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La objeción de conciencia

  Héctor Alonso Moreno
  Profesor asociado – Universidad del Valle
   
 

Los nuevos Derechos Humanos reconocidos por la Corte Constitucional como lo son el derecho al aborto terapéutico en circunstancias especiales definidas por la ley y el derecho de la comunidad homosexual a legalizar sus relaciones maritales bajo la expresión jurídica de un vinculo contractual solemne, ha contado con el rechazo de una parte minoritaria de la sociedad como es apenas natural en un país que como el nuestro goza de una gran tradición católica. También ha contado con el inexplicable rechazo del Procurador General de la Nación quien invocando la doctrina moral de la objeción de conciencia  ha hecho un llamado para que los notarios y médicos se acojan a ella, a fin de negar la posibilidad de solemnizar legalmente el matrimonio entre la comunidad gay y para que también algunos médicos se nieguen a practicar el aborto autorizado por la ley.

Hay que recordar que la Procuraduría General de la Nación es la entidad que según la Constitución Nacional tiene entre sus propósitos, el defender los Derechos Humanos sin distinción alguna de género, raza, o religión. De tal manera, que quien ostenta tal dignidad debe ajustar su conducta administrativa a los postulados que el cargo le asigna. No es posible que una persona pretenda ejercer una función pública desconociendo los deberes específicos inherentes al cargo y los deberes generales propios de toda función pública, la cual se debe cumplir en beneficio de la comunidad y del interés general que se extiende; sobrepone al interés individual y preferencias del empleado oficial.

Todos los empleados públicos tenemos responsabilidades especiales de sujeción, con esto se quiere decir, que estamos obligados a ser fieles en el cumplimiento de la Constitución, de las leyes y particularmente de las funciones de nuestro cargo para ejercer nuestros deberes tratando con “respeto, imparcialidad y rectitud” a todas las personas con quienes se tenga relación por razones del servicio. Lo anterior, corresponde a los presupuestos mínimos de la conducta de una persona en especial si se trata de un servidor público y su alcance se puede determinar a partir de lo previsto en la Constitución, la ley y el reglamento, respecto de las tareas propias del servidor público en cada caso.

En tal sentido, no es dable a ningún funcionario del Estado evadir las responsabilidades constitucionales y legales alegando presupuestos morales de objeción de conciencia propios de los actos de los particulares. No podría entenderse, de ninguna manera, que un funcionario público con responsabilidades especiales de sujeción, invocando la objeción de conciencia, se niegue a la aplicación de la Constitución, de la ley y del cumplimiento de sus deberes funcionales. No es posible, desde ningún punto de vista, que los notarios quienes dan fe pública; quienes son testigos de la voluntad de otros, o un médico, en este caso al servicio de una función pública y la defensa de un derecho humano como lo es el derecho a la salud y al libre desarrollo de la sexualidad, se amparen en presupuestos morales de orden individual para evadir el cumplimiento de los presupuestos esenciales del Estado Social de Derecho, entre ellos, el de dar cabal y estricto cumplimento a los derechos humanos.

La objeción de conciencia es un acto individual que todos podemos invocar según nuestras convicciones morales, pero que no puede ser admitido para argumentar el no cumplimiento de los deberes como funcionarios públicos, en este caso, de los médicos a nivel institucional de practicar un aborto terapéutico a fin de salvar la vida de una madre, o en el caso de una mal formación genética de un feto, o de un repudiable hecho de violación de una mujer. Lo mismo ocurre en el caso de los notarios, quienes están obligados por sentencia constitucional a dar fe del amor sincero que se profesan dos personas del mismo sexo. Negarse a ello, coloca a estos funcionarios públicos en los límites de una conducta antijurídica como lo es una falta disciplinaria o un prevaricato por omisión.

Los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagran para todos los servidores públicos: un deber general afirmativo relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; un deber general negativo referido a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas, y una obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le haya sido encomendado, deberes y obligaciones que constituyen un desarrollo de las normas constitucionales.

Edición N° 00356 – Semana del 21 al 27 de Junio de 2013
 
 
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