval M.
  Investigador social, columnista de El Espectador, presidente Colegiado de Redepaz, coordinador del Centro de Estudios Políticos Democracia Hoy – luis.sandoval.1843@gmail.com
   
 

Comentarios a la intervención del Alto Comisionado de paz Sergio Jaramillo efectuada el 9 de mayo en la Universidad Externado de Colombia.

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, abrió el debate sobre la Transición con la intervención en la Universidad Externado de Colombia el 9 de mayo. Quizá de alguna manera ya estaba abierto, pero el hecho de que el más alto funcionario de gobierno, que conduce los diálogos en La Habana junto con Humberto de la Calle, hable in extenso para explicar los fundamentos conceptuales y la ruta práctica que el gobierno está siguiendo para buscar la superación del conflicto armado interno, tiene capital importancia.

Transición en política y ciencias sociales es una palabra mayor. Plantear el proceso de diálogo con FARC-EP y posiblemente ELN como un camino de transición y no simplemente como posconflicto y reinserción es un enfoque novedoso en la orilla gubernamental y tiene enormes implicaciones que corresponde clarificar y asumir no solo al gobierno, sino a insurgentes y sociedad. ¿Cómo califican los insurgentes el proceso en que están coparticipando? ¿Ya presentaron sus bases conceptuales y su ruta como lo hizo el gobierno? Cuando dicen que no entregarán las armas a quien no ha sido capaz de quitárselas: ¿en qué transición están pensando?

Bueno, cada uno explica a su manera y cuando considera oportuno, pero debe hacerlo porque la sociedad lo espera y lo requiere el final feliz del proceso. Por supuesto la sociedad a través de múltiples voces también dirá su palabra, sus variadas palabras. Aquí hago observaciones a título personal sin arrogarme ninguna vocería. A analistas y columnistas corresponde contribuir a alimentar el debate público con pertinencia y seriedad. Eso intento modestamente hacer. El diálogo cruzado entre gobierno, insurgencia y sociedad es, sin duda, el camino para la paz. La provocadora invitación que el gobierno hace a dialogar sobre transición debemos acogerla todos con entusiasmo, ánimo de encuentro y afán de acertar. Política pública y voluntad nacional de paz se fortalecen.

Lo que el gobierno dice ahora por boca del Alto Comisionado no pretende alterar el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito con FARC-EP en agosto 26 de 2012. Pero sí expresa lo que tienen en mente los gestores públicos de la iniciativa, uno esperaría que no solo el Presidente y sus asesores más cercanos sino los ministros, fuerzas armadas y demás estamentos del gobierno. Me temo que no es así.

Una de las preocupaciones que hay en la sociedad es el doble discurso en el gobierno: parece que unos siguen en la inercia de llegar a la paz por la vía militar y otros la intentan por la vía del diálogo, o todo el gobierno combina las dos vías. ¿Coexisten la vía uribista y la vía santista? ¿Paz a las buenas o a las malas? ¿Garrote y zanahoria? Aquí hay un elemento de confusión que no le hace bien a la idea de transición. Inclusive el Presidente juega con las palabras: cuando está al frente de los ejércitos vehementemente habla de que la “victoria es la paz”. ¿Por qué no dice que “la paz es la victoria”, o que “el camino a la paz es la paz”? Clima social y acuerdos son claves por igual.

La categoría de transición surge de experiencias contemporáneas en España, Grecia, Portugal, Cono Sur, Europa del Este… Tales países dieron el paso de regímenes autoritarios, dictaduras civiles o militares, a regímenes demo liberales como se entiende hoy en occidente con pluralidad de partidos, elecciones libres, separación de poderes y auge de mercados. Suráfrica, Irlanda y Centroamérica también son referentes.

¿Cuál es el cambio que se espera en Colombia cuando se habla de transición? La transición a la paz guarda relación con el tipo de confrontación que se busca superar: o es dictadura, o es conflicto armado interno, o es guerra civil.

En Colombia durante el último medio siglo no hemos tenido dictadura ni guerra civil, pero sí conflicto armado interno. La expresión conflicto armado se refiere a esa condición propia y particular de Colombia de ser una semidemocracia poblada de violencias: violencia política, violencia económica y social, violencia delincuencial, violencia contra la naturaleza, inclusive violencia de género y violencia intrafamiliar.

No es una condición en que las violencias desplacen totalmente la democracia, sino un contexto en el que las violencias subsisten endémicamente e impiden el desarrollo de la democracia en todas sus dimensiones, en todos los espacios sociales y en todo el territorio nacional.

La transición en el país es, entonces, para pasar de la semidemocracia poblada de violencias a una democracia creciente sin violencia, en primer lugar, sin violencia política. Inmensa tarea que se inició con la incorporación de las guerrillas menores a la vida civil a comienzos de los 90 y que se continúa y profundiza ahora con la incorporación de las guerrillas mayores, FARC-EP y ELN. El componente territorial que en la actual transición se acentúa con sobrada razón, dada la presencia sostenida de los insurgentes en algunas porciones del territorio nacional, no quita que unos y otros hayan sido y sean pasos reales y efectivos hacia la paz.

Se ve por lo dicho la pertinencia pero también la limitación del concepto de transición empleado por el Alto Comisionado. La transición no es un momento, es un proceso, para el caso de Colombia largo proceso, no solo con presente y futuro, también con pasado, en el cual la característica tendencial es sacar las armas de la política, con tinte de derecha o con tinte de izquierda, al tiempo que se buscan condiciones reales para que el monopolio de la fuerza, en manos de instituciones legítimas, sea ejercido con equilibrio a través de fuerzas armadas gobernadas por el poder civil, alejadas de los desuetos esquemas de la seguridad nacional y la guerra interior, decididas a poner fin al fenómeno del paramilitarismo y las denominadas bandas criminales (BACRIM).

El actual Gobierno ha reconocido la existencia de conflicto político armado y consecuentemente decide entablar diálogos para buscar la salida política con un sentido de transición. Muy bien. Pero la transición no puede reducirse, si es para la paz estable y duradera, a acuerdos de terminación del conflicto y dejación de armas, sino que el marchitamiento de la confrontación armada ha de acompañarse creativamente del florecimiento de la política y la participación con posibilidades nuevas no solo para los que vienen a la vida civil, no solo en las zonas de mayor confrontación militar, sino para la sociedad entera, sus acciones, asociaciones, movimientos y partidos.

Este horizonte amplio de la transición surge de la sociedad largo tiempo movilizada por la paz como proyecto de país: un país más democrático y justo. La teoría, derivada de las experiencias contemporáneas, viene en auxilio de la práctica. Hay transición, según Giuseppe di Palma (1990), “cuando un acuerdo sobre las nuevas reglas de juego democrático ha sido alcanzado y puesto en funcionamiento”. Por supuesto, la sociedad, sin necesidad de estar en la mesa, es parte ineludible del acuerdo porque sin ella es impensable la política, la democracia, la paz estable y duradera. ¿Cómo juegan justicia social y justicia transicional en la transición? ¿Y la constituyente?

Sin ciertas audacias con los pies en la tierra, concertadas entre gobierno, insurgencia y sociedad, es imposible que llegue la paz. Elementos centrales de justicia social, justicia transicional y la perspectiva constituyente forman parte de ese piso imprescindible. A estos temas se refirió el 9 de mayo el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Nuevas precisiones sobre justicia transicional hizo el 19 Humberto de la Calle. Pocas palabras, grandes trazos, sobre cada uno de estos sensibles asuntos.

Justicia social. La audacia está no en que se planteen todas las reformas económicas sociales represadas sino en que se haga bien la que se considera prioritaria prácticamente por todos los sectores: la reforma rural con enfoque territorial. El Alto Comisionado al respecto plantea reconstrucción, justicia territorial y justicia distributiva. La paz posible es la paz imperfecta pero perfectible. La agenda que se discute en La Habana es una agenda acotada por voluntad de las partes según el Acuerdo General. No todos los temas en materia social que interesan fundadamente a sectores populares van a ser objeto de acuerdo. Pero, sin duda, el proyecto de país que se está fraguando al calor de la paz y la ampliación de la democracia (2º punto de la agenda), pondrán al pueblo en el camino de conquistar metas ambiciosas en materia de justicia social. La paz estable y duradera no puede entenderse sino como la reducción estructural de la desigualdad y la creciente realización de derechos con amplio juego político, cambio institucional y actores sociales empoderados.

Justicia transicional. La audacia está en lograr el bien superior de la paz sin sacrificar el bien primordial de la justicia, ciertamente limitando los alcances de ésta pero sin caer en el terreno de la impunidad que ofende a las víctimas y no sería aceptable para la conciencia universal actual ni, por tanto, para la Corte Penal Internacional. Verdad, reparación, garantía de no repetición, y como inspiración y fruto de ellas la reconciliación, tienen que estar presentes y articuladas con la modalidad de justicia transicional que finalmente se adopte. Tema complejo (ilustrado magistralmente por William Ospina el 26 de mayo en este diario) sobre el cual Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, el propio Presidente, es decir, el Gobierno, están mostrando riguroso cuidado para compatibilizar intereses, criterios y condicionantes en juego. Sociedad colombiana y comunidad internacional estarán vigilantes de que se responda tanto a víctimas como a actores que transitan a la vida civil. No hay fundamento serio para concluir que se está montando un dispositivo de impunidad. Salvaguarda importante será la discusión pública de la ley. Se equivoca el Procurador en crear prevenciones en lugar de ayudar a perfeccionar el camino como sí lo está haciendo el Fiscal General.

La perspectiva constituyente. La audacia está aquí en no cerrarle la puerta a la idea, sin precipitar una convocatoria que, en las condiciones actuales, podría echar a perder no solo lo que se gane en La Habana sino lo que se ha ganado en más de 20 años con la Constitución de 1991. Me impresiona la generosa participación que anuncia el Alto Comisionado y el rotundo no a la idea Constituyente. No parece práctico ligar la Constituyente a la refrendación de acuerdos sino, más bien, a la construcción de paz estable y duradera. Esta es la que necesita asentarse en la constitución de nuevos sujetos sociales, en la ampliación del pacto social y político fundante, en la organización de un nuevo orden institucional que proyecte la segunda independencia, la segunda República, la República social. ¿Gobierno pactado para asegurar la transición?

Edición N° 00355 – Semana del 14 al 20 de Junio de 2013
 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus