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Los riesgos de la bacrimpolítica

  Felipe Jiménez Ángel
  Coordinador del Observatorio de la Democracia de la Misión de Observación Electoral – MOE
   
 

No es un secreto que las bandas criminales se han venido expandiendo territorialmente en los últimos años. Pese a los grandes éxitos que ha tenido el actual gobierno en la persecución y captura de los grandes líderes de estos grupos, el fenómeno de las bacrim está lejos de terminar, esto, en parte, porque las economías ilegales han tenido dos cambios fundamentales: i) se han sofisticado de manera importante y ii) han encontrado nuevos mercados y productos que generan grandes utilidades y muy bajos costos.

Estas dos características han estado íntimamente ligadas con las dinámicas políticas de las regiones por varias razones. En primer lugar, el proceso de sofisticación de las economías ilícitas ha sido posible gracias a las alianzas que las bacrim han hecho con algunos miembros de la fuerza pública, políticos locales e instituciones de control, sanción y regulación lo que les ha permitido minimizar su exposición y mantener, y en algunos casos aumentar sus utilidades. En segundo lugar, la existencia de rezagos del proceso de la parapolítica, en especial, las alianzas entre grupos paramilitares y políticos locales han generado que en algunas zonas de enclave las relaciones entre política e ilegalidad se hayan solidificado.

Con este panorama, es vital preguntarse cómo y en qué grado las bacrim pueden interferir en el proceso electoral del año 2014 y si podemos hablar, de cara a estos comicios, de bacrimpolítica. En este sentido existen algunos hechos y riesgos que dan cuenta de la magnitud de este fenómeno.

A finales del mes de abril, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía iniciaron un proceso de coordinación de actividades compuesto por miembros de la Corte, varios fiscales y aproximadamente 100 investigadores del CTI orientado a minimizar al máximo la injerencia de las bacrim en la política, en especial en lo referente con la financiación política y de campañas electorales. Este plan es novedoso por al menos dos motivos, i) su diseño e implementación se da 10 meses antes de las elecciones y ii) su enfoque está orientado a combatir el eslabón más fuerte y sofisticado de la relación entre ilegales y política: la financiación.

No obstante lo anterior, la respuesta de la justicia no ha sido la misma que la del gobierno nacional. Mientras la justicia trata de adelantarse a este tipo de fenómenos, el gobierno nacional se atrasa. Los órganos competentes en materia electoral del Estado colombiano no se han orientado a comprender las irregularidades electorales como un fenómeno de criminalidad electoral el cual tiene como uno de sus objetivos controlar políticamente varios territorios.

Los departamentos de Norte de Santander, Meta, Arauca, Caquetá, Córdoba, La Guajira, Nariño y Valle del Cauca son los territorios más proclives a la injerencia de las bacrim en política.  Es allí, principalmente, en donde el gobierno nacional debe activar sus sistemas de monitoreo, alerta y prevención en materia electoral. Los principales aspectos que deberían considerarse son en su orden: la financiación de campañas y el otorgamiento de avales.

La influencia de las bacrim en las elecciones está dada por la necesidad de estas bandas de reducir su riesgo de exposición, legalizar sus utilidades y mantener el control sobre las economías ilícitas. Para lograr estos objetivos resulta primordial que las bacrim controlen o tengan cierta discrecionalidad en la toma de decisiones públicas a nivel local y la forma más exitosa para hacerlo es aliarse con políticos regionales.

El proceso electoral ya empezó, y a medida que avance, las bacrim harán más claro su interés de influir en política, mientras pasa esto, estamos a la espera que desde el Gobierno Nacional se diseñe y ejecute un plan que permita de alguna manera mitigar al máximo este fenómeno.

Edición N° 00356 – Semana del 21 al 27 de Junio de 2013
 
 
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