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Ley Estatutaria de Salud: más de lo mismo

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

El Congreso de la República aprobó finalmente un proyecto de Ley Estatutaria que trata de garantizar el derecho fundamental a la salud. El presidente Santos, salió públicamente a decir que con la ley aprobada se acababa con el negocio a la salud y la mayor parte de los grupos políticos que conforman su gobierno han salido a señalar que con la aprobación de este proyecto de ley ahora si se va a enfrentar la crisis profunda que afecta al sector y que ha llevado a condenar al gobierno de Santos por su manejo. Debemos recordar que 8 de cada 10 colombianos desaprueban las políticas que este gobierno ha hecho aprobar en el Congreso para hacer frente a la crisis y que pronto han demostrado hasta la saciedad que son paños de agua tibia frente a la magnitud crisis.

El debate sobre la crisis y sus causas han tenido en general un mediocre cubrimiento en los medios masivos de comunicación. Un sector crítico del modelo privatizador puesto en marcha desde el año de 1993 con la famosa Ley 100 de dicho año, ha señalado que éste requiere de profundas modificaciones y que la garantía del derecho fundamental a la salud necesita de la presencia del Estado; que debería ser su garante y que para ello debería eliminarse la presencia de una intermediación privada tanto en el manejo de los recursos que deben centralizarse en un fondo único de naturaleza pública que debería ser el pagador único a las redes regionales prestadoras de los servicios de salud. Se debería eliminar toda intermediación de los privados con ánimo de lucro. Todo ello debería ser organizado en un sistema con fuerte presencia regional y ciudadana en territorios de salud que estarían integrados por las redes conformadas por clínicas y hospitales que podrían ser públicas y privadas sin ánimo de lucro. Esta era la esencia de la propuesta que la Comisión de Seguimiento la Sentencia T-760 de 2008 y por una reforma estructural al sistema de Salud, CSR, conjuntamente con la Alianza por un Nuevo Sistema de Salud, ANSA, presentó con el concurso de un amplio grupo de parlamentarios a la consideración del Congreso de la República desde el mes de agosto del año 2012.

La misma propuesta señalaba que no deberían establecerse planes de beneficios sino unas exclusiones en tres casos específicos (1) tratamientos cosméticos, (2) medicamentos y procedimientos en vías de experimentación y (3) tratamientos en el exterior cuando ellos se pudieran prestar en el país. Al mismo tiempo se consideraban unos determinantes o factores que inciden de manera directa en la salubridad de las personas tales como: el agua potable, vivienda con adecuadas condiciones, servicios públicos, medio ambiente, que son factores determinantes en salud para que el Estado realmente establezca unas políticas públicas para que de manera progresiva se afronten estas necesidades e inversiones públicas que redunden en mejoras en la creación de ambientes saludables. Hay que tener en consideración que por ejemplo, en materia de agua potable existen necesidades en 700 municipios del país que carecen de una adecuada prestación de este servicio. No se estaba exigiendo que los determinantes de salud se solucionaran de inmediato sino que el Estado debe dotarse de políticas públicas y de recursos económicos para afrontar de manera progresiva la solución a estos graves problemas.

Así mismo se abordaban temas como: la formación de los recursos humanos, la autonomía de los profesionales de la salud y el derecho fundamental a la participación de los ciudadanos en el conjunto del sistema. Congruente con esta propuesta tanto la ANSA como la CSR presentamos a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley ordinaria que se encuentra radicado en la Comisión Séptima del Senado.

En buena parte el proyecto de Ley Estatutaria mencionado coincidía con la propuesta que presentó la Gran Junta Médica, quizás la diferencia más notable es que éste último proyecto no planteaba la eliminación de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, como sí lo planteaba el proyecto nuestro. Pero, en todo lo demás había una gran coincidencia en la orientación y los contenidos de los dos proyectos. Santos de manera demagógica anunció que el proyecto de Ley Estatutaria del gobierno era el de la Gran Junta Médica y así lo anunció al país. La verdad es que lo que salió como lo evalúan hoy parte de los gremios y organización de la Gran Junta Médica no tiene nada que ver con el proyecto que originalmente radicaron y que recibió el supuesto respaldo de Santos. Este fue otro “conejazo” del gobierno como el que hizo a las regiones con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial o con la Reforma Tributaria o con la fallida Reforma a la Justicia. Éste gobierno y su coalición  representa los intereses del gran capital y muy poco los intereses de los sectores medios y populares de la sociedad.

La ley aprobada finalmente (1) preserva el modelo privatizador de la Ley 100/93 al establecer en su artículo 13. “Redes de servicios. El Sistema de Salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales podrán ser públicas, privadas o mixtas”. Con ello la esencia del modelo que busca antes que proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud proteger y garantizar el negocio de los privados se mantiene. Este artículo es congruente con el proyecto de Ley Ordinaria que mantiene las Empresas Promotoras de Salud, EPS, ahora bajo la modalidad de “Empresas Gestoras”, son las mismas EPS sólo que ahora no manejarán los recursos del sistema sino que se encargarán de administrar los procedimientos, las citas médicas, los medicamentos, etc. Y por ello recibirán unos recursos como ganancias. Esta es la gran diferencia con nuestra propuesta. Nosotros proponíamos claramente la eliminación de la intermediación entre el ciudadano paciente y las Instituciones prestadoras de los servicios (clínicas, Hospitales, en fin, las redes de atención públicas y privadas).

Una segunda gran diferencia es que lo aprobado en la ley estatutaria establece un sistema de exclusiones explícitas y prestaciones en  salud cubiertas, es decir, un plan de beneficios que serán definidos en la ley ordinaria. Las exclusiones aumentan del listado original defendido por nosotros puesto que se señala que excluye aquellos en los “que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia o su efectividad clínica”. Estas exclusiones serán definidas cada dos años por parte del Ministerio de Salud con la participación de expertos y posibles afectados. Lo cierto es que por esta vía el listado de exclusiones aumenta y queda en manos del Ministerio de Salud.

Un siguiente punto negativo es el que mantiene los aportes de las familias mediante las llamadas cuotas moderadoras y los copagos que son recursos que recaen sobre el bolsillo de los ciudadanos y que está demostrado que restringen el acceso a la salud de los colombianos. Pero, además establece que son deberes de las personas “contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago”. Pero, el fantasma de la sostenibilidad fiscal vuelve a hacerse presente tratando de limitar la vigencia de los derechos fundamentales pese a que se ha señalado que ese precepto constitucional aprobado por este mismo Congreso no aplica para los derechos fundamentales y la salud es un derecho fundamental. Aquí el alma neoliberal de este gobierno se manifiesta con toda claridad “Sostenibilidad. El Estado dispondrá, por medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”.

Es bien claro que hemos sido derrotados en lo fundamental en nuestras propuestas. La coalición política de la Unidad Nacional de claro estirpe neoliberal ha defendido el modelo y lo mantiene contra toda evidencia. Las restricciones a los procedimientos, medicamentos y tratamientos así como a la ausencia de planes reales para avanzar en los determinantes de salud y a una verdadera salud preventiva quedaron pendientes. Ahora viene la revisión de constitucionalidad de la Corte ante la cual debemos intervenir. Pero, es claro que para avanzar se requiere de una nueva correlación de fuerzas políticas. Así el tema de la salud deberá hacer parte de la campaña presidencial y de la campaña al Congreso de la República. Debemos trabajar por posicionar el tema y para que los ciudadanos entiendan que este Congreso y su composición política no favorecen sus intereses. Se requiere el fortalecimiento de los sectores democráticos para que la agenda social avance. El Gobierno de Santos no garantiza en debida forma los intereses de las mayorías y no reivindica la vigencia de los derechos  fundamentales. Quedó nuevamente en evidencia con la aprobación de la Ley Estatutaria de Salud que la crisis se agudizará. Esta reforma fue más de lo mismo.

Edición N° 00356 – Semana del 21 al 27 de Junio de 2013
 
 
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