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Principio de oportunidad o principio de justicia

  Henrik López
  Profesor universitario
   
 

En los últimos meses el país ha sido testigo de escándalos, debates y cuestionamientos sobre la justicia y los órganos de control. Favorecimientos, decisiones amañadas, protección de privilegios, imposiciones ideológicas, oscuridad, oscurantismo, ineficacia, ineficiencia, indolencia, indiferencia, somnolencia, etcétera. La lista puede ser interminable y es lamentable que así sea, pues siembra dudas sobre el Estado de derecho y termina por legitimar a quienes consideran que las vías de hecho son el camino para resolver los problemas de la sociedad. Los funcionarios corruptos y los arbitrarios son cómplices, por decirlo de alguna manera, de los violentos. Lo son, sea por negligencia grave, al no comprender que sus acciones tienen ese efecto deslegitimador, o por indiferencia extrema, al no importarles las consecuencias previsibles de sus actos.

No era de extrañar que a esta serie de debates se sumara un cuestionamiento a la Comisión de Acusaciones. Desde hace años, inclusive antes del famoso proceso contra el ex presidente Samper, se ha considerado que ella, más que un órgano que realmente participa en la justicia, es uno que funge como mecanismo de obstrucción. Quizás sus actos tengan el principal efecto deslegitimador del Congreso de la República. Cuando la Comisión de Acusaciones se inhibe de investigar, se refuerza la idea de que, por tratarse de un órgano de conformación política, sus integrantes buscan proteger a los de la misma “calaña”, pues “al fin y al cabo, todos se tapan con la misma cobija”. Seguramente la Comisión de Acusaciones debe enfrentarse a toda clase de acusaciones carentes de todo fundamento y permanentemente se ven en la necesidad de archivar investigaciones. De hecho, tal como lo ha puesto de presente la Corte Constitucional, su función es de filtrar acusaciones y evitar que los procesos judiciales terminen por arruinar la actividad política, necesaria en una democracia.

Esto nos lleva a un dilema fundamental: ¿Cuánta política y cuanta justicia? ¿Cómo hacer el balance? ¿El principio de inmunidad implica que todo lo que hacen está únicamente marcado por la conveniencia política? ¿Acaso no existen situaciones límites en las cuales lo político debe ceder a la justicia? ¿Acaso no existen situaciones, la mayoría, en que lo conveniente es que se haga justicia? ¿Acaso la conveniencia política no debe ser la excepción frente a la justicia?

Los fueros, sean congresariales, de altos dignatarios, militares o sindicales, son de interpretación restrictiva. Tal debe ser, dado que son una excepción a la garantía de igualdad ante la ley y en la ley. Por lo mismo, únicamente pueden operar en relación con la realización del fin institucional de la garantía en el que consisten. Así, la garantía institucional del fuero parlamentario debe preservar la independencia del Congreso y la garantía institucional del fuero de altos dignatarios debe evitar que mediante vías judiciales se impida, obstaculice o fuerce la actividad de Magistrados, el Procurador, el Fiscal, el Presidente, etc. Así las cosas, cuando tal independencia o garantía de debido funcionamiento no está en peligro, el fuero debe dar paso a la actuación judicial propiamente dicha. En otras palabras, el fuero, aunque permanece en elementos formales; decae en su nivel de protección, pero no desaparece.

La decisión del Sr. fiscal Montealegre de denunciar penalmente al presidente de la Comisión de Acusaciones debido a que se decidió el archivo de las investigaciones penales en contra de tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, pone en tensión este modelo. Antes de seguir, cabe anotar que el Presidente de la Comisión ha señalado que no es cierto que hayan decidido archivar el caso y que el Sr. Fiscal se ha equivocado, pues se decidió el archivo de otro asunto.

Asumamos que el Sr. Fiscal tiene razón. Es decir, que efectivamente existían indicios serios de que los tres magistrados han incurrido en conductas delictivas relacionadas con el llamado “carrusel de las pensiones” y que efectivamente la Comisión de Acusaciones decidió el archivo de la investigación. En tal caso ¿cabe la acusación en contra del presidente de la Comisión de Acusaciones? ¿Es competente la Corte Suprema de Justicia para investigarlo y juzgarlo?

En principio, una lectura ligera de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la competencia de la Corte Suprema de Justicia y sobre el fuero parlamentario llevaría a que no hay competencia, pues la inviolabilidad parlamentaria es absoluta (tales fueron las palabras de la Corte Constitucional en la sentencia SU-062 de 2001). No obstante, la Corte Constitucional también dejó en claro que tal inviolabilidad tenía un límite: el balance entre conveniencia y justicia. En efecto, luego de explicar que la inviolabilidad parlamentaria busca preservar la independencia del Congreso y que en los procesos de investigación y acusación se mezclan dos actividades regidas por principios diversos (legalidad, la justicia y oportunidad, la política), advirtió que esta conjugación de factores justifica la inviolabilidad, por cuanto es posible que el Congreso se abstenga de formular acusación por razones de conveniencia, en aquellos casos en que la ponderación de bienes jurídicos constitucionales le permita concluir que resulta más benéfico para la estabilidad institucional una exoneración de responsabilidad, que un juicio de consecuencias imprevisibles.

De lo dicho por la Corte Constitucional se desprende que el riesgo de inestabilidad institucional es la única razón que justifica la prevalencia de la oportunidad o conveniencia sobre la legalidad. Y, si ello es así, también se deriva que si tal riesgo no existe, es obligatorio investigar, acusar y llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia. También implicaría que en caso de que tal riesgo no exista, el representante investigador abusa de su fuero y de su función al no investigar.

Visto así el asunto ¿qué riesgo para la estabilidad institucional se deriva de investigar a magistrados por el carrusel de las pensiones? A primera vista no parece existir vínculo entre uno y otro. Esto es, salvo en casos muy extraños, la corrupción no puede estar asociada a la estabilidad institucional. Pero, ¿podría tratarse éste de uno de esos casos extraños en que corrupción y estabilidad institucional están tan estrechamente vinculados que fuerzan a aplicar el principio de oportunidad?

Difícilmente este es así. No olvidemos que se investiga cómo supuestamente algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura favorecieron a ciertos funcionarios con nombramientos que les garantizan pensiones superiores. Esto en nada afecta la estabilidad institucional, ni puede dar lugar a consecuencias imprevisibles, salvo que se devele una trama de corrupción, dirigida a satisfacer intereses particulares. Es decir, quedaría al descubierto quiénes y cómo abjuraron de su deber de velar por el interés general y entendieron que la función pública era para satisfacer sus intereses personales, sea de favorecer el peculio ajeno o el propio.

Si las cosas son como se han asumido –existencia de evidencia contundente en contra de los magistrados investigados y decisión de inhibición o archivo del caso en la Comisión de Acusaciones-, es claro que la decisión del Fiscal General Montealegre debe ser celebrada. No sólo porque enfrenta un abuso de las funciones públicas, sino porque actúa conforme un principio caro al proceso constituyente de 1991, la lucha contra la corrupción. Cuestión que, por demás, parecen olvidar quienes desean un cambio constitucional o, ¿será precisamente por ello?

Con todo, este caso presenta la otra cara de la moneda. Según se ha conocido el Consejo Superior de la Judicatura ha decidido investigar a la fiscal que adelantó investigaciones sobre empleados de dicha corporación y supuestamente vinculados a la trama de corrupción. La decisión del Fiscal y del Consejo Superior de la Judicatura comparten un elemento y que es generador de un profundo malestar en la judicatura colombiana: el desconocimiento de la independencia judicial por vía de procesos penales o disciplinarios. ¡Claro que hay que llevar a juicio penal al juez corrupto y abusivo! ¡Viva la disciplina dentro de la función judicial! Pero, ello no puede traducirse en dirección de las decisiones judiciales por vía del terror.

La decisión del Fiscal, que cuestiona la decisión de un parlamentario ejerciendo funciones judiciales sui generis se justifica porque en el balance entre el principio de irresponsabilidad y el de justicia, dadas las circunstancias, se inclina por el segundo. Si fuera otro el caso, es decir, advertirse un riesgo para la estabilidad institucional, la actuación debería señalarse por menoscabar la independencia de estos jueces sui generis. Frente a la investigación que adelanta el Consejo Superior de la Judicatura la cosa no es tan clara. Por ahora, dada la desinformación, todo tiene un tufillo a abuso; al parecer no es más que un ejemplo del matoneo que los jueces sufren. Claro, como ocurre con toda forma de matoneo, las víctimas callan.

Finalmente, algo para el debate entre el Procurador y el Fiscal. El segundo señaló que los conceptos jurídicos del primero son del siglo XVIII. Pues bien, la decisión y las explicaciones dadas por Montealegre al presentar la denuncia contra el Presidente de la Comisión de Acusaciones ponen de presente la distancia entre uno y otro. Frente al absolutismo radical que ha mostrado Ordóñez en diversos temas, que termina concibiendo el derecho simplemente como un asunto de reglas, siguiendo el paradigma dura lex sed lex, el Fiscal ha abrazado la ponderación, donde el rige la advertencia summum ius summa iniuria.

Edición N° 00357 – Semana del 28 de Junio al 4 de Julio de 2013
 
 
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