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Tener el control absoluto del mercado:
la ilusión de todo capitalista

  Jaime Alberto Rendón Acevedo
  Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
   
 

Sé que resulta un tanto paradójico el título, cualquiera, y con razón, podría estarse preguntando a qué monopolios nos referimos en un contexto donde el Estado se ha convertido en regulador (aunque poco eficiente y eficaz) y el libre mercado es la garantía para evitar posiciones de poder. Lo cierto precisamente es lo contrario. Si bien el monopolio está definido como el control que hace del mercado un único productor y el oligopolio tiene la imprecisión de ser el control por varios (sin saberse cuántos) productores, el libre mercado se estructura a partir de la participación de muchos productores (sin saberse cuántos es muchos).

No es broma, algunos estudios microeconométricos, en especial dedicados al sector de los servicios públicos domiciliarios han llegado a la simpática conclusión que dos o tres productores en el mercado podrían actuar en condiciones de competencia perfecta, haciendo que el mercado determine precios y cantidades y no los productores mismos. Partamos o supongamos (como decimos en economía) que esto es cierto. Entonces sería de esperarse que la telefonía celular funcionara en libre mercado, que los servicios públicos domiciliarios compitieran abiertamente, en especial en la grandes ciudades, y que las grandes empresas, sean nacionales o extranjeras, no se burlaran del agente regulador, que cumplieran las normas y pagaran los impuestos sin accesos a grandes beneficios públicos como cualquier empresa, esas que con el 99% son las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Pero, no. En el país real, ese que esta por fuera de las doctrinas ortodoxas del libre mercado y del funcionamiento perfecto de este a partir de agentes que compiten y respetan las decisiones autónomas de los consumidores y del Estado como ente regulador, las condiciones distan bastante y, por el contrario las empresas, las grandes, obviamente, escalan posiciones en el mercado, compran a sus principales competidores, amenazan al Estado de irse del país y se burlan de las decisiones públicas como sucede actualmente con Claro y sus deudas con el Distrito, para mencionar solo una.

Esto, abiertamente, son posiciones de ejercicio de poder. Históricamente el país ha sabido de estos procesos. Las élites colombianas cerraron el mercado a la competencia externa solo para tener el control. Así siempre nos dijeron que Coltejer era el primer nombre en textiles aunque se producían telas con las maquinas pioneras del proceso de industrialización en la década de 1920-1930. La industria de gaseosas ha estado en manos de un par de productores que no permitieron (sin importar los métodos) la entrada de nuevos competidores de peso, por ejemplo se les restringió el uso del vidrio que obviamente controlaba uno de los potentados de las bebidas gaseosas. Estos a su vez no se involucraron en el negocio de las cervezas, en pactos de caballeros. Y así podrían mencionarse distintos casos que permiten dos conclusiones: las élites han usufructuado siempre las decisiones de las políticas públicas (el Estado al servicio de los conglomerados económicos) y la segunda es que el libre mercado solo le ha importado a los académicos y a los representantes de esas élites en el poder que con este discurso han creado la falsa idea de la competencia y la equidad en los mercados, cuando precisamente han posibilitado su control por unos pocos, siendo ahora claro que pueden ser dos , tres o cuatro, es inverosímil ya que todos tienen las mismas condiciones y ya han sacado una nueva frase: “es que todos competimos con los mismos parámetros, la diferencia está en el servicio al cliente”.

Tal vez se refieren al servicio de las llamadas caídas, de la desconexión inmediata ante el no pago de los servicios públicos, al costo elevado de estos y las ganancias exageradas de los operadores, en su mayoría en manos ya de empresas transnacionales. Del mal servicio del transporte público, de las verdaderas mafias en algunos sectores como en el transporte, en las obras civiles o el propio sistema financiero, donde los clientes no tienen la razón sino que imploran servicios a los que pueden acceder con pagos que en otros países no existen. Y todo esto tras gozar de grandes beneficios tributarios, de tener estabilidad jurídica a la que han podido acceder solo quienes dispongan de una inversión mínima de un millón de dólares.

De esta manera se realizó la subasta del sistema de Internet móvil de alta velocidad (4G) y al país se le anuncia con bombos y platillos ganancias por $770.530.882.800 pesos más entrega de 556.374 tabletas a los colegios. Se garantiza con esto la atención a 1173 cabeceras municipales para facilitarles cobertura de Internet. De entrada esto está bien, es muy importante para el país acceder a nuevas tecnologías y posibilitar entrar a la red de regiones apartadas y no conectadas.

La adjudicación se hizo a cinco empresas ya existentes en el mercado y se dijo que la única que quería entrar a competir (Tvazteca) no logró asignación por inexperiencia en la subasta. Pero además se garantiza la presencia fuerte de Claro (el señor Slim es competencia directa de Tvazteca) y aunque se diga que se logró restarle poder, lo cierto es que una porción 62.4% es una señal clara de su poder. Si se tiene en cuenta que Telefónica cubre el 24.7% del mercado, se tiene que entre la compañía mexicana y la española controlan el 87.1%. Obviamente esto no puede ser libre mercado. Y con razón Claro se resiste a pagar los 134 mil millones que un tribunal le obligó a devolverle a la Empresa de teléfonos de Bogotá. No se nos haga raro que sea el Estado, los colombianos, quienes terminemos por asumir esta obligación.

Una legislación a favor de las grandes empresas, un mercado que siempre ha sido para las élites, que solo cuando fueron capaces de hacer alianzas con el capital transnacional permitieron que se comenzara a abrir la economía. Una política económica al servicio de los intereses de la inversión extranjera o de los conglomerados financieros del país. Es solo el escenario donde se le ha garantizado al gran capital el control del mercado interno con todos los beneficios de las políticas públicas. No sé con qué cara hablan de mercado, de libertad y de justicia, cuando lo único que les importa es tener el control absoluto, aun por encima las preferencias del consumidor o incluso de las decisiones de los tribunales: ¿y aún todavía se duda que lo único que les interesa es el monopolio?

Edición N° 00357 – Semana del 28 de Junio al 4 de Julio de 2013
 
 
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